El Pacificador

"Recé tanto y mi Dios escuchó mis plegarias y me mandó al presidente Uribe que nos salvó”. Es la frase emocionada de un campesino del Caribe colombiano que lo perdió todo. Primero sufrió la extorsión guerrillera. Luego, los paramilitares los expulsaron de su tierra. Ahora cuenta su historia, sin prisa y sin miedo, pues en su terruño reina la tranquilidad.

Su devoción es la misma que sienten millones de colombianos por Álvaro Uribe Vélez. Lleva ocho años en un gobierno turbulento y plagado de escándalos, que termina en agosto próximo, pero goza aún de un 75 de popularidad. La gente siente que el Presidente pacificó el país. Llevó a la fuerza pública hasta los confines del territorio nacional, una tarea en la que la democracia colombiana estaba vergonzosamente atrasada un siglo.

Uribe, un político curtido que fue diputado, senador y gobernador de Antioquia (uno de los departamentos más grandes y ricos del país), se sintonizó con una mayoría hastiada con el autismo y la crueldad de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no quiso dejar las armas por las buenas. Las FARC asesinaron a su padre, y sus amigos y vecinos hacendados en Córdoba y Antioquia habían sido también sus víctimas. Él encarnó el clamor de medio país rural que se sentía abandonado por unas élites gobernantes, mayormente bogotanas, cínicas y livianas.

“Mija, eche su cuento”, le dice el Presidente a la señora que se queja porque no hay profesor en su vereda o no hay gimnasia para la tercera edad. Atento, casi siempre vestido de provinciano, con ruana de hilo al hombro y sombrero, viaja religiosamente cada sábado a algún pueblo o barrio a un Consejo Comunitario. Regaña a sus ministros delante de la gente. Le piden favores por seis o siete horas que se transmiten por televisión a todo el país. Él otorga o no, explica, hace gala de su memoria por el detalle. Recita cifras, nombres de los ríos, curvas de carreteras. Habla sencillo, en diminutivo: “La tierrita”, dice. No le gusta cuando invocan derechos y le exigen. Sus asesores le filtran a los arma-pleitos. Microgerencial, colérico, teatral en sus calculadas rabietas, Uribe hace sentir a la gente que tiene un padre cercano, uno que le importa, pero sobre todo uno que está al mando.

Un equipo de expertos trazó la Política de Seguridad Democrática, que sacó a los militares de los cuarteles, los puso a combatir, dio una batalla interna para que actuaran en derecho, no siempre con éxito, con un Ejército en el cual demasiados practicaban la guerra sucia. El Presidente cobró impuestos extraordinarios para triplicar la fuerza pública y puso una sostenida presión sobre los militares, brincándose líneas de mando a su antojo. Estadounidenses, ingleses e israelíes aportaron inteligencia. Así el gobierno sacó a las guerrillas de las goteras de Bogotá y Medellín, les acabó el negocio del secuestro en las carreteras, mató jefes y bombardeó frentes.

Bombardeó el campamento de “Raúl Reyes”, el principal negociador y relacionista internacional de las FARC, en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008, con el consecuente hallazgo de unos computadores que sirvieron para desvertebrar la red de negocios y apoyo mundial que había tejido clandestinamente durante años. Las FARC tenían a 24 rehenes políticos y a decenas de policías y soldados como arma de chantaje para la salida de los suyos de las cárceles. El gobierno falló en el primer rescate a la fuerza en 2003, y un gobernador y un ex ministro, entre otros, cayeron baleados. Tuvo que avalar reacio liberaciones unilaterales de otros políticos, y 12 más cayeron asesinados. Pero al fin asestó el golpe soñado con la “Operación Jaque”, que liberó el gobierno a 14 secuestrados, entre ellos a tres estadounidenses (contratistas militares) y a la famosa Íngrid Betancourt, quien bendijo la jugada como “perfecta”.

En siete años, las FARC pasó de ser una guerrilla de 20 mil hombres a la ofensiva, a ser la mitad de grande y sin iniciativa militar. Los ataques a la infraestructura nacional cayeron de 917 a 153 y los secuestros extorsivos a la séptima parte.

