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| 5/23/2012 12:00:00 AM

El Consejo Superior de la Judicatura se niega a morir

A pesar de que las altas Cortes se marginaron del debate, el Consejo Superior de la Judicatura se está viendo obligado a seducir al Congreso para que la reforma a la justicia no lo elimine. Un intenso lobby, pero solitario.

El magistrado Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), no tuvo otro camino que ir hasta el Congreso para mantener con vida la cuestionada corporación.

Y tuvo que hacerlo casi que como un ciudadano del común, inscribiéndose en una audiencia pública donde organizaciones y colectivos de la sociedad querían proponer fórmulas para la reforma a la justicia, propuestas que en muchos casos no dejan de ser un simple requisito para que el Congreso apruebe los proyectos.

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que tiene el turno de depurar el proyecto, escuchó de esa forma al magistrado Monroy.

Tuvo que hacerlo en solitario, porque el Consejo de Estado, el vocero de las altas Cortes judiciales, decidió levantarse del debate y no volver al Congreso para referirse a la reforma a la Justicia.

Uno de los últimos argumentos esgrimidos por las Cortes es que el Ejecutivo y el Legislativo habrían incumplido el llamado 'Acuerdo de Poderes', que en los primeros días del mes de mayo salvó el proyecto de reforma a la justicia que en ese entonces parecía sepultado.

Pero la cúpula judicial no pudo, en sus intentos de concertación por fuera del Capitolio (como en aquella Cumbre de Poderes en Casa de Nariño), hacer algo para que el Gobierno desistiera sus intenciones de elimnar el Consejo Superior de la Judicatura.

Por eso, sin el respaldo pleno del poder judicial, Monroy se fue al Congreso en lo que muchos parlamentarios consideraron un intento desesperado por negarse a morir. Más aún, cuando en una aplastante votación, la plenaria del Senado decidió acabar con esa Corte que creó la Constitución del 91 y que pretendía administrar los recursos de la rama y orientar la justicia con eficacia y prontitud.

Monroy esperó su turno, y frente al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra (quien confesó que la eliminación del CSJ era “un punto de honor”), repitió los argumentos para salvar a la corporación que actualmente preside.

Les dijo a los parlamentarios que el Consejo Superior de la Judicatura es la única entidad para garantizar la independencia y la autonomía de la rama judicial y que, de eliminarse, el poder ejecutivo se apoderaría del judicial.

"La reforma a la justicia está tocando y echando por tierra todo el esquema de autonomía e independencia, desde la perspectiva de la planeación, que la viene teniendo autónomamente la rama judicial, y que está pasando a manos del Gobierno. Los recursos ya no se van a suministrar a la rama judicial sino que es el Gobierno quien va suministrar y satisfacer los bienes de la rama. Esto es un retroceso. Esto era el Estado antes de la Constitución del 91, en ese entonces los constituyentes se dieron cuenta y crearon el Consejo Superior de la Judicatura”.

Monroy no cree que la idea del ministro Esguerra, que en 1991 como constituyente fue uno de los grandes defensores del CSJ, sea por la institución en sí. No oculta que algunos magistrados "se han apartado del régimen disciplinario y penal" y por eso les pide a las autoridades judiciales que "establezcan pronto las responsabilidades individuales" y las conductas de "ciertos funcionarios" pero que no se legisle por errores individuales.

Citando al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Javier Zapata, Monroy le pidió al Congreso "no reformar la Constitución por escándalos o situaciones mediáticas".

Dice el presidente del CSJ que lo que está en juego es "la independencia y la autonomía de los jueces de la república, y que este proyecto acabaría con ese precepto.

Monroy también dedicó palabras elogiosas al Congreso, institución en la que confía que "actuará con independencia".

"Creemos en el Congreso, en la democracia, pero no en unas mayorías que se congregan y que pueden imponer unas decisiones. Como poderes públicos podemos avanzar en reformas que respeten la independencia de la rama judicial".

Monroy también le planteó una fórmula a los parlamentarios para mantener vivo el CSJ, pero resolviendo lo que muchos advierten que es su principal pecado: el origen político de sus magistrados.

El presidente del CSJ dice que el Congreso no debería escoger a los magistrados, como pasa ahora, y que sean la Corte Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado quienes designen las ternas y el nombramiento de los magistrados.

Una fórmula que el Congreso no ha discutido y que podría ser muy difícil de revivir en la recta final del proyecto.

El Consejo Superior de la Judicatura hoy está en el camino de la desaparición (será suplido por dos instituciones nuevas, según la reforma a la justicia). Pero los magistrados saben que tienen el último recurso de mantenerse vivos. Será en la Cámara de Representantes donde al proyecto de reforma le quedan los dos debates definitivos.
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