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| 8/6/2010 12:00:00 AM

El paso a paso de Uribe vs la Corte

Hasta la última semana de Gobierno, el Presidente Álvaro Uribe mantuvo su tono de confrontación con la Corte Suprema de Justicia. Estos fueron los principales choques.

Estos son los capítulos de la novela que terminó por romper la relación armónica que deben tener los poderes públicos.

Las notarías

Este miércoles, el mandatario saliente demandó por prevaricato, ante la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara, al magistrado Yesid Ramírez.

La acción judicial fue la reacción del mandatario a la decisión de la Sala Penal de la Corte de compulsar copias a la Fiscalía para que investigue a Tomás Uribe, hijo del mandatario, por su posible vinculación al escándalo de las notarías.

Vea la noticia: La Corte pidió investigar a Tomás Uribe
 
El hijo del mandatario fue señalado por el ex Súper Intendente de Notariado y Registro Alfredo Cuello Baute como uno de los beneficiados con la creación y adjudicación de notarías.
 
Vea aquí la ratificación de las denuncias de Cuello Baute.  
 
El mandatario saliente acusó a la Corte de prevaricato y argumentó que actuó con odio.
 
La Corte cerró filas alrededor del magistrado Ramírez y rechazó los términos en los que Uribe se refirió al magistrado.
 
Vea la respuesta de la Corte aqui.

Este, sin embargo no ha sido el único capítulo de la constante confrontación del Gobierno con la Corte.

Los supuestos ofrecimientos

De hecho, hay uno más reciente. Se trata de la acusación que hizo este jueves el vicepresidente saliente Francisco Santos. El funcionario dijo a RCN Radio que “Camilo Ospina me contó, y estoy autorizado a contarlo, que en un momento dado a través de intermediarios le dijeron que si les daba (a los magistrados) el cargo de Vicefiscal lo hacían elegir ya que tenían los votos y la manera para que esto fuera así, a lo que Camilo Ospina dijo que no le interesaba llegar a la Fiscalía de esa manera”.

Ospina fue uno de los apirantes a Fiscal que perteneció a la primera terna propuesta por el Gobierno saliente para que la Corte eligiera al jefe del ente acusador. Sin embargo, éste renunció debido a que la Corte se demoró en elegir a uno de los ternados.

La versión de Santos, del supuesto soborno fue corroborada por el propio Ospina horas más tarde. Dijo que a través de intermediarios algunos magistrados de la Corte le dijeron que votarían por él a cambio de que él nombrara a algunas personas en el organismo. No obstante, el ex ministro de Defensa no dijo quiénes fueron los magistrados que hicieron esos ofrecimientos.

Lo extraño de la denuncia es que se haya dado luego de que el magistrado de la Sala Laboral Luis Javier Osorio revelara que intermediarios le ofrecieron un alto cargo en la Fiscalía de Medellín, a cambio de votar por Margarita Cabello Blanco, una de las integrantes de la terna presentada por Uribe para la elección del titular del ente acusador.
 
Osorio se abstuvo de dar el nombre de la persona que le hizo los ofrecimientos y negó haberse reunido con Cabello Blanco o que ella le hubiera hecho la propuesta.
 
Ve a la denuncia de Osorio aquí.
 
La pelea por la Fiscalía

En Septiembre de 2009, después de varios meses de discusión, la Corte Suprema de Justicia declaró inviable la terna a Fiscal que había presentado el Presidente Uribe en julio de ese año. Tras la renuncia del ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio –quien había sido denunciado por su participación en un supuesto tráfico de influencias en el Consejo de Estado- a la terna, la Corte reiteró que la terna era inviable.

El 25 de noviembre de 2009, el mandatario dijo que era grave que el “el Presidente de la CSJ esté diciendo mentiras de las conversaciones que ha sostenido con el Presidente de la República”, a través de un comunicado. ¿La razón? Según el Primer Mandatario, el magistrado había aceptado que si uno de los postulados en la terna para la Fiscalía era reemplazado, quedaría recompuesta la terna.

