El 'enredo' del gobierno para el juzgamiento de aforados

El gobierno apostó definitivamente por eliminar las funciones judiciales de la Cámara de Representantes. Y así fue aprobado, en primer debate en el proyecto de reforma a la justicia, la supresión de la Comisión de Acusaciones. A cambio, el ejecutivo plantea darle un auténtico revolcón a los procesos disciplinarios y penales contra los altos dignatarios del Estado.
 
La Comisión de Acusaciones, según la Constitución de 1991, es la encargada de disciplinar a los magistrados de las altas cortes, al fiscal general y al presidente de la República. Pero ese estigma histórico que carga por su ineficacia llevó a que el gobierno decidiera proponer su eliminación.
 
Sin embargo, en la reforma a la justicia, las funciones que hoy desempeña la Comisión serán repartidas entre las altas cortes para los casos disciplinarios de los magistrados.
 
Y en cuanto a las investigaciones penales, se propone la creación de una ‘Comisión Especial’, integrada por nueve magistrados, que sería la encargada de adelantar estos procesos a aforados.
 
Pero la fórmula planteada por el gobierno no sólo es confusa, sino que abriría las puertas a choques entre las cortes, pues terminarían investigándose unas con otras.
 
Tú me investigas, yo te investigo
 
Según la ponencia acordada entre el gobierno y los partidos políticos de la coalición, así quedarían las investigaciones disciplinarias contra magistrados:
 
La Corte Suprema de Justicia investigará a los magistrados del Consejo de Estado. Los magistrados del Consejo de Estado harán lo propio con los de la Corte Suprema de Justicia.
 
La Corte Constitucional, entre sus nuevas funciones, investigaría a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, y estos, a su vez, investigarían a los magistrados de la Corte Constitucional.
 
Aunque esta propuesta aún no ha sido plenamente abordada por el Congreso, algunos constitucionalistas consideran que la fórmula del gobierno para suplir las funciones de la Comisión de Acusaciones traería más de un inconveniente.
 
Esta fórmula, por ejemplo, conduciría a lo que comúnmente se conoce como “tú me investigas y yo te investigo”. Y hay dudas de que esas investigaciones puedan tener independencia.
 
En esos casos, según considera el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, la independencia sólo la garantizaría el funcionario judicial. “Habría que confiar en las calidades de cada magistrado”.
 
Sin embargo, Beltrán explica que esta fórmula podría generar “roces entre las latas cortes, y la posibilidad de impedimentos y recusaciones son muy altas. Terminaríamos en la designación permanente de conjueces en cada investigación disciplinaria”.
 
Los líos de la ‘nueva Corte’
 
Pero no sería el único inconveniente, pues para los procesos penales contra altos dignatarios, y en reemplazo de la Comisión de Acusaciones, el gobierno propone la creación de la ‘Comisión Especial de Investigación’.
 
Esta comisión estaría conformada por nueve investigadores, elegidos por la Cámara de Representantes, para un periodo fijo e independiente de ocho años. Estos investigadores o instructores deberán acreditar las mismas calidades para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

En principio, la idea parece oportuna. “La Comisión de Acusaciones ha estado integrada por congresistas que en muchos casos no son abogados y que, por su condición, podrían politizar sus investigaciones”, considera el exmagistrado Alfredo Beltrán.
 
Pero según la ponencia de la reforma a la justicia, esta Comisión Especial de Investigación no sólo se constituiría en una nueva alta corte, sino que el proyecto no establece quién los investigaría.
 
“Ahí hay un vacío jurídico, porque se crea una corte que no tendría control disciplinario. En una democracia no puede haber nadie que se exima de responder por sus actos oficiales o privados”, explica Beltrán.
 
De ser aprobada esta propuesta, dicen en el Congreso, el gobierno tendría que llevar una nueva reforma constitucional para establecer quién investiga a estos instructores.
 
Pero la creación de esta nueva corte también le significaría elevados costos al Estado, más aún cuando en la reforma a la justicia se mantiene el pulso entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado (vocero de todas las altas cortes en la reforma a la justicia) por fijar el presupuesto del poder judicial.
 
Crear una Comisión Especial de Investigación, cuyos nueve magistrados –según el proyecto– deben tener las mismas calidades de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, podría significar una alta inversión.
 
Más allá de los sueldos (22 millones de pesos mensuales cada magistrado), al establecer que serán de las mismas calidades de magistrados de la Corte Suprema, el Estado tendría que garantizar el mismo aparato logístico de esa corporación. Por ejemplo, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tienen hasta tres magistrados auxiliares.
 
Para el exmagistrado Alfredo Beltrán la propuesta de eliminar la Comisión de Acusaciones es “saludable”, pero quizás la medicina resulta peor, o al menos más compleja que la enfermedad.