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| 8/16/2011 12:00:00 AM

Elecciones "van camino a ser ilegítimas" en varias regiones, alertan en el Congreso

Sectores políticos del Congreso coinciden en que el poder local puede ser infiltrado por grupos ilegales y plantean suspender elecciones en determinados sitios. Gobierno afirma que el blindaje de los comicios también es responsabilidad de los partidos, aunque Mininterior y Mindefensa muestran divergencias sobre el tema.

Más allá de las cifras sobre candidatos asesinados, secuestrados, o que han sido blanco de atentados y amenazas, sectores del Congreso alertaron sobre los riesgos que corren las próximas elecciones de octubre en varias regiones.

Camilo Romero, senador del Polo Democrático, se atrevió a calificar que las próximas elecciones “van camino de ser ilegítimas” porque las organizaciones armadas ilegales, guerrillas y bandas criminales –a las que denominó paramilitares– se la jugarán toda en octubre por apoderarse del poder regional.

Según Romero, el proceso judicial de la parapolítica, que llevó a la cárcel a decenas de congresistas por sus vínculos con los ilegales, lo único que hizo fue desarticular “las cabezas nacionales”, pero en las regiones, el poder local, a través de alcaldes y concejales, sigue vigente.

Incluso, denunció un ejemplo en el que el condenado exrepresentante Édgar Eulises Torres, quien pertenecía a Cambio Radical, sigue haciendo campaña política desde la prisión y favoreciendo aspiraciones políticas en su departamento, Chocó.

Romero dijo que la infiltración de las mafias en las campañas, a través de financiación, y compromisos subrepticios con candidatos, se verán en octubre en determinadas zonas del país.

Especialmente aquellas donde se van a aplicar las grandes reformas del actual gobierno. Dijo que hay 178 municipios donde se aplicará la Ley de restitución de tierras y que luego de aprobarse la reforma a la distribución de las regalías, serán más los municipios que recibirán recursos, sobre los cuales “las mafias están al acecho”.

Por eso, Romero cuestionó al Gobierno sobre qué medidas está aplicando, más allá de proteger candidatos y electores ante cualquier intimidación, para evitar “la cooptación de las mafias al poder local”.

La legitimidad es cuestión de los partidos

El Gobierno, en voz de los ministros de Defensa y de Interior, tuvo diferentes posturas frente al debate propuesto por el senador del Polo.

Rodrigo Rivera, ministro de Defensa, dijo que el Gobierno brindará todas las garantías de seguridad para los próximos comicios y adelantó investigaciones de inteligencia para detectar la infiltración de ilegales en determinadas candidaturas.

Rivera advirtió que la garantía y el blindaje de las elecciones también son responsabilidad de los partidos políticos. “Todo depende del nivel de consulta que hayan adelantado los jefes de los partidos y del acatamiento de las sugerencias que les transmitimos. Ante la mínima duda, han debido negar los avales”.

La afirmación de Rivera se produce en un nuevo contexto electoral. Tras la recién sancionada reforma política, los jefes de los partidos políticos recibirán duras sanciones si otorgaron avales a candidatos con vínculos con grupos ilegales.

Sin embargo, para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, la labor de depuración de los partidos ha sido eficiente.

“Atendimos 131.000 consultas de antecedentes y se descubrió que 2.223 tenían antecedentes, órdenes de captura vigentes o presuntas inhabilidades. Los partidos negaron y revocaron más de mil avales. Es decir, atendieron nuestra solicitud”.

A su vez, Rivera dijo que a pesar de la depuración con lupa que adelantaron los jefes de los partidos políticos, entre los candidatos finalmente inscritos (cerca de 103.000 en todo el país) “hay mucho colado”.

Vargas Lleras admitió que los “colados” pudieron hacerlo a través de candidaturas avaladas por firmas y no por partidos políticos con personería jurídica. En menos de una semana la Procuraduría informará sobre quiénes de los inscritos tienen inhabilidades, y el Consejo Nacional Electoral tendrá la facultad para revocar esas inscripciones.

