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| 11/3/2010 12:00:00 AM

El sufrimiento de Vargas Lleras para que la reforma política se abra paso

Apenas la mitad de la Cámara respaldó el proyecto que busca reglamentar el régimen de sanciones a los partidos y darles transparencia a las próximas elecciones. Al Ministro le empieza a preocupar el ausentismo.

Germán Vargas Lleras sudó más de la cuenta para aprobar la reglamentación de la reforma política. A pesar de que el Gobierno parece controlar el 80 por ciento de la Cámara de Representantes, el Ministro del Interior sufrió para al menos sumar el 51 por ciento del quórum y salvar el proyecto con el mínimo de votos requerido, 84 de los 165 parlamentarios.

No es un buen mensaje que el proyecto que busca reglamentar el régimen de sanciones para los partidos políticos, y la organización de los mismos, y la transparencia de los comicios electorales, no contara con pleno respaldo. Es más, bancadas como las del Polo y el Partido Verde se vieron más disciplinadas que las de la propia coalición.

En el tercer intento de la aprobación, y tras dos semanas de dilaciones, Vargas Lleras tuvo que mover sus armas persuasivas. Porque cuando faltaba la aprobación de los últimos tres artículos del proyecto (de los casi 50), tuvo que llamar por teléfono a más de una decena de parlamentarios para que regresaran a la plenaria. Sólo cuatro atendieron la petición, apenas los suficientes para que el proyecto pasara raspando.

Es más, la aprobación de estos últimos proyectos se tuvo que extender por casi 30 minutos para que los votos que faltaban llegaran al Congreso. Hasta hubo ruegos del Ministro para que el presidente de la Cámara no cerrara el registro.

Si lo hubiera hecho, este proyecto se tendría que aplazar una semana, circunstancia que amenazaba el propósito del Gobierno de que los alcances del proyecto se aplicaran en las elecciones regionales del 2011.

Porque este proyecto, luego de superar los cuatro debates que requiere, debe pasar por el control de la Corte Constitucional, corporación que podría extender seis meses su estudio.

“Si esta reglamentación no se aprueba antes de diciembre, es poco probable que se pueda aplicar en las próximas elecciones”, dijo Vargas Lleras.

El Ministro del Interior no ocultó su malestar. La bancada oficialista no lo acompañó como se esperaba y el funcionario advirtió que los proyectos del Gobierno cuentan con el respaldo “de las mismas caras conocidas”.

Esta vez no hubo señalamientos. Porque el ausentismo en las bancadas de la U, el partido Conservador, el partido Liberal y Cambio Radical fue de similar en proporción.

El precedente no es bueno. Más aun cuando las iniciativas clave de la agenda no han llegado a las plenarias y el trancón legislativo propio de los últimos meses del año apunta a que las reformas de la salud, la ley del primer empleo, la de víctimas y restitución de tierras puedan ser afectadas por la indisciplina parlamentaria.

Los alcances del proyecto

Más allá del complicado trámite, la reglamentación de la reforma política busca blindar y hacer más transparentes las dinámicas de los partidos políticos y de las jornadas electorales.

Reglamenta el régimen de sanciones que la reforma política del 2009 incorporó con el propósito de castigar a las organizaciones políticas que permitan ser perneadas por la ilegalidad.

El proyecto establece que los partidos y los movimientos políticos responderán por toda violación o contravención de las normas que rigen su organización, funcionamiento y/o financiación, así como por las calidades morales de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, desde la inscripción hasta la terminación del período de los elegidos.

Las sanciones que prevé el proyecto van desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y hasta su disolución.

El proyecto no sólo establece una escala de sanciones aplicables según la falta de que se trate, sino que distingue entre sanciones administrativas aplicables por el Consejo Nacional Electoral y sanciones que afectan el derecho de asociación –como la cancelación de la personería jurídica y la disolución- que corresponde aplicar al Consejo de Estado en única instancia.

Vía libre a coaliciones

Entre los alcances novedosos del proyecto, daría vía libre a los procesos de selección de candidatos entre partidos políticos que decidan conformar una coalición, tanto por mecanismos internos como mediante consultas populares.

Este mecanismo, de cara a las elecciones del 2011, podría dar vía libre a que partidos políticos decidan apoyar a candidatos de otros partidos, sin que se contemple que con ello están incurriendo en prácticas como la doble militancia, que así mismo son sancionadas en este proyecto de ley.

También establece una fecha exclusiva, dentro del calendario electoral, para la realización de consultas populares de los partidos políticos.

Todos los partidos que quieran someterse a esta consulta para sus decisiones internas, como escoger candidato único a cualquier cargo uninominal, deberán hacerlo en la fecha que disponga la ley.

Esto significa, según el Gobierno, que en las consultas internas no podrán “meter la mano” los militantes de otros partidos, tal como se dice que sucedió en la elección del candidato presidencial del Partido Conservador, pues cualquier ciudadano, sin importar su partido, podría solicitar el tarjetón sin tener filiación con este partido.

Financiación de campañas y partidos políticos

Este es otro de los capítulos de mayor interés. El proyecto establece que la financiación de los partidos será mixta, el 80 por ciento estatal y el 20 por ciento de origen privado. El proyecto señala el sistema para la financiación estatal de las campañas, de reposición gastos por votos obtenidos y se regula el anticipo. El anticipo equivaldría al 50% del monto máximo de los gastos que se puedan realizar en las campañas respectivas.

Este proyecto establece que todos los recursos de las campañas deberán ser manejados en una cuenta corriente única que permita ejercer especiales control y vigilancia de todas las transacciones.

También reglamenta las sanciones de la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los topes máximos de gastos establecidos para su financiación.

A este proyecto le faltan dos debates en el Senado para convertirse en ley de la República.
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