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| 8/8/2011 12:00:00 AM

Estado pedirá perdón por el homicidio de Manuel Cepeda

Será la primera vez que un gobierno reconozca la responsabilidad del Estado en la muerte de un dirigente político de oposición. El gobierno Uribe acató la sentencia pero no hizo ese reconocimiento. Ministro del Interior, el encargado de pedir perdón.

Pocas veces se reúne el Congreso en pleno. Según la Constitución, lo hace para posesionar al presidente de la República, para iniciar cada periodo de sesiones, o para elegir magistrados de altas cortes, al procurador y al contralor, entre otras.
 
Pero este martes 9 de agosto, el pleno del Legislativo se reunirá de forma excepcional con un propósito distinto. Para que el Estado pida público perdón por el asesinato del excongresista de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas.
 
Hace poco más de un año, el 23 de junio del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado colombiano y lo condenó por ese homicidio.
 
La sentencia, según el hijo del dirigente, Iván Cepeda -hoy representante a la Cámara-, “señala que el caso del senador Manuel Cepeda es el de un crimen de Estado. Fue objeto de una estructura organizada en la que participaron altos mandos militares, miembros de la fuerza pública y miembros y jefes de grupos paramilitares”.
 
Esta fue la primera condena al Estado colombiano por el homicidio de un dirigente político de oposición. Y en la sentencia, que va más allá que una indemnización, obligó al Estado a pedir perdón por este crimen.
 
Iván Cepeda dice que el de este 9 de agosto será el primer acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso de un líder político de oposición. Por eso, asegura, “tiene un alto valor. Es un símbolo de búsqueda de la reconciliación pero también el reconocimiento que el exterminio de la Unión Patriótica fue un crimen político”.
 
Este reconocimiento se hace 14 meses después de proferida la sentencia. En ese entonces, el presidente Álvaro Uribe acató el fallo de la justicia internacional, pero no reconoció que el homicidio de Cepeda hubiera sido un crimen de Estado.
 
Fue en una rueda de prensa (el 24 de junio del 2010). Allí Uribe, como jefe de Estado, pidió perdón a los familiares de Cepeda, pero aclaró que él no podía “decir que el Estado asesino al senador Cepeda o al uno o al otro. Lo que sí puedo decir es que los asesinaron y que eso es muy grave y no puede volver a repetirse”.
 
Cepeda recordó que ese reconocimiento fue insuficiente y además lo calificó como “un desafío” a la sentencia de la CIDH, quien además obligaba que el acto de público reconocimiento se haría en el Congreso de la República.
 
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, será el encargado de pedir perdón. Dijo que para el Estado realizar este acto público de reconocimiento de responsabilidad es “una manifestación inequívoca de su voluntad de cumplir con sus obligaciones internacionales y con las sentencias proferidas por el Honorable Tribunal Interamericano”.
 
Vargas Lleras también aseguró que el acto representa una “importante oportunidad para dirigirse directamente a los familiares de la víctima en la búsqueda de la reconciliación y la paz, para garantizar su reparación integral y declarar enfáticamente que rechaza este tipo de hechos, que trabaja constantemente para que acciones como estas no se vuelvan a repetir y, además, con convicción adelanta diferentes programas para la protección de los Derechos Humanos”.
 
"Es sólo el primer paso"
 
Iván Cepeda calificó este acto simbólico como un primer paso de reparación, y aunque advirtió que es un deber de la Nación, reconoció la “voluntad política” del actual gobierno por hacerlo.
 
Sin embargo, el representante dijo que aún falta que la justicia colombiana procese a todos los responsables para acatar en su integridad la sentencia de la CIDH.
 
Pero Cepeda también insistió en que uno de los actos de reparación sería reestablecerle la personería jurídica al movimiento político Unión Patriótica, que, tras el crimen de cientos de sus dirigentes y militantes, no ha vuelto a comparecer en elecciones.
 
La sentencia de la CIDH obligó al Estado a pagar una indemnización de 330.000 dólares a los familiares de Manuel Cepeda Vargas. Un dinero que, según el hijo del senador, sirvió para el fondo que busca garantizarles educación y salud a hijos y nietos de desaparecidos dirigentes de la UP.
 
Otras de las disposiciones del tribunal internacional fue la realización de una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y el rol político del senador Cepeda Vargas. También otorgar una beca con el nombre de Manuel Cepeda Vargas.

El caso Cepeda
 
El asesinato de Manuel Cepeda se produjo el 9 de agosto de 1994, luego de que resultó elegido como senador por la Unión Patriótica para el periodo 1994-1998.
 
En 1993, Cepeda denunció la existencia del plan denominado “Golpe de Gracia”, que tenía como objetivo eliminar a los dirigentes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y solicitó que se instrumentaran medidas de seguridad para proteger a varios dirigentes de estas colectividades.
 
La ejecución de dicho plan empezó con el asesinato de José Millar Chacón, secretario del Partido Comunista, el 25 de noviembre de 1993.
 
El 9 de agosto de 1994 cerca de las 9 a. m., cuando el Cepeda se dirigía al Congreso de la República acompañado de su conductor y de su escolta, fue interceptado por varios individuos, entre ellos los sargentos del Ejército Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador, quienes hicieron varios disparos que impactaron en el vehículo y asesinaron a Cepeda.
 
El Estado de Colombia ha reconocido que el senador Manuel Cepeda se encontraba amenazado de muerte. El 8 de agosto de 1994 el senador recibió una carta con una lista en la que figuraba su nombre y en la que se señalaba que él y otros líderes políticos serían ejecutados.
 
Estas muertes se sumaron a los asesinatos de más de 3.000 militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista desde la década del 80, entre quienes se encontraban candidatos presidenciales, parlamentarios y alcaldes pertenecientes a estos movimientos políticos.
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