El ministro del Interior dijo que antes la labor del Gobierno se concentraba en la preservación del orden público de las elecciones. Ahora, explicó, el esfuerzo del Estado por blindar las elecciones ha sido “descomunal y sin precedentes” y enfocado en la prevención de todo tipo de alteración del proceso democrático.

Rivera señaló que para las próximas elecciones hay 176 municipios en riesgo por violencia y otros 348 municipios en esa misma condición por actos de corrupción o por infiltración de mafias en la democracia.

Vargas Lleras consideró que el número de municipios en riesgo no supera 200, lo que coincide con otros mapas de riesgo como el de la Defensoría del Pueblo, con los que hay coincidencia en casi el 97 por ciento, según el funcionario.

Por el contrario, el senador Camilo Romero señala que son 978, casi el 95 por ciento de los municipios del país, los que se encuentran en riesgo electoral, según su investigación a todos los mapas de riesgo, incluidos los de la Misión de Observación Electoral y la fundación Nuevo Arcoíris.

Piden suspensión de elecciones en varios sitios

Las respuestas del ministro de Defensa no calmaron los ánimos entre los partidos políticos.

Juan Lozano, presidente del Partido de la U, cuestionó que las medidas de protección son para candidatos privilegiados, pero en determinadas zonas del país, con influencia de actores armados, los candidatos son muy vulnerables.

Por eso le dijo al ministro de Defensa que una actitud responsable del Gobierno sería suspender las elecciones en sitios de alto riesgo para asegurar el territorio, y luego convocar elecciones atípicas. “No podemos ir a elecciones donde haya indicios de que no serán libres y el poder local no está en riesgo de ser cooptado”.

Rivera dijo que no habrá lugar a la suspensión de las elecciones y aseguró que en aquellos lugares del país donde hay información sobre presunta infiltración de ilegales, el asunto debe ser “una cuestión de honor” para la fuerza pública, que deberá garantizar la realización de los comicios.

Pero Vargas Lleras afirmó que si bien no se piensa suspender elecciones, “no se descarta” que el presidente de la República, un mes antes de los comicios, pueda hacer uso de esa facultad.

Mininterior sugiere a Mindefensa actuar ya

Ante los temores de los partidos políticos para las elecciones de octubre, el Gobierno adelantará el llamado Plan Democracia, diseñado para garantizar el orden público en el proceso democrático.

Dicho Plan se despliega un mes antes de los comicios. Por eso Vargas Lleras le sugirió a Rivera que lo recomendable sería poner en marcha esa estrategia de forma inmediata, para desplegar pie de fuerza en el terreno y blindar toda la campaña electoral.

“Sé que cuesta mucho dinero, pero frente a las circunstancias que se están advirtiendo, doctor Rivera, debería evaluar el anticipo del Plan Democracia”.

Controversia por cifra de candidatos asesinados

Con datos de la Misión de Observación Electoral, el senador Camilo Romero dijo que la violencia contra candidatos se ha incrementado en 65 por ciento respecto de las elecciones del 2007. Y aseguró que desde el 26 de febrero hasta el 12 de agosto, han sido 28 los candidatos asesinados, siete de ellos en el mes de julio.

Según las cifras reveladas por Romero en el Congreso, 13 candidatos a alcaldías, 13 al concejo y dos líderes locales fueron asesinados. De ellos, 10 pertenecían al Partido Conservador, cinco al Liberal, tres sin partido definido, dos del PIN, dos de la U, dos de Cambio Radical, uno de Aico, uno del movimiento MIO, y uno de Alianza Indígena.

Los departamentos donde se han producido estos crímenes son Valle del Cauca (6), Antioquia (5), Córdoba (4), Cauca (3), Norte de Santander (2), Putumayo (2) y Risaralda, Tolima, Cesar, Nariño, Huila y Sucre (uno en cada uno).

El Gobierno controvirtió esas cifras. El ministro de Defensa y el ministro del Interior coincidieron en que las autoridades están investigando si esos crímenes se cometieron por participación política en el debate electoral, o si se trató de otro tipo de “asuntos personales”. En todo caso, rechazaron que se haya producido este elevado número de homicidios.
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