Viernes, 29 de agosto de 2014

| 2011/05/11 00:00

El acuerdo político de la ley de víctimas

Desde el título de la ley se hace reconocimiento al conflicto armado interno. La U anuncia modificaciones en el debate, pese al respaldo expresado al presidente Santos. Liberales piden no alterar el texto de la ponencia.

Para el coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo, con la radicación de la ponencia para el último debate del proyecto de ley de víctimas comienza la recta final de una ley que calificó como “histórica”.
 
La ponencia contó con un nuevo acuerdo entre los partidos de la Unidad Nacional (La U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical) al que también se acogieron el PIN y el Partido Verde.
 
El Polo Democrático fue el único partido que se apartó del acuerdo. El senador Luis Carlos Avellaneda, quien oficiará como ponente a nombre de esa colectividad, les expresó a los ponentes de los demás partidos que él, a título personal, está de acuerdo con la ley, pero que las mayorías en el Polo quieren ajustar el texto, aunque nunca con el ánimo de pedir el archivo del proyecto.
 
Tras el nuevo acuerdo, el texto sufrió varias modificaciones. La mayoría proveniente de cinco senadores del Partido de La U.
 
Sin embargo, la modificación sustancial del texto, que será discutido en cuarto debate, es que desde el título el proyecto hace reconocimiento del conflicto armado interno.
 
Si es aprobada en este último debate, la ley tendrá una nueva denominación. Será la ley de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos con ocasión del conflicto armado interno.
 
Únicamente en la exposición de motivos, y no en el articulado del proyecto, se incluyó expresamente que el reconocimiento del conflicto no significa la concesión del estatus de beligerancia para ninguno de los actores armados ilegales.
 
También se establece que el conflicto armado interno es el marco que justifica las acciones militares contra esos grupos al margen de la ley por parte de la fuerza pública, quien ostenta el monopolio de las armas por parte del Estado.
 
Ese fue el debate alterno que ocupó la atención de la opinión pública en la última semana y que dilató el trámite del proyecto.
 
Un trámite que tuvo que ser ‘desempantanado’ por el propio presidente Juan Manuel Santos, quien le pidió a la bancada de su partido, La U, radicar cuanto antes la ponencia del proyecto.
 
El coordinador de ponentes, Juan Fernando Cristo, aunque resaltó la labor de La U en el diseño y la construcción del proyecto, pidió a los senadores de todos los partidos que el último debate no signifique “una feria de proposiciones” que pretendan “restringir los alcances de la ley y los derechos de las víctimas”.
 
Otra cosa piensa el ponente designado por el Partido de La U, Roy Barreras, quien afirmó que el respaldo unánime que le trasladaron al presidente Juan Manuel Santos para radicar la ponencia no significa que en el último debate se apruebe el texto sin radicar ninguna proposición que lo modifique.
 
“No estamos invitando a ninguna feria de proposiciones. Invitamos a la construcción de la mejor ley de víctimas. En la plenaria del Senado los 102 senadores podrán hacer proposiciones que mejoren la ley”, explicó Barreras.
 
El proyecto de ley cuenta con 208 artículos y empezará su discusión definitiva el próximo martes. La apuesta de los más optimistas, como el senador Cristo, es que el último debate se extienda por dos semanas. Lo que significaría que en los primeros días de junio se superarían los requisitos legislativos.
 
Sin embargo, por ser quizás el proyecto que más modificaciones ha tenido, el proyecto, en junio, tendrá que ser conciliado con la Cámara de Representantes, la misma instancia en la que esta iniciativa se hundió en junio del 2009 por expresa petición del gobierno de Álvaro Uribe, al no llegar a acuerdos sobre las víctimas de agentes del Estado.
 
Si los acuerdos políticos se mantienen, el presidente Juan Manuel Santos podría sancionar la ley en julio y su entrada en vigencia sería inmediata.

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