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| 7/25/2011 12:00:00 AM

"Cortar lazos entre políticos y criminales, principal reto de las elecciones": ICG

International Crisis Group sostiene que el principal obstáculo para la resolución del conflicto colombiano es la relación entre políticos y actores criminales. Sugieren a partidos políticos no dar avales a familiares de vinculados con la 'parapolítica'.

En el estudio, titulado “Cortando los lazos entre el crimen y la política: elecciones locales en Colombia”, la ONG International Crisis Group (ICG) advierte que los comicios de octubre son una oportunidad para que los grupos armados ilegales consoliden y expandan su poder en las regiones.
 
“Las relaciones entre políticos y actores armados ilegales han sido impulsadas por la oportunidad, la estrategia y la capacidad militar”, dice el informe. Y aunque plantea que el gobierno nacional parece más dispuesto y mejor preparado para enfrentar la situación que en el pasado, recuerda que los desafíos todavía son muy grandes.
 
“Las elecciones del 2011 serán la primera oportunidad real de las bacrim, de rápida evolución, para distorsionar la política local”, subraya ICG. La razón, según el estudio, es que las bacrim se están convirtiendo rápidamente en organizaciones criminales cada vez más grandes y robustas.
 
En el informe, ICG también sostiene que los ataques contra los candidatos hacen pensar que las FARC, aunque debilitadas, quieren demostrar que no son “una fuerza muerta”. Por esto, las elecciones serán “la primera prueba” para ver cómo se comportan las instituciones democráticas bajo el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
Otro reto que plantea el informe es la instrumentación de la Ley de Víctimas y la restitución de tierras. Para explicar su dificultad, pone como ejemplo el asesinato de varios líderes de víctimas que han luchado por la devolución de sus predios. “La Ley de Víctimas de Santos enfrentará una fuerte batalla contra los que quieren mantener el status quo”.
 
Para ICG, el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por mejorar la situación. Reconoce que los índices de impunidad han bajado y sostiene que la aprobación de la Reforma Política es un paso importante para blindar las elecciones regionales.
 
Sin embargo, asegura que el hecho de que la Reforma haya sido aprobada tan solo cuatro meses antes de las elecciones genera mucha expectativa. “Su impacto se verá más a largo que a corto plazo”.
 
Por lo pronto, la ONG hace varias recomendaciones al Gobierno, a los partidos políticos, al Consejo Nacional Electoral, a los organismos de control y a los candidatos, para evitar que las próximas elecciones sean una oportunidad para que los actores armados ilegales aumenten su poder en las regiones.
 
Según ICG, el Gobierno tiene el reto inmediato de garantizar las condiciones para unas elecciones libres, justas y competitivas, pero además debe esforzarse para proteger a los gobiernos locales de la influencia de grupos armados a largo plazo.
 
El Consejo Nacional Electoral se debe fortalecer y volver más independiente, y el Congreso tiene que actualizar y simplificar las diversas leyes electorales. Los partidos políticos, por su parte, tienen que establecer estructuras internas más fuertes.
 
Dentro de las recomendaciones para los partidos políticos también se encuentra la de estudiar rigurosamente a los posibles candidatos antes de aceptarlos, y rechazar a todos los que tengan un pasado cuestionable, incluidos aquellos que son familiares cercanos de los políticos que tienen nexos con los paramilitares o con actores armados ilegales.
 
Al Gobierno, además, le recomienda invitar una misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para garantizar el escrutinio internacional, tanto en la etapa preelectoral como en la poselectoral.
 
Para que todas estas medidas tengan un impacto verdadero, será indispensable que los gobiernos locales tengan la capacidad institucional para garantizar la democracia. El informe de ICG es muy claro al afirmar que gracias a las investigaciones que se han adelantado contra los políticos que tenían nexos con los grupos armados, las condiciones han cambiado respecto de las elecciones del 2007.

Sin embargo, también es claro al asegurar que para los próximos comicios hay una gran incertidumbre sobre el papel que podrían jugar las bandas criminales. De las medidas que tomen el Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y los entes de control dependerá el futuro de la política regional en Colombia.

“Un fracaso al acabar las agendas a corto y a largo plazo expondría a muchas regiones de Colombia a prolongar un mal gobierno y un violento conflicto”, concluye el informe.
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