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| 11/17/2010 12:00:00 AM

Estatuto anticorrupción no será Ley en 2010

Aunque el Congreso inició el trámite del proyecto, el Gobierno no podrá empezar el año con las nuevas herramientas jurídicas para combatir la corrupción.

El pasado 7 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos presentó su primer proyecto de ley: el estatuto contra la corrupción. Ese día, en compañía de los organismos de control del Estado, dijo que se trataba de un conjunto de herramientas que enfrentarían “el verdadero desastre del país” y por eso le pidió al Congreso darle celeridad a su trámite.
 
El objetivo del Presidente de la República era contar con estas nuevas herramientas para combatir la corrupción a más tardar en el mes de diciembre. Pero su propósito tendrá que aplazarse.
 
Si bien este miércoles, tres meses y medio después de aquel anuncio, empezó la discusión del proyecto, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, admitió que el estatuto anticorrupción no será Ley de la República el próximo 16 de diciembre, cuando culmine el periodo legislativo.

“Claro que hubiéramos preferido que fuera ley en diciembre, pero nos daríamos por bien servidos si para esa fecha termina su aprobación en el Senado”, dijo Vargas Lleras al inicio de la discusión del proyecto.

Por eso, el nuevo objetivo del Gobierno es que en marzo de 2011, el primer proyecto que apruebe la Cámara de Representantes sea el conjunto de iniciativas contra la corrupción. Ese es el nuevo mensaje del gobierno.

Pero si el proyecto era urgente para el Gobierno, ¿por qué no lo cobijó con menaje de urgencia? La respuesta del Ministro del Interior es que no era conveniente que ninguno de los proyectos de las comisiones primeras de Senado y Cámara se debatieran conjuntamente, pues con el cúmulo de iniciativas que cursan en esas comisiones un mensaje de urgencia hubiera obstaculizado más el trámite de la agenda.

Sin embargo, aún no es claro que ese nuevo objetivo, de tener el estatuto en el mes de marzo, se pueda cumplir.
 
El ambicioso proyecto, que pretende endurecer las sanciones y eliminar beneficios jurídicos a quienes incurran en delitos contra el patrimonio del Estado, es uno de los más extensos de cuantos discute el Congreso.

En total son 98 artículos que, según los congresistas, serán discutidos con profundidad. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Primera, senador Eduardo Enríquez Maya fue concluyente: “no vamos a hacer uso del pecaminoso ‘pupitreo’, sólo haremos uso de la razón”.

Cuando el proyecto inició su discusión fueron muchas las observaciones de los congresistas. Incluso, seis senadores -Karime Mota, Juan Carlos Vélez y Carlos Guillermo Soto (La U), Iván Moreno (Polo), Jorge Londoño (P. Verde) y Roberto Gerlein (P. Conservador)- presentaron impedimentos para discutir el proyecto. Tan solo fue aceptado el de Gerlein, y de haber aceptado los demás probablemente se abriría la puerta para que en la plenaria fueran más los impedimentos.

La plenaria del Senado no fue convocada para este martes, con lo cual la Comisión primera se ocupó de este proyecto. Sin embargo, no pudo ser aprobado. Por el contrario, una nueva subcomisión fue designada para consensuar la ponencia, con el propósito que el martes fuera aprobado por la Comisión.

La situación no es favorable para el Gobierno. Aunque el debate público que ha rodeado el trámite de este estatuto ha obligado a que los congresistas se comprometan a que la discusión sea más profunda, podría dilatar otros proyectos que están en fila.
 
La reglamentación de la reforma política podría ser el más perjudicado. El Gobierno tiene la intención que esta reglamentación salga en diciembre, pues tendrá que ser objeto de estudio constitucional por parte de la Corte, un trámite que podrá ocupar seis meses. Si se dilata, las próximas elecciones de 2011 no podrían incluir los ajustes que se han contemplado.
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