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| 7/28/2010 12:00:00 AM

El proyecto de reforma judicial, un gol a la comisión de empalme

El proyecto de reforma constitucional también tomó por sorpresa al Congreso y a las altas Cortes. No fue concertado y será un tema que tendrá que afrontar Juan Manuel Santos de forma inmediata, y no a mediano plazo como era su intención.

El proyecto de reforma constitucional que presentó el gobierno de Álvaro Uribe y que busca ajustes a la rama Judicial, no sólo tomó por sorpresa a los parlamentarios recién posesionados en sus curules, también a los miembros de la comisión de empalme designada por el presidente electo Juan Manuel Santos, que nunca contemplaron esta decisión por parte del actual ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.

Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia a la Justicia e integrante de la comisión de empalme, le dijo a Semana.com que el proyecto radicado en el Congreso el pasado lunes 27 de julio “nunca fue concertado”.

Según Borrero, la decisión del gobierno saliente “atendió la propuesta de Juan Manuel Santos que, en campaña, defendió la posibilidad de que la Fiscalía debería hacer parte del poder Ejecutivo”, pero aprovechó esa circunstancia para meter un proyecto que establece otros ajustes a la administración de Justicia (ver artículo “El Revolcón”).

Los miembros de la comisión de empalme para los temas de la justicia, presididos por el ex ministro Fernando Carrillo, completaban tres semanas de trabajo con el Ministerio del Interior con el único propósito de “revisar el estado actual de la justicia, el proyecto de ley que restablecerá el Ministerio de Justicia y los retos de éste durante el próximo Gobierno”. Pero en ninguna de las sesiones de trabajo se discutió un proyecto de reforma judicial.

Sobre todo, porque la instrucción del propio Juan Manuel Santos, al momento de designar la comisión de empalme, fue que la reforma a la justicia “será un tema de mediano plazo y sólo se presentará un proyecto tras un proceso de concertación con las Cortes”, según dijo Gloria María Borrero.

Incluso, la semana pasada, los miembros de la comisión conocieron la intención del actual gobierno de radicar el proyecto, pero al pedir una copia para estudiar la iniciativa, la respuesta del despacho del Viceministerio de Justicia fue que el proyecto podría conocerse tan pronto como el presidente Álvaro Uribe lo revisara.

Sólo hasta este martes, un día después de haber sido radicado en el Congreso, los miembros de la comisión de empalme conocieron el proyecto.

“Sin consenso con las Cortes”: Arrubla
 
El proyecto también tomó por sorpresa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque no ha motivado aún pronunciamiento institucional. Sólo el presidente (e.), magistrado Jaime Arrubla, a título personal, se mostró “aterrado” por el proyecto y afirmó que nunca fue concertado con la Corte.

En diálogo con Caracol radio, el magistrado Arrubla calificó de “inoportuno” el proyecto, e incluso afirmó que si esa iniciativa fuera aprobada por el Congreso se podrían afectar procesos judiciales en curso como los de la llamada ‘parapolítica’, que tienen en investigación a casi un centenar de parlamentarios por presuntos nexos con las autodefensas.

“Afecta procesos como la ‘parapolítica’ porque las normas procesales tienen aplicación inmediata y son objeto del principio de favorabilidad”, dijo Arrubla al hacer referencia, sobre todo, a la propuesta de la creación de un ‘súper tribunal’, más poderoso que la Corte Suprema de Justicia, para juzgar a aforados constitucionales.

El magistrado Jaime Arrubla explicó que en la reunión que los presidentes de las altas cortes sostuvieron con el presidente electo, Juan Manuel Santos, el ambiente que se creó es que las modificaciones al sistema de administración de justicia serán “producto de diálogos y de llegar a acuerdos sobre los desacuerdos”.

“Es inoportuno que la Fiscalía sea parte del Ejecutivo”: Comisión de expertos

El presidente (e.) de la Corte Suprema también advirtió que la propuesta del gobierno “no atendió las recomendaciones” formuladas por la Comisión de Expertos para la reforma a la justicia, convocada por el propio Ministerio del Interior y que entregó un informe el pasado 10 de junio.

Dicha Comisión propuso que el presidente eligiera al Fiscal General de la Nación, pero calificó de “inoportuno” trasladar la Fiscalía a la rama Ejecutiva.

“No es una formula recomendable en un momento en que las denuncias contra altos funcionarios del Ejecutivo son permanentes, y vienen desde hace varios lustros por
diversas situaciones relacionadas con violación de derechos humanos, por corrupción en la administración pública y por diversos delitos graves”, señaló la Comisión de Expertos.

Congreso lo recibe con reservas

En el Congreso el proyecto del Gobierno saliente generó debate entre los sectores políticos, aunque se advirtió una especie de cautela para sentar posiciones al respecto.

La razón, como lo explicó el presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Carlos Alberto Zuluaga, “es necesario primero que se designe quién será el ministro del Interior y conocer la postura del nuevo gobierno”.

El senador liberal, Juan Fernando Cristo, dijo que el proyecto es “un orangután que el gobierno Uribe mete cuando la fiesta se le está acabando”. Según el parlamentario, la reforma judicial propuesta es “inoportuna” y va en contra de los propósitos del gobierno de unidad nacional de Juan Manuel Santos. “Cuando el Partido Liberal acogió la propuesta fue bajo el principio del respeto y la autonomía de la rama judicial”.

Jorge Ernesto Guevara, senador del Polo Democrático, calificó la iniciativa como “muy grave” e “inoportuna”, sobre todo por los procesos vigentes que estudia la Fiscalía y que involucran a funcionarios del poder Ejecutivo.

Juan Carlos Vélez, del partido de la U, defendió la tesis de que la Fiscalía dependa del poder Ejecutivo, pero también aseguró que una reforma de ese sentido debe ser concertada con la rama Judicial.

El presidente electo Juan Manuel Santos no ha hecho ningún pronunciamiento público al respecto, aunque tendrán que decidir con su próximo ministro de Interior, y con los propios congresistas de la coalición, la solución de esta discusión, que será una de las herencias que le deja el gobierno de Uribe Vélez.
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