Elecciones con alto riesgo de cooptación de grupos ilegales

El procurador general, Alejandro Ordóñez, pronunció la frase concreta. Las próximas elecciones de octubre tienen un riesgo “latente” de que sean cooptadas por los grupos ilegales.
 
Esta afirmación la sustenta en que el denominador común de todos los mapas de riesgo electoral es que los casi 400 municipios donde se explota la minería son igual de vulnerables al fraude y la coacción en el proceso electoral.
 
Para Ordóñez la minería ilegal, sumada al narcotráfico, se han convertido en la principal fuente de financiación de las llamadas bandas criminales que emergieron del paramilitarismo y de las guerrillas de las FARC y el ELN.
 
La consideración la hizo en el primer foro ‘Por una Colombia bien gobernada’ que organiza la revista SEMANA en asocio con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Escuela Superior de administración Pública, Esap.
 
Para el general Alejandro Navas, comandante del Ejército, la principal amenaza para el ejercicio del derecho democrático siguen siendo las FARC, el ELN, las bandas criminales, reductos del EPL y hasta la delincuencia común.
 
Los grupos armados tienen poder rural y capacidad de perturbar el orden público, bloquear vías, por ejemplo, con retenes ilegales para impedir la movilidad de los ciudadanos que se dirigen a las mesas de votación. Las bandas criminales tienen la misma capacidad.
 
“Como es el mismo objetivo de alterar las elecciones ese poder de perturbación es igual en todos los grupos ilegales. Una bomba la puede colocar cualquier grupo y hasta delincuente común. Por eso constituyen la misma amenaza. Todos tienen la intención de perturbar”, dijo Navas.
 
El comandante del Ejército dijo que doscientos ochenta mil hombres de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conformarán el Plan Democracia para la jornada electoral del próximo 30 de octubre.
 
También mencionó que cerca de 111 municipios del país tendrán una vigilancia especial de la Fuerza Pública y las autoridades electorales.
 
El viceministro de Defensa, Rafael Guarín, con respecto a las Bacrim, dijo que quieren administrar territorios para incidir en sus fuentes de financiación. “De ahí la importancia de capturar las autoridades locales por parte de las bandas criminales, a través de las elecciones”.
 
El Gobierno coincide con la afirmación del procurador al señalar que son cuatro los principales factores de riesgo que pueden alterar el ejercicio democrático, donde se escogerán a las autoridades municipales y departamentales.
 
En el primer factor de riesgo se sitúan aquellos municipios que coinciden con la ubicación geográfica de las cadenas del narcotráfico: municipios donde se cultiva, se procesan y transportan, así como las zonas urbanas donde residen o tienen influencia testaferros y narcos.
 
El segundo factor de riesgo es donde, históricamente, se han presentado anomalías a los resultados electorales. Lugares donde, de forma extraña, nuevos actores de la política acumulan un elevado porcentaje de votación, o donde se encuentran casos extraños como un elevado número de tarjetones no marcados, para citar un par de ejemplos.
 
El tercer factor de riesgo es la influencia del conflicto armado. Allí se denominan municipios en alerta aquellos que coinciden con las zonas donde se registran mayor número de combates con la fuerza pública.
 
Mientras que el cuarto factor de riesgo son aquellos lugares de elevado potencial electoral, donde el alto censo permite que las trampas sean más fáciles de camuflar.
 
El viceministro de Interior, Aurelio Iragorri, dijo que 67 municipios del país coinciden en tener tres de los factores de riesgo enunciados, por lo cual son los que se han calificado de mayor riesgo.
 
Estos municipios han ocupado la atención del gobierno, señaló Iragorri, al afirmar que allí ya se inició la puesta en marcha del llamado Plan de garantías electorales, por parte de la cartera del Interior, y el llamado Plan Democracia, por parte del ministerio de Defensa, que buscan contrarrestar todas las anomalías que se prevén durante la campaña electoral que empezará a partir del mes de julio.
 
El viceministro del Interior también calificó como avance para la transparencia de los procesos democráticos las nuevas normas que contempla la reglamentación de la reforma política aprobada el semestre pasado en el Congreso.
 
Subrayó la depuración del censo electoral, al señalar que las mayores trampas se hacen con las cédulas de quienes nunca votan; el escrutinio inmediato y de forma paralela al preconteo, lo cual deja sin margen de acción a quienes pretenden alterar, después de la jornada, los resultados de votación y se elimina la manipulación de las actas; y finalmente, la creación de la Unidad Nacional de Delitos Electorales en la planta de la Fiscalía.