El gobierno consiguió, asimismo, que la organización sombrilla de los “contras” colombianos, llamada las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desmovilizaran su aparato militar, con el consiguiente alivio para los miles de campesinos que habían sufrido masacres, desplazamientos forzados, violaciones, y robo de la riqueza pública bajo su yugo. El proceso, por el que se desmovilizaron 30 mil paramilitares, estuvo lleno de trampas y mentiras. Incluso, el gobierno extraditó súbitamente a casi todos sus jefes. Unos tres mil “paras” fueron postulados a un proceso judicial especial, conocido como Justicia y Paz, que buscaba castigar los delitos atroces que cometieron con penas leves a cambio de su contribución efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.

Durante casi cinco años, medio centenar de fiscales, hombres y mujeres valientes, han investigado los crímenes paramilitares, han escuchado confesiones de los desmovilizados sobre 15 mil hechos violentos; han armado los expedientes, han desentrañado la verdad de lo sucedido y, lo más impresionante, su trabajo ha conducido a encontrar 2?488 fosas comunes, con más de tres mil cuerpos. Aunque falta por identificar a muchos, 795 familias ya hallaron a sus desa-
parecidos y pudieron por fin hacer su duelo.

Así, Uribe cambió el ánimo nacional. De un país resignado a malvivir con la violencia acechando, con los ciudadanos rogando para que un familiar no cayera en un secuestro guerrillero en la carretera o que algún paramilitar no se le ocurriera codiciar su finca o su hija, Colombia pasó a sentirse más segura, capaz de forjarse otro futuro.

Y como la prosperidad es la hija de la confianza, con mayor seguridad la economía colombiana pudo aprovechar la bonanza mundial. Ganar dinero ya no era ni un riesgo ni un pecado. En el modelo del presidente-caudillo, con la seguridad bajo control, se rebajó el impuesto a la renta a cambio de inversión en capital, firmó garantías de estabilidad tributaria para grandes empresas por 20 años, otorgó zonas francas, eliminó el impuesto a las remesas de utilidades de las compañías extranjeras y subsidió a la agroindustria y al turismo.

La inversión extranjera pasó de 2?100 millones de dólares, en 2002, a casi 11 mil millones de dólares, en 2008. La economía salió del atolladero en que estaba y empezó a crecer con energía. El gobierno alcanzó un récord de crecimiento histórico de 7.55% del producto interno bruto (PIB) en 2007, y aunque en 2008 sufrió por la recesión mundial, en 2009 la economía no se contrajo. Los altos precios del petróleo y el carbón triplicaron las exportaciones colombianas de alrededor de cinco mil millones de dólares anuales a unos 15 mil millones.

Aunque no se avanzó lo suficiente para prepararla para ello, se abrió la economía y se firmaron tratados de libre comercio con Mercosur (2005), Chile (2006), Estados Unidos (en 2007, aunque está empantanado porque el Congreso de ese país no lo ha ratificado), El Salvador, Guatemala y Honduras (2007), con Canadá (en 2008) y actualmente está negociando otro con la Unión Europea.

El termómetro del Banco Mundial para medir el clima de negocios, dijo en su informe de 2009 que Colombia estaba entre los 10 países que más reformaron los procesos para facilitar los negocios.

No todos los negocios florecieron en esta bonanza. El Presidente empujó más decididamente a aquellos que calzaban en su proyecto de país, exportador de agrocombustibles, oro y carbón. Ejerció mucha presión para debilitar a quienes alertaron sobre los posibles daños sociales y ambientales de la minería. Además, se forjó una nueva elite empresarial por los grandes contratos con el Estado. Entre los emprendedores favorecidos estuvieron los jóvenes hijos del presidente Uribe, quienes prosperaron con diversos negocios.

La confianza inversionista es sólo uno de los tres eslóganes con los que Uribe suele resumir su gobierno. Los otros son seguridad democrática y cohesión social. Esta última, sin embargo, llevó la peor parte. Recibió un país con más de la mitad de su población en la pobreza y, entre ellos, uno de cada cinco colombianos, con ingresos de miseria. La situación en el campo era peor. Una investigación comisionada por la Corte Constitucional determinó que 760 mil familias campesinas fueron desplazadas a la fuerza ente 1998 y 2002. Atrás quedaron sus tierras, 5.5 millones de hectáreas abandonadas o en manos ajenas.

