El acuerdo que permitió la aprobación de la reforma a la justicia

Eran las 2 de la mañana de este jueves 6 de octubre. La Comisión Primera del Senado, en una de sus más intensas sesiones de la época reciente, aprobaba con absoluta mayoría el que ha sido llamado el proyecto bandera del Gobierno en la presente legislatura: la reforma a la justicia.
 
Para el Gobierno, el primer paso que superó el proyecto se produjo gracias a un consenso que el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó de “histórico”. Se trató de un acuerdo entre los altos representantes de los tres poderes del Estado en el que decidieron aprobar los puntos de pleno acuerdo y seguir discutiendo aquellos donde el consenso parece lejano.
 
Aunque muchos advertían que el Gobierno haría valer las mayorías con las que cuenta en el Senado, el primer debate no fue impuesto por los partidos políticos. Las opiniones de las altas cortes fueron respetadas y discutidas. Por eso, Luis Fernando Velasco (P. Liberal), presidente de la Comisión Primera del Senado, aseguró que el debate “brindó todas las garantías”.
 
El acuerdo permitió dar vía libre a 31 artículos que reformarán la Constitución. Entre ellos se les otorgarán funciones jurisdiccionales a funcionarios administrativos como los notarios, con el objetivo de descongestionar los despachos judiciales. Sin embargo, estos no podrán recabar pruebas, ni fallar en procesos penales o de lo contencioso administrativo.
 
También se le dio el visto bueno a la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la cual sería reemplazada por una especie de corte especial, pero en materia disciplinaria establece que las altas cortes, entre sí, serán quienes disciplinen a los magistrados.
 
También se acordó ampliar la edad de retiro forzoso de los magistrados de las altas cortes de 65 a 70 años y se volverá al sistema de cooptación para elegir a los integrantes de estos tribunales.
 
De igual forma se acordó que el presupuesto de la rama judicial, y por rango constitucional, será del 3 por ciento del presupuesto general de la Nación.
 
En este punto, el Consejo de Estado exigía que fuera mínimo el 5 por ciento del presupuesto, mientras que el Gobierno defendía la tesis que los problemas de la administración de justicia no pasaban por el tema presupuestal.
 
Las dos posturas se flexibilizaron y encontraron el punto de encuentro en el 3 por ciento del presupuesto.
 
En lo que aún no hay consenso es en el tema de la reglamentación de la tutela. De momento sería la Corte Constitucional el tribunal de cierre.
 
Fuero militar, intenso debate
 
Si el debate se preveía álgido, más aún lo fue por cuenta de la propuesta del Gobierno de fortalecer el fuero militar a través de este proyecto.
 
En el primer debate, y por iniciativa del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se acordó incluir un artículo que establezca la presunción, en todos los casos, de que los delitos de militares y policías obedecen a actos de servicio. En consecuencia, deberán ser competencia de la justicia penal militar salvo en los casos de delitos de lesa humanidad, genocidio, tortura y desaparición forzada. Este tema, que apareció a última hora, ocupó la mayor parte de las discusiones.
 
Aunque terminó por ser aprobado el proyecto, tuvo que ser necesaria la intervención del presidente Juan Manuel Santos.
 
A las 7 de la noche se decretó un receso en el debate. Los senadores ponentes, los magistrados de las altas cortes y los ministros de Interior y de Justicia, adelantaron una cumbre con Santos. Allí se produjo el acuerdo.
 
Sin embargo, hubo asuntos que por poco dilatan más la discusión. Como aquella proposición que se aprobó por mayoría y que le otorgaría la facultad al presidente de la República de conceder indultos.
 
Como la reforma a la justicia se concentra en la descongestión y el fácil acceso de los ciudadanos, el Gobierno se percató de que esa proposición podría generar una polémica nacional. El ministro del Interior consiguió eliminar esa proposición. “El Gobierno no la necesita (la facultad de otorgar indultos) y podría ser un mensaje equivocado”.
 
La discusión del proyecto apenas comienza. Aún faltan siete debates, tres de ellos se deberán surtir antes del 16 de diciembre.