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| 10/18/2011 12:00:00 AM

"El Congreso debe dar el debate sobre la reelección presidencial": Corzo

El presidente del Congreso pide no descartar el proyecto del Polo Democrático que pretende eliminar la figura de la reelección presidencial. Advierte que no se debe personalizar la discusión en el presidente Juan Manuel Santos.

Este miércoles la Comisión Primera del Senado afrontará el proyecto del Polo Democrático que pretende eliminar la figura de la reelección presidencial. Una iniciativa que fue descartada por varios miembros de la ‘Unidad Nacional’ e incluso por funcionarios del Gobierno que han pedido “no cerrar la puerta” a que el presidente Juan Manuel Santos se pueda reelegir.
 
Sin embargo, el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo (P. Conservador), miembro de la mesa de Unidad Nacional, pide no descartar el proyecto y que no se archive (como está previsto) a “pupitrazo”.
 
Todo lo contrario. Le hace un llamado al Senado a que afronte el debate y evalúe si la reelección presidencial le sirve o no a la democracia colombiana.
 
Corzo, en diálogo con Semana.com, dijo que considera que el debate sobre la reelección presidencial es “necesario”, pero siempre y cuando se haga de manera institucional. “La discusión la han llevado al plano individual, si la reelección de Juan Manuel Santos es necesaria o no. El debate es otro. Si la figura de la reelección afecta el equilibrio de poderes de la democracia. Eso es lo que debe afrontar el Congreso”.
 
Todo porque uno de los autores del proyecto, el senador Alexánder López (segundo vicepresidente del Congreso), pidió al Gobierno, y concretamente al presidente Juan Manuel Santos, que defina si quiere o no la reelección. “Para saber a qué debemos atenernos”, dijo en su momento.
 
Esa afirmación motivó a que sectores de la coalición, especialmente del Partido Liberal, pidieran “no cambiar las reglas de juego”, como lo pronunció el senador Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera, escenario del primer debate del proyecto.
 
Incluso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fijó su posición personal al respecto, pero también la llevó hacia el plano individual: “No veo ninguna razón para coartar la posibilidad de que el presidente de la República se pueda reelegir. Tampoco veo la inconveniencia o la necesidad de que (el presidente) tenga que pronunciarse anticipadamente en materia de reelección”.
 
Por eso, el presidente del Senado insiste en que el debate debe ser frente a la figura reeleccionista en general, sin añadirle nombres propios. Y se atrevió a fijar su postura personal.
 
“Para mí, cuatro años no alcanzan para consolidar una obra de gobierno. Es saludable un gobierno de ocho años. O también pensar en la posibilidad de gobiernos de cinco o seis años, pero sin reelección”, dice Corzo, quien en el 2004 votó a favor de la reelección pero en el 2008 se opuso a una segunda reelección presidencial.
 
Los argumentos del Polo
 
El senador Parmenio Cuéllar, ponente del proyecto, justifica la iniciativa en la “imperiosa necesidad” de recuperar ese equilibrio entre poderes. “No nos inspira un propósito revanchista, ni de cerrada oposición, sino como una oportunidad de reflexión serena sobre la inconveniencia de mantener la reelección, tanto inmediata como mediata”.
 
Para Cuéllar, la reforma con la que se le dio vía libre a la reelección de Álvaro Uribe (2006) por primera vez permitió que un presidente postulara al Fiscal General pero en un período que coincidiera con su gobierno. En consecuencia, explica Cuéllar, el fiscal postulado por el presidente se ocupó de las investigaciones a los funcionarios de ese mismo gobierno. “Eso causó detrimento de la confianza del ciudadano en su justicia. Se perdió independencia”.
 
Otro de los argumentos que explica Cuéllar se concentra en la forma como el Consejo Superior de la Judicatura fue “absorbido” por el Gobierno. “El período presidencial de ocho años afectó la independencia que debía tener la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya que sus siete miembros se eligen por el Congreso de ternas enviadas por el Ejecutivo, por lo que se logró que se convirtiera en un botín más de la coalición de gobierno, con la obvia consecuencia de que la confección de listas para magistrados de la Corte Suprema y de consejeros de Estado estarían mediadas por la simpatía que los candidatos despertaban en el gobierno que postuló a los miembros de la Sala Disciplinaria; y el Defensor del Pueblo, cuyo papel protagónico en defensa de las personas es indiscutible, ha brillado por su ausencia al tener que controlar los abusos oficiales -que infortunadamente siempre se darán- frente al gobierno al que le debe el cargo”.
 
Para el Polo Democrático, la reelección presidencial también afectó la independencia del poder legislativo. Aseguran que el Congreso “tampoco escapó” a la deformación que producen los eventuales períodos presidenciales de ocho años. “Ni siquiera los legisladores afines al Gobierno pueden ejercer sus funciones con la necesaria independencia que exige la separación de poderes y la autonomía del Legislativo, pues la posibilidad de caer en desgracia frente a quien les ayuda burocráticamente limita su capacidad de actuar con independencia”.
 
Parmenio Cuéllar, ponente de la iniciativa, va más allá y califica la reelección presidencial inmediata como “la continuidad de la corrupción”.
 
“El mejor ejemplo de la veracidad de este argumento es, sin duda, lo que viene pasando con la llegada del gobierno del presidente Santos, donde se le ha dado continuidad a la política de seguridad democrática y a la confianza inversionista de su antecesor, pero están saliendo al descubierto todos los abusos del gobierno anterior”, señala en su ponencia.
 
El Polo Democrático también considera que la reelección no es la mejor forma para lograr el mantenimiento de las políticas del gobierno. Por eso dice que la continuidad de administraciones exitosas se puede garantizar con planes de desarrollo estratégicos a largo plazo y partidos políticos fuertes.
 
“No son las personas las que, en un régimen constitucional y democrático, garantizan la continuidad de determinadas políticas públicas. Es su concordancia con el programa político de la Constitución, desarrolladas desde los idearios y doctrinas de los partidos, convertidas en programas de gobierno”, explica Cuéllar.
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