Corzo, un conservador que aceptaría la legalización de la droga

Cuando el presidente Álvaro Uribe, en una de sus últimas decisiones de gobierno, impulsó en el Congreso una reforma constitucional para sancionar el consumo de la dosis mínima, tuvo entre sus principales aliados al Partido Conservador.

Más que por cuestiones políticas, pues ese proyecto buscaba contrarrestar los efectos de una sentencia previa del magistrado Carlos Gaviria (contradictor de Uribe en la campaña presidencial de 2006), los conservadores lo hacían por cuestiones ideológicas.
 
Abanderados del orden, los conservadores siempre han defendido que el modelo para combatir el narcotráfico es una lucha frontal contra el crimen que lo rodea, la persecución al cultivo, y lógicamente la prohibición del consumo.

Por eso, sorprende que uno de los abanderados de la ideología conservadora, cuyas posiciones, “radicales” para muchos en temas controversiales, como el aborto o el matrimonio gay por ejemplo, admita escenarios más liberales.

Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, es ese conservador. Quizás, uno de los primeros en contemplar el escenario de la legalización como nuevo modelo en la lucha contra las drogas.

“Sé que mi planteamiento lo podrán calificar de ‘anticonservador’”, admitió antes de tomar partido en un debate que, recientemente, lo ha planteado el propio presidente Juan Manuel Santos. “Pero la legalización es un buen camino”.

Eso sí, Corzo mantiene el mismo planteamiento en el debate. Que la discusión no sólo debe ser desde Colombia, como país productor, sino que la decisión en torno a la legalización o la prohibición debe producirse “en un pleno consenso internacional”.

El modelo con el que ahora se identificó Corzo (quien en 2009 votó a favor de la sanción de la dosis mínima, con el argumento que la legalización va en contra de las políticas gubernamentales de la lucha contra el narcotráfico), es el de atender el consumo de droga como un problema de salud pública. “(Los adictos) deben ser tratados como enfermos, rehabilitarlos”.

Corzo admite que la política prohibicionista ha “reventado por la delincuencia” al país. Por eso dice que hay que revisar el modelo porque, a su juicio, “el narcotráfico y la delincuencia están tocando la sociedad colombiana, a la estabilidad de las familias y de la economía”.

Si ha habido un sector muy reacio al escenario de la legalización ha sido el representado por el Conservatismo.
 
El pasado enero, cuando el presidente Santos planteó la legalización siempre que haya un consenso internacional, el vocero del Partido Conservador en el Senado, Fernando Tamayo, reafirmó la postura ideológica al señalar que la legalización lo único que genera es el aumento del consumo.

Y la tesis conservadora no sólo se ha defendido en el campo de la lucha contra el narcotráfico, también en el aspecto de las libertades individuales.

Hace un año fue controvertido el concepto del procurador general Alejandro Ordóñez, precisamente, sobre la reforma constitucional impulsada por el presidente Uribe y que reestableció la prohibición de la dosis mínima.

Para el procurador, según ese concepto, “la prohibición del porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, salvo prescripción médica, no es restrictivo del derecho fundamental de la libertad y la autonomía personal y, por el contrario, su texto se ajusta a la Constitución Política”.

En aquel concepto, el procurador también citó los instrumentos internacionales que comprometen a los Estados en la lucha contra el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes.

Aunque hay consenso en que un debate de esta naturaleza tiene que ser internacional, el Partido Conservador está a un mes de realizar su Congreso Nacional, una instancia donde se adoptan decisiones de carácter institucional, incluidas las de las posturas ideológicas. Corzo, aunque no se auto postuló para promover ese debate interno, no descarta que allí se discuta el tema.