Lunes, 15 de septiembre de 2014

| 2012/12/21 00:00

Eutanasia y matrimonio gay: los grandes retos del Gobierno

En el 2013, el Congreso no podrá eludir la decisión final sobre estos temas controvertidos. El Gobierno, por ahora, no plantea ser protagonista decisivo.

. Foto: Archivo SEMANA

La eutanasia y el matrimonio gay son las dos decisiones ineludibles para el Congreso en el 2013. No serán fáciles de resolver. Porque más allá de un debate político, estos temas controversiales polarizan no sólo a la opinión pública, también a los partidos políticos.

La Corte Constitucional, en dos sentencias, exhortó al Congreso a “legislar en la materia”. Respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, fijó un plazo máximo para el 20 de junio del año entrante. Si el Congreso no toma decisión, cualquier pareja podrá, después de esa fecha, acudir a un notario para contraer matrimonio.

Todo apunta a que la decisión final será “autónoma” del Congreso, pues el Gobierno ha dejado entrever que no fijaría una postura sobre el tema. Al menos por ahora. En el capitolio saben que un pronunciamiento del Ejecutivo será definitivo para resolver el debate.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dio puntadas sobre cuál será la posición del Gobierno en el caso de que participe en el debate.

Sobre la eutanasia, dijo Carrillo, el Gobierno tendrá como referencia “exclusivamente” la sentencia de la Corte Constitucional, tribunal que en 1997 advirtió que en el país, el derecho a vivir de forma digna también incluye el de morir dignamente. Es decir, que ninguna persona estará condenada a prolongar su existencia en contra de su voluntad.

Pero el ministro del Interior califica de “riesgoso” “ir más allá de esa sentencia”. Lo dice porque el proyecto que está en trámite en el Congreso define a la eutanasia como “la terminación intencional de la vida por otra persona, esto es, un tercero calificado, el médico tratante, de una forma digna y humana, a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente que esté sufriendo intensos dolores, continuados padecimientos o una condición de gran dependencia y minusvalía que la persona considere indigna a causa de enfermedad terminal o grave lesión corporal”.

Esta postura tiene su oposición política en el Partido Conservador, un sector del Partido de La U, y sobre todo en la Iglesia católica. Estos sectores defienden la tesis que la eutanasia sólo puede ser concebida como la decisión de pacientes terminales de no recibir tratamientos paliativos que prolonguen su vida, pero no la definición que abriría las puertas a lo que se ha llamado como “el suicidio asistido o el homicidio por piedad”.

Frente al matrimonio igualitario y de asumir una posición, el Gobierno apelará a lo que “viene sucediendo en el mundo”, donde varios países han aprobado el matrimonio igualitario, pero también a la “tradición jurídica” del país, según el propio Carrillo.

En este asunto el debate es si al modificar la definición de matrimonio, para que la ley colombiana permita las uniones entre personas del mismo sexo, se abre la posibilidad a un cambio de concepción en el modelo de familia.

Según como se está discutiendo en el Senado, el código civil definiría el matrimonio como "un contrato solemne por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo hacen una comunidad de vida permanente y singular, con el fin de convivir, procrear o auxiliarse mutuamente”.

Los opositores señalan que esta redacción está modificando la concepción de familia establecida por la Constitución del 91, que en su artículo 42, y al definir la familia, como “núcleo fundamental” de la sociedad, “se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

La postura que se le reclamará al Gobierno es si esta definición de familia obedece a la “tradición jurídica” a la que se refiere Carrillo.

En el 2013, la influencia del Ejecutivo en estos dos temas controversiales podría ser definitiva. Hace un año, en la discusión sobre el aborto, el Gobierno optó por no interferir en el debate parlamentario, el cual concluyó con el archivo de la iniciativa del Partido Conservador de penalizar el aborto. En ese caso, la sentencia de la Corte Constitucional, que permitió la interrupción del embarazo en tres casos específicos, fue determinante para la discusión.                                                             

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