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| 5/26/2009 12:00:00 AM

Debate sobre posible ‘para-mico’ en la Reforma Política

Un artículo que reescribió la Cámara encendió la polémica: los liberales dicen que permite a paras condenados ser elegidos, y Petro propone una redacción que sólo excluya de la política a condenados por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad y contra el patrimonio público.

Los liberales le encontraron un nuevo reparo al criticado proyecto de Reforma Política que será discutido esta semana en la Comisión I del Senado, en su séptimo debate. Este martes el presidente del Partido Liberal, César Gaviria dijo que “el artículo 4 de la Reforma habilita a los jefes paramilitares para adquirir contratos de Estado, para ser elegidos en elección popular, y para ser funcionarios del Estado”.

El dirigente liberal se refería al cambio que sufrió la propuesta en su sexto debate en la plenaria de la Cámara. El artículo 122 del proyecto de Reforma Política como salió del Senado en primera vuelta decía que “no podrían ser funcionarios del Estado, ni celebrar contratos quienes hubieran sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos que afecten el patrimonio público o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o narcotráfico”.

Pero en la segunda vuelta en Cámara le agregaron la expresión: “exceptuando los delitos políticos o de procesos de paz anteriores o futuros pactados con el Gobierno”. Para Gaviria esto fue un mico que le sirve de patente de corso a ex jefes para militares que quieran participar en elecciones o contratar con el Estado.

A pesar de esta radical interpretación que hizo el ex Presidente, otra manera de interpretar lo que pasó fue que hubo una enmendadura de buena fe que salió mal. La Cámara de Representantes quiso cambiar el texto pues como estaba, sin la excepción, el proyecto inhabilitaba para participar en política a los ex guerrilleros que hicieron parte del proceso de paz de 1989 (entre los que están Antonio Navarro, gobernador de Nariño y Gustavo Petro, senador y varios funcionarios del gobierno, entre ellos el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos Carlos Franco que era del EPL).

Así lo había explicado el representante David Luna en su momento.

Pero según los liberales, la excepción fue mucho más lejos de lo que se necesitaba para subsanar el error.

“Si hubieran dejado que ‘no podrían ser funcionarios del Estado, ni celebrar contratos quienes hubieran sido condenados, por delitos que afecten el patrimonio público o por delitos relacionados por la pertenencia o promoción de grupos ilegales exceptuando los delitos políticos”, hubiera quedado bien el artículo” explicó el senador liberal, Juan Fernando Cristo.

Pero al incluir a quienes hayan participado en ‘procesos de paz anteriores o futuros’, hay un mico grandísimo, dijo, pues con esta ambigüedad se pueden colar ex paramilitares que resulten condenados en el proceso de Justicia y Paz, aún por delitos de lesa humanidad.

Para el senador Petro, la mala fe estaba en el texto anterior que pretendía sacarlos a los de su partido de la política y de la función pública. El senador del Polo explicó que en su ponencia propondrá que no se le permita ser funcionario público a quien haya cometido delitos contra el patrimonio público, como lo contempla la iniciativa. En la parte que se refiere a los ex integrantes de grupos ilegales, pedirá que no se le permita ser funcionario del Estado ni contratista a los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. “Así se cierra la posibilidad de consagrar una patente de corso a los jefes paramilitares, pero no se cierra la posibilidad de un proceso de paz en el futuro”, dijo.

Por cuenta del cambio de este artículo, el proyecto se presta para una puja y entre gobierno y oposición, el primero que defiende la Reforma y la segunda que la quiere hundir a toda costa.

Para los opositores la reforma política es en el mejor de los casos, inocua, pues no sanciona a los partidos políticos que avalaron candidatos relacionados con los grupos ilegales, y además ha servido como arbolito para colgarle varios micos. Para el gobierno es una Reforma necesaria para blindar las instituciones del Estado de nuevas ofensivas de mafias o grupos armados ilegales.



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