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| 7/27/2010 12:00:00 AM

El último revolcón a la justicia que propone el gobierno Uribe

Además de convertir la Fiscalía en un órgano del Ejecutivo, el Gobierno propone la creación de un súper tribunal que investigue a altos dignatarios del Estado, y establece doble instancia para ellos.

La reforma a la justicia fue una de las asignaturas pendientes en los ocho años del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Ninguno de los ministros, a los que se les endosó la responsabilidad de hacerle ajustes a la administración de justicia, fue capaz de sacar adelante una reforma constitucional en el Congreso.

Ni Fernando Londoño, ni Sabas Pretelt, ni Carlos Holguín Sardi, ni Fabio Valencia Cossio consiguieron el consenso en el parlamento, ni con las altas cortes, para que un proyecto de tal magnitud superara los ocho debates para convertirse en reforma constitucional.

Es más, hace dos años, Fabio Valencia Cossio, tras una polémica discusión, se vio obligado a retirar y por la puerta de atrás una iniciativa semejante, pues el proyecto que radicó ante la Comisión Primera del Senado ni siquiera pudo superar un solo debate.

Pero de forma sorpresiva, y a menos de dos semanas de culminar su período, Valencia Cossio radicó un proyecto de acto legislativo que supone un auténtico revolcón a la justicia colombiana.

Porque, primero, busca que la Fiscalía se convierta en un organismo adscrito al poder ejecutivo y que el Fiscal General sea designado libremente por el Presidente de la República.

Pero, además, establece la creación de un súper tribunal que se encargue de la investigación y el juzgamiento de funcionarios aforados.

El Súper Tribunal

Ese súper tribunal, denominado Unidad de Investigación y Acusación para aforados constitucionales, estará compuesto por nueve “agentes acusadores”, elegidos para un período de cuatro años, de nueve ternas presentadas, tres por el Presidente de la República ante el Congreso en pleno, tres por el Congreso ante las altas Cortes y tres por las altas Cortes ante el Jefe de Estado.

Estos funcionarios, que administrarían un órgano independiente, y que tendrían un cuerpo especializado de policía judicial, investigarán y acusarán ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros, al Presidente de la República; al Vicepresidente de la República; a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura; al Procurador General de la Nación; al Contralor General de la República; a los miembros del Congreso; al Fiscal General de la Nación; a los Ministros del despacho; al Defensor del Pueblo; a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos; al Auditor General; a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular; a los gobernadores, y a los generales y almirantes de la fuerza pública, así se hayan retirado.

Este es un auténtico revolcón, porque, por ejemplo, al Presidente de la República lo investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y lo juzga el Congreso de la República.

Los ministros son investigados por la Fiscalía y acusados ante la Corte Suprema de Justicia; los miembros del Congreso, investigados y juzgados por la Corte Suprema, y los generales son investigados por la Fiscalía.

La doble instancia

El revolcón que propone el Gobierno establece la doble instancia para estos aforados. Pues según el proyecto, una sala especial integrada por tres magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia actuará como primera instancia, mientras que la Sala Penal de la Corte, en pleno, actuará como segunda instancia.

Actualmente, por ejemplo, los congresistas son investigados y juzgados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en única instancia, y bajo ese esquema han sido condenados varios parlamentarios a los que se les ha comprobado nexos con paramilitares o narcotráfico.

Con este proyecto, la investigación para los aforados sería competencia de la Unidad de Investigación y Acusación para aforados constitucionales, y su juzgamiento, en dos instancias, lo haría la Corte Suprema de Justicia.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, explicó que la creación de este súper tribunal tiene el propósito de “respetar y mantener el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos”.

Además, el proyecto le resta todas las facultades penales que tenía la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y la reduce sólo a un tribunal de carácter disciplinario.

¿Por qué trasladar la Fiscalía a la órbita del Ejecutivo?

Según el ministro Valencia Cossio, la propuesta de trasladar la Fiscalía a la competencia del Ejecutivo recoge una de las intenciones que, en campaña, formuló el hoy presidente electo, Juan Manuel Santos.

En su argumentación, el Ministro de Interior señala que la Fiscalía hace parte de la construcción de la política criminal del Estado, y por eso debe hacer parte del Ejecutivo.

Pero explica que los poderes judicial y legislativo, a través de marcos legales vigentes, establecen contrapesos suficientes para controlar el poder del Presidente de la República sobre la Fiscalía. “Las carreras fiscal, administrativa y de investigadores son un dique a la concentración de poder por parte del Presidente y preservan el equilibrio institucional”.

Democracias como la de Estados Unidos establecen que el Fiscal General depende del Ejecutivo y es el Presidente de la República el que se encarga de su libre nombramiento.

En el proyecto, el Gobierno fija como requisitos para ser Fiscal general las mismas dignidades y calidades que para ser magistrado de las altas Cortes, pero no establece que saldrá de una o varias ternas propuestas por la Corte Suprema, como lo proponía la Comisión Interinstitucional que recientemente le trasladó al Gobierno fórmulas para modificar el sistema de elección de este funcionario.

¿Es víable?

El proyecto, que consta de doce artículos, no está exento de polémica, más aún cuando el Gobierno lo radica en el Congreso a tan solo dos semanas de la posesión del nuevo Presidente.

Aún hay algunos interrogantes por despejar. Si este proyecto cuenta con el visto bueno de Juan Manuel Santos, quien anunció una reforma estructural a la administración de justicia. O si el articulado de la iniciativa contó con el beneplácito de la comisión de empalme del nuevo gobierno, que entre otras, ha adelantado un “diálogo constructivo” con el poder judicial.

Pero pocas son las opciones de que tenga trámite. Su principal defensor sería el ministro Valencia Cossio, quien radicó el proyecto con mensaje de urgencia, pero tiene apenas un par de semanas para lograr consensos, al menos para superar uno o dos de los ocho debates que necesita un acto legislativo para su aprobación. Muchos advierten que si el Ministro del Interior no lo consiguió en un semestre completo, cuando presentó la reforma judicial en el 2008, pocas opciones reales tendrá de hacerlo en seis días hábiles.

Lo cierto es que este proyecto se convertirá en un auténtico desafío para el nuevo Congreso, que se verá obligado a tramitarlo y tendrá que decidir si da vía libre o archiva esta iniciativa, la cual estudiará a la par del proyecto que ya cursa dos debates en el Legislativo y que busca restablecer el Ministerio de Justicia.
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