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| 6/5/2012 12:00:00 AM

‘Delicados ajustes’ al marco para la paz

Con precisión quirúrgica, Gobierno y partidos políticos ajustaron los alcances de la reforma que podría poner fin al conflicto, pero cerrándoles las puertas a las ‘bacrim’, el narcotráfico y hasta a la excarcelación de servidores públicos, o evitando que termine siendo una “puerta de impunidad”. Texto, a último debate.

Con casi todas las curules ocupadas, presencia de los ministros y viceministros del Interior y de la cartera de Justicia, y un nutrido grupo de asistentes jurídicos de los parlamentarios y del propio Gobierno, la Comisión Primera del Senado protagonizó una de sus más intensas jornadas: en cinco horas, y tras agitadas y muy técnicas intervenciones, se acordaron “puntuales ajustes” al llamado marco legal para la paz.

Un proyecto que, aunque tiene sólo dos artículos, fue sometido a una revisión con lupa para que cada término, cada palabra, cada coma no permitieran “interpretaciones más amplias” de los alcances que contempla esta reforma, tramitada con el propósito de ofrecerles justicia transicional a los alzados en armas, para poder ponerle punto final a más de 60 años de conflicto armado.

En otras palabras, los ‘ajustes quirúrgicos’ que se le hicieron al proyecto no tenían más objetivo que acoger las recomendaciones, o dejar contentos, según se mire, a quienes han coincidido en ser los mayores críticos del marco para la paz: Álvaro Uribe y José Miguel Vivanco.

No en vano el autor del proyecto, Roy Barreras (La U), se reunió la semana pasada con el expresidente en Bogotá y posteriormente con el director de la influyente Human Rights Watch en Washington.

Reuniones en las que escuchó las observaciones de Uribe, en el sentido de que no quedaran impunes los delitos de las FARC y el ELN, que sus cabecillas no tuvieran chance de vocería política y que los agentes del Estado no fueran equiparados con “terroristas”; y las de Vivanco, alertando que en la reforma se podrían beneficiar bandas criminales, servidores públicos condenados por nexos con paramilitares, que los ‘falsos positivos’ quedaran en la impunidad, así como que se suspendiese la acción penal y la investigación por graves delitos de lesa humanidad.

Con ese diagnóstico, senadores, ministros y asesores de uno y otro lado procedieron a practicar la cirugía del marco para la paz, que estableció que a los instrumentos de justicia transicional sólo podrán acogerse los actores ilegales y los agentes del Estado, siempre y cuando sus acciones hayan estado enmarcadas en el conflicto armado interno. 

El 'portazo' a funcionarios distintos a los militares

El primero en tratar de hacer ajustes milimétricos a la redacción fue el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Propuso cambiar las referencias que hacía el texto a los “agentes del Estado” por la de “servidores públicos”. Su argumento fue que la Constitución del 91 no menciona a los militares como “agentes del Estado”, sino “servidores públicos”, y que se debía conservar ese término para no generar “desajustes” con el resto de la Carta política.

Pero la propuesta, de inmediato, dio para muchas interpretaciones. Si el marco para la paz incluía a servidores públicos, se beneficiarían funcionarios condenados a penas superiores a los 30 años por nexos con los paramilitares, como por ejemplo, Jorge Noguera (exdirector del DAS) y el excónsul y exgobernador de Sucre Salvador Arana, por mencionar los casos que le mencionó Vivanco a Barreras en la reunión que sostuvieron en Washington.

Por eso, los ponentes convencieron al ministro de que cambiar la expresión “agentes del Estado” traería más de un inconveniente. El ministro retiró la propuesta.
Y para despejar los demás temores, al primer párrafo del proyecto de reforma se estableció que mediante una ley posterior se autorizarán los instrumentos de justicia transicional, y con tratamiento diferenciado, “también para los agentes del Estado, en relación con su participación en el conflicto".

Como los delitos de los servidores públicos mencionados por Vivanco son, en su mayoría, por concierto para, quedan excluidos porque no tienen ninguna relación con el conflicto armado, según explicó Barreras.

El portazo a las Bacrim

Voces desde distintos sectores habían alertado de posibles interpretaciones del proyecto que pudieran beneficiar a los miembros de las bandas criminales. El argumento de los ponentes de que miembros de estas bandas estaban automáticamente excluidos porque no son considerados “grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno”, no fue suficiente.

Se tuvo que incluir en uno de los parágrafos del texto que “en ningún caso se podrán aplicar instrumentos de justicia transicional a grupos armados al margen de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni a cualquier miembro de un grupo armado que una vez desmovilizado siga delinquiendo”.