El presidente de la Corte era el magistrado Augusto Ibañez, quien horas antes había afirmado que en una reunión con Uribe, el Presidente expresó que uno de los postulados renunciaría a la terna para la elección, y los magistrados presentes le respondieron que “era necesario reflexionar sobre toda la terna”.

La negativa de la Corte a elegir el Fiscal se ha mantenido durante casi un año. Desde entonces, al Gobierno no le han faltado los dardos. Incluso el vicepresidente Santos calificó recientemente al tribunal de “golpista”.

La condena a Yidis Medina

El 25 de junio de 2008 la Corte condenó a la ex congresista Yidis Medina, luego de que ella se autoincriminara de haber cometido cohecho cuando votó a favor del proyecto de reelección presidencial a cambio de coimas.

Un día después, el Presidente Uribe calificó a la Corte de prestarse al terrorismo. “La trampa del poder del terrorismo agónico, para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, no parece tener solución judicial”, dijo entonces.

Su molestia se debió a que el fallo, además de compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para investigar a integrantes del gabinete del Gobierno, cuestionó la legitimidad del proyecto que permitió la reelección.

Uribe no ha ahorrado esfuerzos en defender a los funcionarios del Gobierno implicados en el escándalo y en acusar a la Corte.

El caso “Tasmania”

El 12 de octubre de 2007, el Presidente señaló: “Cuidado, la justicia tampoco puede ser golpista y lo sería en la medida que llegara a violar el Estado de Derecho y a salir a través de procedimientos ilícitos, indecentes, con resultados contrarios a la realidad”, indicó el Jefe de Estado en el programa La Noche, del Canal RCN.

La declaración del mandatario se debió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de respaldar, unánimemente, al magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien había sido acusado por el Ejecutivo de intentar comprar testigos.

Este magistrado ha sido uno de los protagonistas clave en las investigaciones por parapolítica. Sin embargo, sus indagaciones por poco se van al traste por la presión del Ejecutivo.

La Corte, en respuesta le dijo a Uribe que “no hay ningun complot en su contra” y exigió “respeto” a su trabajo.
 
Vea la reacción del Alto Tribunal aquí:

La persecusión comenzó luego de que Velásquez hablara con el paramilitar José Moncada, alias ‘Tasmania’, en el curso de pesquisas sobre vínculos de congresistas con escuadrones de la muerte de los ‘paras’.

Alias Tasmania en una carta que le envió al Presidente había asegurado que “el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar. Es lo único que le interesa. A cambio entrega lo que sea”.

Esta carta fue utilizada para deslegetimar la investigación de Velásquez. En junio de 2008, Alias Tasmania se retractó de las denuncias.

Según los hallazgos de la Fiscalía Velásquez fue seguido e interceptado por el DAS ilegalmente.

Vea parte de los hallazgos de la Fiscalía aquí.
 
La demanda contra el magistrado Copete

El 18 de enero de 2008, el Presidente Álvaro Uribe anunció que demandaría al magistrado y ex presidente de la Corte Superma de Justicia César Julio Valencia Copete por injuria y calumnia.

Copete había dicho que el Uribe lo había llamado, molesto, el 26 de septiembre de 2007, para preguntar por el caso de Mario Uribe, primo del Presidente, quien había sido vinculado a las investigaciones por su supuesta relación grupos paramilitares.

El caso terminó en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde hasta ahora no ha habido un fallo. Tanto Copete como Uribe se han mostrado dispuestos a llevar el proceso hasta las últimas consecuencias.
 
Vea la nota Sin torcer el brazo.
 
La decisión de la Corte

El 27 de julio de 2007 en una entrevista con Caracol Radio, el Presidente adujo que la Corte estaba sesgada ideológicamente por diferenciar los crímenes de los paramilitares de los de la guerrilla.

“Los Estados signatarios de estos tratados Internacionales) no pueden definir como delito político el delito de lesa humanidad, el genocidio etc., entonces aquí lo que hay es un sesgo ideológico en la Corte Suprema y uno no puede hacer que imperen los sesgos ideológicos sobre los intereses superiores del país”, dijo.

La Corte había anulado la amnistía de un paramilitar, pues consideró que éste no había cometido delitos políticos, como el de sedición, sino delitos comunes.
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