Cuenta regresiva en el Congreso

“El Congreso está quedando en deuda con él mismo, con la ciudadanía y con el gobierno”, de esta manera, Juan Felipe Cardona, investigador de Congreso Visible, calificó la actividad del Legislativo en este período debido a su retraso para cumplir con el debate de todos los proyectos.

Con el retraso de la agenda legislativa en el Congreso, el más perjudicado es el propio Gobierno que en este período radicó 22 proyectos, y pese a contar con una mayoría aplastadora ve cómo pasa el tiempo y sus iniciativas están estancadas. A partir de esta semana comienza el conteo regresivo de la agenda del Congreso: cinco semanas para evacuar la cantidad de iniciativas que cursan en las dos cámaras. Se avecinan, probablemente, días de sesiones extraordinarias y decisiones apresuradas a punta de pupitrazos.

En esta legislatura, hasta el día de hoy hay radicadas 370 iniciativas. Sólo una de ellas fue aprobada que fue el presupuesto nacional. Otra, la Reforma a la Justicia, se hundió debido a la polémica que suscitó entre las Altas Cortes que argumentaron que no abordaba los temas de trascendencia para esta Rama del poder, como facilitar el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y agilizar los trámites, entre otros.

Un proyecto para proteger al país de los efectos de la crisis financiera mundial, la Ley de Víctimas para definir la reparación integral a quienes han padecido el conflicto y la Reforma Política para proteger la democracia de las mafias, son solo tres de los proyectos urgentes para el país que no se han discutido con seriedad ni premura.
“Desafortunadamente se repitió la historia de hace dos años cuando la reelección presidencial ocupó la atención del Congreso, y ni siquiera han sido capaces de abordarlo con seriedad”, dijo Cardona.

El retraso de la agenda se debe al disgusto de algunos congresistas con la posibilidad de una nueva reelección presidencial, sobre la cual el presidente no ha definido su posición. Esta actitud de indecisión, aducen algunos congresistas, es la responsable del estancamiento de los proyectos en el Congreso. Para algunos la dilación es una estrategia que busca hundir la iniciativa del referendo reeleccionista, que fue radicado el pasado 10 de septiembre y que por tratarse de una iniciativa popular debía discutirse con urgencia, es decir al término de 30 días que ya se cumplieron.

Aunque hay una interpretación de la norma que plantea que el referendo se puede discutir como una ley normal, en cuatro debates, y así no queda amarrado a los 30 días de plazo. Sin embargo, será la Corte Constitucional, en caso de que el proyecto sea aprobado, la que deberá definir si el trámite contó con el debido proceso.

Para otros parlamentarios el retraso de los debates se trata de una negociación burocrática, en la que los congresistas están buscando sacar ‘tajada’ de eventuales negociaciones con el gobierno.

En este pulso que para algunos es político y para otros es burocrático, la dilación termina por sacrificar otros proyectos que serían benéficos para el país como la Ley de Víctimas que busca la protección y reparación integral de las víctimas del conflicto y al que solo le hacen falta dos debates.

Este Congreso, que por lo pronto está en deuda, tampoco ha abordado temas de importancia urgente como las estrategias para abordar la crisis económica que tiene alcance mundial.

Con preocupación sectores de la sociedad civil y algunos congresistas ven cómo se dejó de lado también una discusión en profundidad de la Reforma Política, iniciativa que nació con el fin de proteger las instituciones democráticas de los embates de las mafias. La pregunta por si el Congreso será capaz de auto reformarse quedará en vilo, por lo menos hasta el año entrante.

El enredo del referendo

El retraso de la agenda se debe al disgusto de algunos congresistas con la posibilidad de una nueva reelección presidencial. En la Cámara, por ejemplo fueron radicados tres proyectos que permitían al presidente Álvaro Uribe entrar en la contienda electoral una vez más: Dos en 2014 y uno en 2010, por la vía de referendo.

No obstante, los representantes a la Cámara sacaron de uno de estos proyectos, el de Reforma Política, el artículo que permitía esta posibilidad. Pero quedan en curso los otros dos proyectos.

El más polémico de todos es el de referendo, porque no solo la oposición ha mostrado su desacuerdo con una nueva reelección en 2010, sino que un partido que había sido fiel a los intereses del gobierno, Cambio Radical, ha expresado que no apoyará la posibilidad de una reelección sino hasta en 2014, como está expresado en la pregunta del referendo. El jefe de ese partido, Germán Vargas Lleras, aspira a ser presidente el próximo periodo.
Sin embargo, los promotores del referendo propusieron cambiar la pregunta para que el Presidente sí pueda aspirar a una reelección en 2010. Hay quienes aducen que esto es inconstitucional, que la gente que apoyó con sus firmas el referendo firmó para permitir que quien “haya ejercido por dos períodos”, el Primer Mandatario pueda volver a aspirar, pero que para cuando se inscriban las candidaturas, Uribe no habrá terminado de ejercer los dos períodos.

Hay quienes dicen por el contrario, que la gente que firmó la iniciativa, lo hizo porque quiere la reelección inmediata y que no se le puede vulnerar su derecho a que se consulte a los electores esta posibilidad.

El presidente Uribe ha optado por la estrategia del “acertijo” (como escribió uno de nuestros lectores), que es no decir con claridad cuál es su posición frente a la reelección, pero insistir en que es necesario perpetuar la política de seguridad democrática. La semana pasada dijo que no interferiría en el proceso, que éste era una iniciativa popular y que las instituciones encargadas son las que deben definir el futuro del referendo.