"El orangután de la reforma no está muerto": senador Juan Carlos Vélez

Juan Carlos Vélez Uribe (La U) fue uno de los 28 senadores que no participaron de las sesiones extras en las que el Congreso hundió la reforma a la Justicia. Aún considera que el procedimiento promovido por el Gobierno –el de objetar un acto autónomo del Congreso y discutir una reforma fuera del periodo constitucional- "no es legal".

Esa fue su justificación para no atender la convocatoria del Gobierno a las sesiones extras, las cuales, insiste, tienen un vacío jurídico que aún no ha sido resuelto, pese a que el Congreso, el Gobierno y la opinión pública en general hayan dado por finalizado el episodio de la reforma a la Justicia.

Al considerar que las objeciones presidenciales fueron inconstitucionales, lo mismo que el propósito de la convocatoria a las sesiones extras, Juan Carlos Vélez asegura que tienen que ser objeto de revisión de las altas Cortes.

Por un lado, la Corte Constitucional deberá aclarar si un presidente de la República tiene la facultad de objetar y devolverle al Congreso una reforma constitucional. Por el otro, el Consejo de Estado debe pronunciarse sobre si es posible convocar a unas sesiones extras para discutir un acto legislativo.

Todo, a pesar de que el Gobierno, durante una semana, argumentó la legalidad del procedimiento, sustentando en sentencias de la Corte Constitucional y en el concepto de prestigiosos juristas.

Pero, según Vélez, aún falta la última palabra. Es decir, el pronunciamiento de las altas Cortes, que bien podrían dejar sin piso jurídico la anulación de la reforma a la Justicia.

"El Gobierno salió a la carrera a quitarle vida a un proyecto. Pero ese muerto no ha sido enterrado y puede resucitar", dice Vélez, quien agrega que al llamado orangután de la reforma a la Justicia "aún le hace falta la partida de defunción", y quien la tiene que firmar son las Cortes.

Las demandas

Pero para que las Cortes expidan esa "partida de defunción", las decisiones se tienen que demandar. Y a propósito, ya hay seis demandas, cuatro ante la Corte Constitucional y dos ante el Consejo de Estado, según le informó a Semana.com Pablo Bustos, director de la red de Veedurías.

Esas demandas tienen el único propósito de conocer el pronunciamiento de las Cortes, el único que no se ha producido en esta crisis.

Las cuatro causas ante la Corte Constitucional pueden ser acumuladas. Y ya hay una demanda del 25 de junio y en el reparto le fue asignado el conocimiento de la misma al magistrado Jorge Iván Palacio.

María Teresa Garcés, directora de la Corporación para la Defensa de lo Público (Corpopública), una de las organizaciones que se vincularon a la recolección de firmas para promover el referendo contra la reforma, también explica que la demanda busca que la Corte Constitucional asuma su competencia y defina si el procedimiento para hundir el proyecto fue ajustado a la Carta Política.

La otra demanda es ante el Consejo de Estado contra el acto administrativo del Gobierno que convocó a las sesiones extras, el cual, consideran los demandantes, no se ajustó a la Constitución.

Si ambas demandas tumban el fundamento del Gobierno, habría una nueva discusión jurídica si ese proyecto ya perdió su vigencia o no. En caso de que no haya perdido su vigencia, el presidente de la República estaría en la obligación de publicar la reforma, con lo que sus consecuencias, calificadas de inconvenientes por el propio presidente de la República, entrarían en vigencia.

Si eso pasa, el nuevo escenario sería "la resurrección de un muerto", como lo asegura Vélez.