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| 11/22/2011 6:00:00 PM

¿Está preparado el Gobierno para aplicar la Ley de Víctimas?

Seis meses después de la aprobación del proyecto en el Congreso, el Gobierno diseña un decreto que reglamenta la aplicación de los objetivos. Pero los autores de la ley alertan que el Estado aún no está preparado. El 1 de enero debe empezar la aplicación de la ley.

Hace seis meses, el 24 de mayo exactamente, el país y la comunidad internacional recibieron con júbilo la aprobación en el Congreso de la Ley de Víctimas. La legislación más ambiciosa de las reformas impulsadas por el gobierno de Juan Manuel Santos.
 
La ley obliga al Gobierno a adecuar, en el lapso de seis meses, todas las instituciones del Estado para garantizar la reparación integral a cerca de cuatro millones de víctimas del conflicto armado.
 
En ese tiempo, tal como lo señala el artículo 175 de la ley, el Gobierno tiene la obligación de diseñar un decreto que reglamente su aplicación.
 
Pero los autores y ponentes de la ley en el Congreso, que han venido adelantando un juicioso seguimiento al diseño de este decreto, alertan que el Gobierno aún no está listo para aplicar los alcances de la ley, los cuales se deberán empezar a consagrar el próximo 1 de enero del 2012 y por un espacio de diez años.
 
El senador Juan Fernando Cristo (Partido Liberal), autor de la ley y quien preside la comisión de seguimiento en el Congreso, considera que a pesar del compromiso reiterado por el Gobierno, la aplaudida Ley de Víctimas se podría quedar sólo en el papel y generar expectativas en el universo de víctimas del conflicto que a la postre no se puedan cumplir.
 
Así se lo expresó a Semana.com luego de analizar el borrador del decreto reglamentario que el Gobierno ha venido diseñando.
 
Según Cristo, el decreto debe ser el plan específico para la reparación a las víctimas, y el borrador del documento no es ese plan. “hay que mejorarlo y especificarlo (…) debe definir con precisión cómo serán atendidas las víctimas del conflicto y cómo estarán articuladas las instituciones del Estado”. A poco más de un mes de la aplicación de la ley, eso aún no está definido.
 
Los reparos al decreto
 
Además del grueso del articulado, el decreto reglamentario es quizás el documento más importante de la Ley de Víctimas. Y según el análisis hecho al borrador, el Congreso considera que este puede ser desbordado por los propósitos de la reparación a las víctimas.
 
Dice la comisión de seguimiento que el borrador del decreto no incluye metas concretas, el presupuesto para alcanzarlas ni los mecanismos de transferencia y ejecución.
 
Según el senador Juan Fernando Cristo, esto muestra que algunos ministerios y dependencias del Gobierno, en especial el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, “aún parecen no notificarse del compromiso del presidente Juan Manuel Santos con los cuatro millones de víctimas del conflicto”.
 
Además excluye algunos principios de la Ley de Víctimas, como los de buena fe, reparación integral, coherencia externa e interna y enfoque diferencial.
 
El borrador del decreto incluye nuevas definiciones y reinterpreta otras que fueron señaladas por el congreso en el diseño de la ley.
 
Otra de las preocupaciones es que el borrador del decreto señala que las medidas de indemnización y restitución de tierras “serán reglamentados de forma posterior e independiente”.
 
Para la comisión de seguimiento, esto significa que la aplicación de la Ley de Víctimas se podría dilatar y sus objetivos posponerse.
 
Otro de los reparos que hacen en el Congreso es que las nuevas instituciones que crea la ley para su aplicación aún no están plenamente articuladas con el proceso de modernización del Estado que culminó el pasado 4 de noviembre con la firma de cerca de 80 decretos.
 
Incluso, advierten que tras esa reforma del Estado aún no se ha instalado el Comité Ejecutivo, encargado de liderar por diez años la política en materia de reparación a las víctimas.
 
El borrador del decreto establece que todo proceso de restitución de tierras y reubicación de las víctimas debe ser acompañado, por motivos de seguridad, por la fuerza pública, que “se encargará de garantizar la seguridad física de los retornados o reubicados, a través de la presencia del Ejército y la Policía”.
 
Para Cristo, la medida es buena en el papel, pero no se establece cómo funcionará el proceso de restitución. “No establece en qué regiones van a comenzar, cuáles son las zonas prioritarias, de cuántas hectáreas se dispone y tampoco define metas concretas en esta materia”.
 
Otra de las preocupaciones es que en el diseño del decreto el Gobierno nacional no ha consultado con los entes territoriales, encargados de aplicar la Ley de Víctimas en las regiones.
 
La sugerencia que hace el Congreso es “no expedir” el decreto sin antes adelantar un diálogo directo con alcaldes y gobernadores electos. También piden garantizar una mayor participación de las víctimas en la construcción de estos decretos.
 
El 1 de enero empieza la Ley de Víctimas: Gobierno
 
Ante este panorama, el Gobierno ratificó su compromiso con la reparación a las víctimas y la restitución de tierras.
 
Juan Carlos Esguerra, ministro de Justicia, se comprometió a atender las observaciones hechas por el Congreso y afirmó que “todo estará listo” para que la Ley de Víctimas se aplique desde el 1 de enero del año próximo.
 
“Estamos trabajando intensamente en la elaboración de los decretos que deben reglamentar la ley para que ella puede ponerse en ejecución pronto y con el pie derecho, eso es lo que importa”.
 
Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, aseguró que el programa de restitución de tierras ya está avanzado y que las primeras oficinas se están poniendo en marcha. “Estaremos listos para el 1 de enero”, aseguró.
 
10 de diciembre, los decretos
 
Vargas Lleras también informó que los decretos deben ser expedidos antes del 10 de diciembre, fecha en la cual se vence el plazo para hacerlo.
 
“El 10 de diciembre vencen las facultades para dos cosas: la primera, para expedir el decreto reglamentario en todos los aspectos que va a poner en marcha, a partir del 1 de enero del 2012 la Ley de Víctimas; y, la segunda, para expedir con fuerza de ley los decretos que conciernen a la aplicación de esta misma ley en las comunidades afrocolombianas e indígenas”, reveló el jefe de la cartera política.
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