El Procurador y su aspiración reeleccionista: los más y los menos

Desde cuando asumió la jefatura del ministerio público, Alejandro Ordóñez ha estado en primera fila de los debates nacionales. Entre otras razones, por su controvertida visión de la sociedad. Fiel a sus principios católicos y conservadores, se ha echado encima incluso contradictores de todos los sectores. Desde las minorías sociales, pasando por partidos políticos y hasta la misma Corte Constitucional, a la que ha controvertido algunas de sus posturas.

Por eso, sus intenciones de mantenerse al frente de la Procuraduría, tal como se lo confesó al presidente Juan Manuel Santos, no dejan a nadie indiferente. Y la lectura general es que otros cuatro años de Ordóñez se traducirán en una intensa cruzada contra la corrupción, pero también un sesgo en cuanto a la garantía de los derechos de algún sector de la sociedad.

Las cartas de Ordóñez para garantizar su reelección se concentran, principalmente, en las decisiones disciplinarias que ha asumido contra los servidores públicos.

La principal carta

Simón Gaviria, presidente de la Cámara de Representantes y jefe único del Partido Liberal, califica la administración de Ordóñez de “vertical” en la lucha contra la corrupción. “Ha tomado decisiones, ha sancionado, independientemente del tinte político”.

La afirmación se argumenta en las más sonadas decisiones del procurador. Porque así como ha sido duro para inhabilitar a Piedad Córdoba (Partido Liberal), por los presuntos acercamientos con las FARC que, según su fallo, fueron más allá de las funciones de mediadora, también han ‘caído’ bajo el rasero de Ordóñez funcionarios de la otra orilla del espectro ideológico, como el exministro Andrés Felipe Arias, por las irregularidades del programa de subsidios agrarios Agro Ingreso Seguro.

De izquierda a derecha se han movido las decisiones. En la larga lista de sancionados, que incluye casi 30 gobernadores y alcaldes, varios de ellos mediante procesos expeditos, aparecen figuras de ambos lados del espectro político: dos exministros uribistas, Andrés Felipe Arias y Sabas Pretelt de la Vega; los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, y el exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, en la que se podría llamar esquina derecha. En el otro espectro, además de Piedad Córdoba, aparecen Samuel Moreno e Iván Moreno, quienes llegaron a sus cargos con votos de la izquierda. Por eso, Antonio Guerra de la Espriella, vocero de la dirección de Cambio Radical, valora la “independencia, objetividad y profesionalismo” de Ordóñez a la hora de tomar las decisiones.

Los conservadores, que andan en un proceso de reingeniería, están de plácemes con esta posible reelección. “El país conoce de su probidad. Tiene bien ganada esa posibilidad de permanecer en la Procuraduría”, dice el senador Hernán Andrade. “Ordóñez es un hombre ya probado en la lucha contra la corrupción, le da todos los méritos para aspirar y para que el Congreso lo respalde”, dice Juan Manuel Corzo, presidente del Senado, corporación que según la Constitución tendrá que escoger al procurador general.

Los temores

Pero como el Ministerio Público no sólo se concentra en decisiones disciplinarias contra servidores, sino que debe ser el garante de los derechos de los ciudadanos, y entre sus obligaciones está las de rendir conceptos en materias que pueden trascender la ética y la moral, las preocupaciones no son menores.

A tal punto que en muchos sectores de la opinión, especialmente entre reconocidos columnistas de opinión, ha hecho carrera la afirmación que Ordóñez rinde sus conceptos con “la Biblia debajo del brazo y no con la Constitución”.

A juicio del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, “los hechos demuestran” que Ordóñez “no ha sido buen procurador”. “Es un dogmático reconocido, actúa sin ecuanimidad y sin apego a las normas vigentes. No es garantista con los derechos de las minorías”. Robledo, además, se considera “víctima” de lo que llama “uno de tantos desafueros” de Ordóñez, al recordar que le abrió pliego de cargos por presuntos nexos con las FARC.

Simón Gaviria, quien reconoció favorablemente la labor de Ordóñez contra la corrupción, también acepta que, en ocasiones, los liberales se han apartado de la “visión de la sociedad” del procurador.

Otro congresista del Partido Liberal le dijo a Semana.com que “sería preocupante que Ordóñez continuara”, por su posición, frente a temas que califica de progresistas. “Hay decisiones pendientes como el matrimonio de parejas del mismo sexo, el aborto. Si él (Ordóñez) continúa, va a ser una voz decisiva en contra de los derechos que la Corte Constitucional le ha garantizado a un sector de la sociedad”.

Ordóñez ha protagonizado debates muy controvertidos. Demandó a la revista SOHO por una fotografía que representaba la última cena en la que la figura de Jesucristo era representada por la modelo Alejandra Azcarate; conceptuó a favor de la prohibición de la dosis mínima de droga; se ha opuesto al fallo de la Corte Constitucional sobre el aborto y las parejas del mismo sexo, y hasta ha recibido quejas de sus propios subalternos por querer imponer la fe católica en la Procuraduría.
La reelección de Ordóñez es una posibilidad que, al estar en manos del Congreso, puede tener simpatía. Sin embargo, tras conocer su particular forma de orientar el Ministerio Público, se puede decir que no tiene nada asegurado.

El escenario del 2008, cuando el Senado lo eligió por una abrumadora mayoría de 81 votos a favor -con los que apabulló a Camilo Ospina y a Germán Bustillo (y al voto en blanco, que obtuvo tres votos)- no parece repetible bajo las actuales condiciones políticas. El procurador de hoy no tiene el apoyo consensuado que, por ejemplo, el Polo Democrático le brindó en aquel entonces. Pero que Alejandro Ordóñez es un hombre que mueve pasiones, de eso no hay duda. Su anuncio de postularse como candidato puso a todo el mundo a hablar del tema, y, eso, lo sabe bien él, es mas bueno que malo para sus aspiraciones.