Las políticas del gobierno, no obstante, no cambiaron esta situación. Hoy 65% de los campesinos colombianos siguen viviendo en la pobreza, muchos de ellos sin tierras y con créditos escasos. Según investigó Ana María Ibáñez de la Universidad de los Andes, bajo este gobierno se concentró la propiedad de la tierra a niveles escandalosos, y se llegó a un Gini (índice que entre mayor sea, mayor desigualdad muestra) de la tierra de 0.875: el más alto de la región después del de Paraguay.

La prosperidad reciente ha debido —como en Brasil, Chile o Ecuador— mejorar con creces las condiciones de la vida de muchos pobres. Pero en Colombia, la pobreza siguió siendo demasiado alta para un país de desarrollo medio. La Cepal calculaba que en 2008, un 71% de los colombianos era pobre o estaba con un alto riesgo de serlo, pues sus ingresos apenas sobrepasaban la línea mínima.

En gran parte esto sucedió porque el desempleo, que nunca baja de cifras de dos dígitos, apenas cedió unos puntos, y el mal empleo informal de ambulantes y trabajadores por cuenta propia, se mantuvo alrededor de 60%. Las políticas macroeconómicas no premiaron especialmente la creación de empleo formal y decente que, como se sabe, es la política social más efectiva. Y con la bonanza reciente, la riqueza no se distribuyó. Al contrario, en estos últimos años, Colombia entró en la corta lista de los países más desiguales del continente más desigual del planeta.

¿En qué consistió entonces la política de cohesión social de la era Uribe? Aumentó los servicios sociales para la gente de escasos recursos; más cupos en educación y más población con atención en salud. Y Familias en Acción que en 2002 subsidiaba con unos pesos colombianos al mes alrededor de 200 mil familias pobres para que enviaran a sus hijos a la escuela, se convirtió en 2009 en un programa masivo de 2,9 millones de familias. Además el gobierno creó la Red Juntos, destinada a acompañar a un millón de familias pobres y coordinar mejor los servicios que les llegan.

Algunos estudios han determinado que estos programas han contribuido a paliar la pobreza, e incluso que algunos podrán sacar a la gente de pobre en una o dos generaciones. Pero como lo muestran las tercas y tristes cifras de hoy, la bonanza que trajo la confianza inversionista del gobierno de Uribe le dejó a los pobres limosna, pero no un empleo decente que les permitiera salir adelante.

Claro que como se han repartido estas ayudas desde la Presidencia, la gente está agradecida con el Primer Mandatario, y esto también explica su popularidad.

Ante estas políticas económicas concentradoras de la riqueza y de la tierra, pobreza y mal empleo extendidos, cabe preguntarse si es éste el terreno fértil para que, donde se ha ganado la guerra, la paz eche raíces.

Pero hay otra fractura grave en esta pacificación de Uribe: la corrupción y la politiquería cundieron como plaga, abonadas en gran parte por la forma como el gobierno construyó su gobernabilidad. ¿Y cómo aprovechar la ola violenta en retroceso, si no se cuenta con instituciones transparentes regionales y locales para asumir la tarea de la reconstrucción?

La lucha contra los grupos armados ilegales y la criminalidad no puede depender solamente de la energía de un presidente carismático que da órdenes a diestra y siniestra y redes de informantes que reciben recompensas. Tiene que cimentarse en un tejido ciudadano más fuerte que exija sus derechos y unas autoridades que los representen en forma legítima. Y, ése es el gran vacío del legado de Uribe.

Se dio por dos puntas. La primera, su defensa acérrima de ciertos políticos acusados de haber pactado con el paramilitarismo para ganar elecciones, fenómeno que fue bautizado por la prensa como parapolítica. La segunda, el esfuerzo del Presidente por extender su mandato constitucional de cuatro años, convencido de que sólo él podía garantizar que no habría marcha atrás con las FARC hasta que se rindieran.

En 2005, opositores, académicos y periodistas empezaron a descubrir que en las elecciones de 2002 que eligieron a Uribe y a un Congreso mayoritariamente uribista, y en las locales de 2003, había habido un juego sucio bien orquestado por los “paras” en sus zonas de influencia. Se pudo constatar que en esa elección y en la siguiente en 2006, en la que el uribismo volvió a triunfar, políticos regionales y jefes paramilitares planearon juntos las campañas, obligaron a miles de ciudadanos a votar por sus candidatos a punta de fusil, impidieron que los enemigos aspiraran a algún cargo, y conquistaron una tercera parte del Congreso.