Cerradura contra la impunidad

Tanto Uribe como Vivanco habían coincidido en que el proyecto, al establecer casos de priorización de la investigación de casos, y la selección de los desmovilizados a beneficiarse de la justicia transicional, podría dejar en la impunidad algunas acciones perpetradas por los ilegales y los agentes del Estado, en contra de la población civil.

La coincidencia fue tan evidente, que el senador Juan Carlos Vélez Uribe (La U), quien expuso en el debate las observaciones del expresidente, utilizó como argumento de sus tesis una de las cartas que Vivanco les mandó al Congreso y al Gobierno para advertir que el marco para la paz pondría a Colombia en jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pues al haber suscrito el Tratado de Roma, ningún delito del conflicto puede quedar exento de investigación ni sanción.

Los ponentes tuvieron que buscar las palabras precisas e incluirlas para dejar consignado que en el momento de la selección de los desmovilizados a beneficiar y a la hora de dar prioridad a los casos a investigar, no habrá espacio para que ningún delito atroz quede excluido.

En consecuencia, se estableció que el Congreso, y por iniciativa del Gobierno, podrá mediante una ley posterior a la reforma, determinar criterios de selección que permitan centras los esfuerzos en la investigación penal de los “máximos responsables” de “todos los delitos” que adquieran connotación de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, o genocidio.

Barreras aclaró que la expresión “máximos responsables” no hace referencia a la “jerarquía militar” de las organizaciones ilegales, sino a cualquier guerrillero raso que haya perpetrado el delito. Y al incluir “todos los delitos”, se establece que ninguno quedará exento de investigación. Así se aprobó.

Polo y liberales “enriquecen” el proyecto

Quizás aprovechando la confusión, los senadores del Polo y del Partido Liberal se la jugaron por incluirle dos condiciones añadidas al marco para la paz. Ambas trascendentes y que no se ocupan de los actores armados, sino que pretenden anticipar el posconflicto, según el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda.

Precisamente el Polo promovió que, de ponerse fin al conflicto, parte de los recursos del Ministerio de Defensa, especialmente los concernientes al gasto militar, sean trasladados de forma inmediata para la inversión social en las regiones más afectadas por el conflicto.
Una propuesta que acogieron los ponentes y el Gobierno, que fue aprobada casi a última hora, pero que sirvió para que, por primera vez en siete debates, los congresistas del Polo no salvaran su voto en esta reforma y decidieran respaldarla.

Mientras el senador Juan Fernando Cristo (P. Liberal) consiguió que el marco para la paz también incluyera la disposición de que, una vez terminado el conflicto, se podrá crear una comisión de la verdad, que sería un mecanismo extrajudicial, que permitiría avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

Vocería política, el último debate

Aunque la atención mediática la concentraba la forma como se definiría el escenario de vocería política y elegibilidad para los miembros de las organizaciones ilegales, la Comisión Primera decidió revivir la posibilidad de que quienes abandonen las armas y no hayan tenido responsabilidad en delitos de lesa humanidad, puedan tener un eventual escenario de participación en política. 
 
La fórmula, que estuvo ausente en los seis debates que antecedieron y que deberá ser ratificada en la plenaria del Senado, establece que una ley estatutaria, posterior a la aprobación del marco para la paz, "regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la participación en política".

Fue así como después de tachones, enmiendas, nuevas redacciones, el marco para la paz, el proyecto reclamado por el Gobierno para ofrecer un escenario de desmovilización, superó quizás una de las instancias más determinantes y con un amplio consenso: 13 senadores respaldaron el proyecto y uno se opuso: el senador Juan Carlos Vélez (la U).
 
Juan Fernando Cristo prefirió destacar que este proyecto pasó de ser una iniciativa de la coalición de gobierno a ser “una realidad de la Unidad Nacional con el apoyo del Polo Democrático”.

Pero todos no fueron tan optimistas. El veterano senador conservador Roberto Gerlein gastó más de media hora para relatar uno a uno los numerosos acuerdos de paz que ha habido en Colombia desde las épocas de Bolívar y Santander, en un relato tan detallado, como si se hubiese tratado de un testigo presencial.

Todo para afirmar que por más proyectos de esta naturaleza, en el país siempre existirá la violencia si no se enfrentan sus verdaderas causas.

Por eso, citando al asesinado Álvaro Gómez Hurtado, dijo que si este proyecto es tan reclamado por el Gobierno, “pues entreguémoselo, así todos sepamos que no servirá para nada”.


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