Duras penas para funcionarios que trafiquen o filtren información privilegiada

Serán sancionados, y con penas más elevadas, los servidores públicos que manejen información privilegiada y la filtren o trafiquen con ella. Así lo contempla el proyecto de ley que regula las labores de inteligencia y que este martes pasó el primer debate en la Cámara. Las penas irían de cuatro a ocho años de prisión.
 
"Los funcionarios han jurado cumplir la Constitución y la ley y si violan esos preceptos, tendrán que exponerse a todo el peso de la ley", consideró el ministro Rodrigo Rivera.
 
El representante Guillermo Rivera, del Partido Liberal, pidió incluir en ese nuevo artículo la labor de las ONG defensoras de derechos humanos, al advertir que también hacen un control ciudadano, y sus investigaciones, en buena parte, se concentran en información de inteligencia.
 
El ministro de Defensa aceptó estudiar el tema, que quedó excluido en la aprobación de este proyecto.

Otro de los temas que también serán discutidos por el Gobierno es el de los términos de la información clasificada. Según lo aprobado, la información de inteligencia gozará de reserva por 40 años y el presidente de la República tendrá la discrecionalidad de aumentar el término con una prórroga de 15 años.

Acogiendo los términos de reserva en otras naciones, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, propuso reducir el término de la reserva a 20 años y que la prórroga no supere 10 años.

El ministro del Interior insistió en que Colombia tiene una confrontación con las FARC que supera los 40 años, y por eso defendió los términos de la reserva. Sin embargo, se comprometió a estudiar “fórmulas alternativas”.

Pendiente de revisión también quedó la facultad de los organismos de inteligencia de hacer seguimientos legales de comunicaciones en espectros electromagnéticos generales.

En el Congreso consideraron que sería una vulneración del derecho a la intimidad de los ciudadanos sobre los que no hay orden legal de seguimiento y que puedan compartir dicho espectro electromagnético.

El proyecto fue aprobado por 22 representantes y solo dos votaron de forma negativa cuatro artículos. Fueron ellos el representante del Polo Germán Navas Telero y el representante liberal Rubén Darío Rodríguez, quien exigió un concepto previo de la Fiscalía sobre la conveniencia o no de elevar penas y crear nuevos tipos penales, como lo consagra este proyecto que superó su primer debate.

La labor periodística

En cuanto a la tarea periodística, se incluyó un artículo en el proyecto. En el mismo, se excluye a los profesionales de ese campo y a los medios de comunicación de los alcances de la ley de inteligencia.

El artículo indica que el mandato de la reserva no vincula a periodistas ni medios de comunicación siempre y cuando ejerzan lícitamente la función informativa. De esta manera, la primera de las controversias que generó este proyecto quedó formalmente superada.