El expresidente Álvaro Uribe lleva varias semanas tratando de convencer al Congreso para imponer una 'salvaguarda' al marco legal para la paz. Les ha pedido a los senadores de La U y del Partido Conservador evitar que el proyecto abra las puertas a que los cabecillas de las guerrillas puedan ser "elegibles" o que pudieran hacer política después de abandonar las armas.

Este miércoles, cuando se conoció la ponencia para penúltimo debate, Uribe reiteró esa preocupación. En su cuenta de Twitter consideró que el marco para la paz, al contemplar "(…) la suspensión total de la ejecución de la pena al delito atroz es impunidad y permitiría elegirlos. Se requiere modificar texto", recomendó al referirse nuevamente a la posibilidad de que los cabecillas de las FARC pudieran ser elegidos.

Sin embargo, Roy Barreras controvierte la tesis y dice que el marco para la paz no establece elegibilidad a los máximos cabecillas, pero admite que no impide que tengan "vocería política": "Cualquier ciudadano colombiano, si está dentro de la democracia, puede opinar, participar, reunirse, movilizarse políticamente, pero no puede ser elegido si está condenado por este tipo de delitos".

Barreras explicó que la puerta para que los desmovilizados tengan vocería política se abre con un nuevo artículo, incluido en la ponencia, señala que después de consagrado el marco para la paz, una ley estatutaria "regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efectos de la posibilidad de participar en política".

Pero lo curioso del asunto es que hoy Uribe se opone a que los cabecillas de las FARC puedan hacer política, pero hace diez años, cuando aspiraba a llegar a la Presidencia, les hizo el mismo ofrecimiento a los grupos ilegales.

Así quedó consignado en el llamado "Manifiesto Democrático", que en 100 puntos trazó la hoja de ruta de lo que sería su gobierno, el primero que se extendió por ocho años.

En el punto 41 de ese manifiesto, Uribe se calificó como "amigo del diálogo con los violentos para hacer la paz". Además ofreció a los grupos armados ilegales "generosidad en la reinserción", mediante "condiciones para que abandonen las armas y hagan valer sus ideas en los escenarios de la democracia", y "garantías para que pudieran hacer política". Pero nunca puso las salvaguardas actuales, como las que este ofrecimiento no pudiera cobijar a cabecillas o jefes de los grupos armados ilegales.

Lo que va del 2002 al 2012
 
Eran otros tiempos. Hace diez años, a pesar del fracaso de las negociaciones del Caguán, los procesos de paz nunca se apartaron de la agenda política.
 
Por eso Uribe, como candidato, no sólo ofrecía su política de "mano firme", sino que la acompañaba de lo que él mismo denominaba "corazón grande". Pero fueron sus ocho años de gobierno, en los que las FARC empezaron a ser golpeadas, los que significaron que las salidas negociadas perdieran su trascendencia en la agenda política.
 
Si en el 2002 las negociaciones eran un escenario cercano, diez años después podría ser entendida como un mensaje de debilidad del Estado frente a los grupos violentos.

Hoy el marco para la paz pretende ofrecer condiciones a la guerrilla para que, después de un eventual proceso de paz, se desmovilicen pero también cumplan con propósitos de justicia, verdad y reparación.

Excarcelaciones a militares

El proyecto, que será discutido la próxima semana en la Comisión Primera del Senado, también incluye otras modificaciones. Establece que se podrán otorgar beneficios jurídicos, como la excarcelación, a todos los actores del conflicto armado, incluidos los miembros de las Fuerza Pública y los máximos cabecillas de grupos ilegales.

"Este marco de justicia transicional, a cambio de toda la verdad, la reparación a las víctimas, de la no repetición, de la desmovilización, de la eliminación del secuestro y el terrorismo, a cambio de la paz, es capaz de entregar figuras alternativas, inclusive la excarcelación, a todos aquellos que sean cobijados por la norma", afirmó Barreras en una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio.

El Punto 41 del manifiesto uribista

"Soy amigo del diálogo con los violentos, pero no para que crezcan sino para hacer la paz. Pediré mediación internacional para buscar el diálogo con los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del terrorismo y cese de hostilidades".
 
"Para el desarme y la desmovilización puede haber todo el plazo que se requiera. Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para los acuerdos finales. Toda la generosidad en la reinserción. Garantías efectivas para el ejercicio político de quienes provengan de los grupos armados; que hagan política sin armas y sin que los asesinen"
 
"Que no se repita la experiencia de la Unión Patriótica donde confluyeron dos errores: primero, combinar la política con los fusiles, cuando los argumentos son las únicas armas válidas de la lucha democrática; y, segundo, la falta de mayor determinación por parte del Estado para proteger a los militantes políticos. La agenda temática de la democracia no se debe negociar bajo la presión de los fusiles, pero a quienes los portan se debe ofrecer condiciones para que los abandonen y hagan valer sus ideas en los escenarios de la democracia".