La Corte Suprema de Justicia asumió, muy en serio, la investigación de los congresistas sospechosos por parapolítica y la Fiscalía la de gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios regionales. Hoy se han iniciado procesos contra 107 congresistas, de los cuales 21 ya han sido condenados y muchos están en juicio. Además fueron condenados tres gobernadores y otros 16 procesados. Los más contaminados han sido los partidos uribistas, con 84 congresistas salpicados.

La justicia descubrió además que políticos y AUC firmaron pactos para “refundar” la república, una libre de guerrilla, y diseñada según sus intereses.

También se hizo público que el gobierno había nombrado funcionarios cercanos al paramilitarismo en cargos que controlaban aspectos estratégicos del Estado, como la inteligencia, los permisos de vigilancia y seguridad, la incautación de tierras a narcotraficantes y la repartición de éstas a campesinos, las concesiones estatales, entre otros. El caso más grave fue el de Jorge Noguera, ex coordinador en un departamento de influencia paramilitar de la campaña de Uribe en 2002, a quien el Presidente nombró como su primer director del Departamento Administrativo de Seguridad (das, algo así como el FBI colombiano). Está acusado de complicidad con el paramilitarismo en crímenes atroces, como el asesinato de sindicalistas, líderes sociales y un profesor universitario en la Costa Caribe.

A medida que la justicia avanzaba en sus investigaciones de la parapolítica, el gobierno estuvo a la defensiva, y en algunos casos, como el de Mario Uribe, un gran aliado del Presidente, incluso se batió con la justicia. Y en el intento, echó mano de todo tipo de medios poco santos y dejó averiadas las instituciones.

¿Por qué Uribe puso tantas fichas del paramilitarismo en el alto gobierno? ¿Por qué se peleó a muerte con la Corte Suprema de Justicia, cuando empezó a investigar a parapolíticos cercanos a él y estuvo dispuesto a todo para conseguir pruebas que la pusieran en aprietos? ¿Por qué nunca rechazó el apoyo de partidos cuyos líderes estaban procesados por parapolítica y, en cambio, puso el peso de su gobierno para hundir una reforma política que buscó castigarlos dejándolos por fuera del Congreso?

Las respuestas pueden ser múltiples y no se sabrán por muchos años. Lo esencial es que esas movidas del gobierno nacional impidieron arrancar de raíz la influencia política ilegítima del paramilitarismo o de sus herederos. De ahí que ganar elecciones con dineros oscuros, hacerse al poder local por la fuerza, fueron métodos que no quedaron del todo fuera de la agenda de lo permisible políticamente. Y la prueba es que se volvieron a repetir en las últimas elecciones de Congreso del pasado 14 de marzo, y varios elegidos están siendo investigados por parapolítica.

En su primer año, Uribe quiso nombrar por mérito a los directivos regionales de entidades nacionales. Impulsó un referendo que apretaba la vigilancia estatal y le daba muerte política a los corruptos. Lo perdió y se dio por vencido rápidamente. Calculó que no lograría acabar con las FARC, su real prioridad, en un periodo presidencial y debía cambiar la Constitución para hacerse reelegir por otros cuatro años. Para esto tenía que consentir a sus congresistas, fueran parapolíticos, corruptos, ilegítimos o líderes magníficos.

Con la popularidad de Uribe rondando 80%, su reelección era una locomotora inatajable. Después se supo, como lo determinó la Corte Suprema, que el gobierno compró con puestos lucrativos los dos votos que le faltaban en el Congreso para aprobar la reforma que lo dejaba repetir, el de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. También está bajo investigación una repartija de notarías que, al parecer, incentivaron el voto favorable de los congresistas.

Pero no quedó conforme con dos mandatos: las FARC seguían existiendo, y el mesianismo uribista dijo que habría hecatombe si no había tercer periodo. El ideólogo principal de Uribe, José Obdulio Gaviria, un izquierdista renegado, sofista hábil para ganar argumentos, que además tiene la desfortuna de ser primo del narcotraficante Pablo Escobar, inventó la teoría del Estado de Opinión, según él, una etapa avanzada de la democracia, en la cual instituciones y leyes son un obstáculo al gobierno directo del pueblo, cuyo sentir, el Presidente interpreta por encuestas. Con ese iluminado hallazgo, se puso a andar una iniciativa reeleccionista que se hundió en la última instancia legal, cuando la Corte Constitucional encontró que había violado descaradamente los procedimientos. El fin justifica los medios, fue el ejemplo que cundió desde arriba en la Colombia de Uribe.

