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Santiago Castro es un economista y polítólogo del Valle del Cauca. Desde hace 15 años ocupa un escaño en el Congreso. | Foto: Juan Carlos Sierra

ENTREVISTA

“Detrás de este proyecto se mueven demasiados intereses”

Santiago Castro, representante conservador, señaló como responsable a Germán Varón, presidente de la Cámara, de haber hundido el proyecto de Ley que buscaba proteger el recaudo de impuestos de los intereses de particulares.

César Paredes, periodista de Semana.com
7 de mayo de 2009

El proyecto de Ley que buscaba prohibir que las administraciones locales entregaran a empresas privadas la administración de los tributos fue archivado por segunda vez en el Congreso.

La decisión fue tomada este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes, después que los contradictores de la propuesta argumentaran que se le había incluido un parágrafo que no había sido discutido en la Cámara. El parágrafo hacía la salvedad que  el proyecto de Ley no prohibía las concesiones a terceros para desarollar proyectos de infraestructura vial y de servicios públicos.

Por este motivo el proyecto fue archivado, a pesar de que ya había cursado sus cuatro debates. Así las cosas, los impuestos en ciudades como Cali y Barranquilla - donde el manejo por parte de empresas privadas ha estado salpicado por denuncias de corrupción, sobrecostos, ineficiencia y mal manejo de información privada- podrán seguir siendo cobrados por empresas concesionarias particulares.

Los detractores de este modelo, entre ellos los artífices de la ley, consideran que el recaudo de dineros públicos es una función inalienable del Estado.

Semana.com habló con el representante conservador Santiago Castro, quien fue el arquitecto de la iniciativa. El representante caleño explicó cuál era el alcance de la propuesta y por qué se ha hundido dos veces. También se fue lanza en ristre contra el Presidente de la Cámara, Germán Varón (de Cambio Radical), a quien acusó de ser el principal responsable del que el proyecto se hundiera.

Semana.com: ¿Cuál era el alcance de este proyecto?

S.C.: Lo que busca es impedir que los entes territoriales deleguen a cualquier título la administración de los tributos a terceros. Eso quiere decir que pretende evitar que vuelva a pasar  lo que pasó en las ciudades de Barranquilla y Cali, donde se entregó toda la gestión tributaria  durante los próximos 15 años con unos contratos absolutamente leoninos.  

Eso es como decirle a la nación que vamos a privatizar la DIAN y que vamos a entregar sus funciones en concesión a una empresa privada y que va a recibir una comisión por el recaudo que haga de los impuestos.   

Semana.com: ¿Cúal era la importancia de aprobar un proyecto como este?

S.C.: Yo he sido amigo del sector privado y lo he apoyado hasta donde le corresponde. Pero hay funciones del Estado que no se pueden delegar. Hemos tenido todos los inconvenientes de parte de muchas personas que quieren hundirlo. Este es el proyecto maldito, porque muchos intereses se mueven alrededor de él.

Semana.com: ¿Cuáles intereses están detrás?

S.C.: Detrás de este tipo de concesiones hay mucha plata. Solamente en Cali las comisiones de estas empresas pueden llegar a los 500 mil millones.

En Barranquilla, lo que está en juego dependiendo del fallo de una demanda que interpuso una concesionaria contra el Alcalde Alex Char por que les quitó el contrato son cientos de miles de millones.

Estas empresas no están detrás de una  tajada, sino del ponqué entero de las administraciones municipales. Ese sería el peor camino que podían tomar los municipios colombianos.

Semana.com: ¿Cuánto hace que debería estar aprobado este proyecto?

S.C.: Hace mucho rato. Esta es la segunda vez que lo proponemos y es la segunda vez que se hunde. La primera vez lo dejaron vencer por términos de tiempo. Eso quiere decir que no se programó para debatirlo en el tiempo reglamentario. Ahora lo hundieron en su último paso.

Semana.com: El argumento para hundirlo fue la inclusión que hizo el Senado de un parágrafo. ¿Qué implicaciones tenía ese parágrafo?

S.C.: Ninguno. Ese parágrafo fue una disculpa para hundirlo. Lo único que decía es que “los contratos de concesión de infraestructura vial o los de servicios públicos no son objeto de la presente Ley”.

Eso quiere decir que el proyecto no toca estas concesiones ni para bien ni para mal. Los opositores de la iniciativa dijeron que este proyecto habilitaba las concesiones o validaba los alumbrados públicos. Eso no lo dice, esa fue una disculpa para no aprobar el proyecto.

Semana.com: Dentro de lo que ustedes investigaron, ¿cuál hubiera sido el impacto del proyecto en términos económicos?

S.C.: Que los municipios que tienen este tipo de contratos podían ahorrarse un billón de pesos en comisiones en los próximos años. Eso en la parte financiera. Lo otro es que no queremos que el municipio pierda su fuero para cobrar los impuestos. En Barranquilla, cuando le quitaron los contratos a las concesionarias, fue un problema recuperar las bases de datos de los contribuyentes. Es que no solo se está entregando dineros públicos sino información personal. Esto es muy grave.

Semana.com: ¿Cuántas ciudades en Colombia están entregando la administración de la gestión tributaria a terceros?

S.C.: Son diez. Pero las joyas de la corona son Cali y Barranquilla.  

Semana.com: ¿Quíenes son los empresarios?

S.C: No los conozco, pero son los mismos que se asocian en empresas concesionarias creadas únicamente con el fin de tener la administración de los tributos. En Cali y en Barranquilla, por ejemplo hay accionistas que son los mismos.

Semana.com: ¿Qué van a hacer?

S.C.: Tenemos diferentes opciones. Una es apelar la decisión y la otra presentar nuevamente el proyecto. Tenemos el apoyo de las comisiones económicas de Senado y Cámara. Afortunadamente ya tenemos identificados a los responsables de que se hundiera el proyecto.  

Semana.com: ¿Quiénes son?

S.C.: El principal es Germán Varón, el Presidente de la Cámara.

Semana.com: ¿Usted cree que hay intereses velados?

S.C.: No sé, sería válido preguntárselo.  

Semana.com: ¿Por qué él?

S.C.: Porque desde el principio, cuando nombró los ponentes nombró a cinco que en su mayoría estaban en contra de la redacción en Senado.  

En Cámara habíamos aprobado la prohibición de entregar la administración de los tributos a particulares. Pero en Senado se dieron cuenta que los municipios podían hacer una triangulación, porque podían entregar la administración de los tributos a una entidad de su dependencia descentralizada y esta sí podía entregarla a un tercero. Entonces el Senado corrigió, con razón, y cambió “particulares” por “terceros”, lo cual cierra completamente la posibilidad de triangulación y blinda el proyecto. Esto es lo que realmente no les gusta.  

Esta mañana nos enteramos con sorpresa que Germán Varón presentó un proyecto nuevo donde repite lo mismo, quita el parágrafo, pero volvió a cambiar terceros por particulares. Mientras esto se mantenga el proyecto no sirve para nada.