Apostarle a consolidar una paz duradera con esa filosofía es una tarea imposible. En Caquetá, en los Montes de María, en La Macarena, en Putumayo, con gran sufrimiento de la población civil y de los soldados, el Estado ganó la guerra contra los violentos. Pero ahora que hay tranquilidad, para comer, los campesinos venden sus tierras a grandes empresas, y como los gobiernos locales suelen ser ineficaces, cuando no corruptos, los militares intentan sustituirlos temporalmente. ¿Es esta paz sostenible?

Todavía hay combates con la guerrilla en medio país, los rezagos del paramilitarismo y nuevos reclutas se han organizado en bandas criminales que ya suman unos tres mil hombres, algunas como “Los Rastrojos” con tentáculos en todo el país, y en regiones donde se había conseguido tranquilidad, como en Córdoba, ahora han vuelto las masacres.

Evitar que el conflicto colombiano se derrame al otro lado de las fronteras y que sus protagonistas usen los territorios vecinos como trincheras son condiciones para conseguir la paz en Colombia. La línea política Uribe, en contravía de la su vecindario de corte izquierdista, hizo difícil el diálogo. Se anotó un logro importante, al develar muchos aliados internacionales de las FARC. Pero se equivocó en calibrar sus alianzas internacionales con un solo termómetro: la lealtad con su causa antisubversiva.

Así, el gobierno colombiano bombardeó el campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, no sólo sin permiso de Rafael Correa, sino además mintiéndole cuando le informó al respecto. Y manejó la relación con Chávez a bandazos. Le abrió las puertas para que se volviera mediador de la liberación de secuestrados de las FARC, dándole un juego indebido en la política interna colombiana, para después echarlo; envió agentes secretos del Estado a secuestrar a un guerrillero colombiano en Caracas, pero al tiempo, le bajó el perfil a la acción diplomática con ese país.

Esto es grave porque Venezuela es un problema mayúsculo para la paz colombiana, pues allí se refugia la guerrilla, y el narcotráfico encuentra su santuario, porque en su lucha contra el imperio, el gobierno de Chávez ha limitado la vigilancia de su territorio.

Es por eso que el gobierno que llegue, heredará una alta tensión con la nación vecina, fronteras cerradas, pérdidas económicas enormes porque Venezuela era el principal destino de las exportaciones colombianas, escaramuzas diarias. Debe corregir el rumbo, como sí lo hizo el propio gobierno de Uribe, después de muchos errores en la relación con Ecuador, y fortalecer la capacidad de diálogo.

El presidente Uribe salvó a Colombia de un abismo de desesperanza. Pero no supo encaminar al país hacia una paz sustentable. Evitó que el Estado colombiano sucumbiera, pero socavó la institucionalidad democrática que había sobrevivido todos los embates violentos del último cuarto de siglo. Un gran político que no creyó en las soluciones políticas sino en las militares; uno que se conectó con el pueblo mucho más que sus antecesores, pero no supo darle realmente una mejor calidad de vida.

Para conseguir una paz duradera, el próximo gobierno tendrá que repartir mejor la tierra y la riqueza que se concentró en menos manos. Falta construir carreteras, sobre todo donde persista el conflicto, pues casi no se avanzó (de 200 kilómetros de vía pavimentada por cada millón de habitantes pasamos a 300, un índice peor que los de Ecuador y Bolivia). Tendrá que presionar la salida de los políticos corruptos en las regiones y abrirle reglas de juego transparentes para que los mejores líderes tengan opción, ya que el gobierno de Uribe hundió los intentos por lograrlo y se alió con demasiados políticos dañados para poder conseguir su primera reelección e intentar la segunda.

Deberá debilitar al narcotráfico con imaginación y fuerza cultural, tanto en Colombia como afuera, pues sólo se ensayó más de lo que ya se sabe que no funciona y el resultado es que las bandas criminales han vuelto a crecer. Tendrá que revitalizar todos los mecanismos institucionales para manejar una vecindad conflictiva, pues Uribe actuó en solitario, pretendiendo que la prioridad de todos los vecinos fuera la suya de derrotar a las FARC. En fin, se necesita un presidente que asuma los retos de montar una democracia liberal que los colombianos aún no hemos visto funcionar como debe ser.