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| 10/5/2012 12:00:00 AM

Examen médico a los gobernantes: otro vacío de la Constitución

El Congreso tiene que declarar la incapacidad permanente del presidente y el vicepresidente, pero no hay ninguna norma que obligue a los gobernantes a certificar su estado de salud. Angelino viola la ley si no se somete al escrutinio de los médicos.

Según la Constitución y la ley que reglamenta el funcionamiento del parlamento colombiano, el Congreso es la única institución del Estado que puede "reconocer y declarar" el estado de incapacidad física permanente del presidente de la República.

Para hacerlo, se necesita una certificación científica que declare dicha incapacidad y que sea expedida por "tres facultativos de la más alta calidad científica", cada uno de ellos designados por la Academia de Medicina y el Tribunal de Ética Médica.

Esa norma también cobija al vicepresidente de la República por la sencilla razón de que la Constitución del 91 señaló a dicho funcionario como quien, en primer orden, debe remplazar al jefe del Estado en caso de una ausencia absoluta y definitiva.

Pero lo que las normas nunca señalaron de forma explícita es en qué momento se puede certificar el estado de salud de los gobernantes. Ningún artículo de la Constitución, y ninguna ley de la República, obliga al presidente a certificarlo periódicamente. Tampoco al vicepresidente.

Es por eso que el vicepresidente Angelino Garzón, quien actualmente está en un periodo de incapacidad temporal, tras haber superado un accidente cerebral que lo tuvo varias semanas en estado de coma inducido, se opuso al examen médico que la plenaria del Senado ordenó practicarle para comprobar si está o no en capacidad de ejercer sus funciones, una de ellas, remplazar al presidente de la República.

Dice Angelino que no puede someterse a ese examen sencillamente porque el presidente, Juan Manuel Santos, no tiene incapacidad física permanente. Es decir hoy no hay ninguna razón para certificar su estado de salud porque no va a ser presidente de la República.

Otra interpretación es la del presidente del Senado Roy Barreras, quien considera que ningún ciudadano tiene la vida comprada y que la salud de los gobernantes es un asunto de Estado. Se acoge a que la Constitución le da plenas facultades al Senado para declarar la incapacidad del vicepresidente y escoger una persona en su reemplazo.

Si el Congreso es el encargado de declarar el estado de incapacidad física permanente del presidente o el vicepresidente, ¿puede ordenar un examen científico a los gobernantes? ¿Deben acatar esa orden los funcionarios? Las normas son susceptibles a cualquier interpretación.

El expresidente de la Corte Constitucional, exmagistrado José Gregorio Hernández defiende la tesis de que el presidente Juan Manuel Santos no se encuentra en una causal de falta absoluta y ni siquiera transitoria en el ejercicio de su cargo, por lo que no se tiene que apelar al vicepresidente para que lo reemplace.

Por esa razón, Hernández considera que no es el momento para certificar si el vicepresidente Angelino está o no en capacidad física para reemplazar al presidente.

“El Senado no está forzado a decidir ahora sobre ese particular porque el presidente Santos no esta incurso en una falta absoluta. Segundo, el vicepresidente Angelino esta incapacitado transitoriamente.

El excongresista Darío Martínez, experto en Constitución y reglamento del Congreso, dice que la ley es clara al establecer que el Senado puede verificar los casos de incapacidad absoluta o relativa del vicepresidente a través de unos exámenes médicos que los realiza la Academia de Medicina.

Martínez dice que esa facultad le permite al Senado a pedir esa certificación médica, como en efecto se hizo. Y aunque en la Constitución y en la ley no se menciona la obligación del vicepresidente para someterse a dichos exámenes, el excongresista sí considera que Angelino Garzón está en el deber de acatarlos. De lo contrario, podría incurrir en una falta disciplinaria.

¿Quien definirá la controversia? Por un lado, dice Martínez, la Procuraduría podría remitirse al código único disciplinario para advertir si Angelino Garzón no está cumpliendo con la ley. La otra vía, como dice José Gregorio Hernández, es que la ley sea explícita.

Para futuros escenarios similares, en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley que establece la obligación de todos los gobernantes a certificar cada año su estado de salud.

Es un proyecto del expresidente del Partido de La U, senador Juan Lozano, y tiene como propósito que de encontrársele alguna enfermedad grave a cualquier mandatario de turno, que le impida el desarrollo de su gestión, sea obligado a separarse del cargo.

Pero el proyecto no sólo se concentra en los presidentes. También busca que esta disposición sea aplicable para el vicepresidente, gobernadores y alcaldes, ministros, directores de departamentos administrativos y los oficiales que conforman la cúpula militar.

De convertirse en Ley (ya fue aprobado por el Senado, falta el visto bueno de la Cámara) obligaría a todos estos servidores a practicarse un examen médico cada año con el único propósito de que se pueda demostrar científicamente que están en capacidad para ejercer las funciones de sus cargos directamente y no por interpuestas personas.

El proyecto establece que aquellos dirigentes del país que sufran de enfermedades neurodegenerativas, cognitivas o aquellas que afecten de manera severa la capacidad física o mental, "no están en condiciones de gobernar".

Para Juan Lozano, la salud de los mandatarios "es un tema de Seguridad Nacional que permite proteger la soberanía nacional, cuando quienes están encargados de protegerla -en todos los niveles del Estado- no tengan las condiciones para hacerlo” pues si se mantienen en el ejercicio de sus funciones, considera el senador, “ponen en peligro la misma existencia del Estado”.

Aunque no es el caso del vicepresidente, que aunque está disminuido en su capacidad motriz, no tienen ninguna incapacidad mental que se conozca para ejercer el cargo.
El otro ángulo de esta discusión es si someter a Angelino a este examen pericial médico científico es respetuoso con su condición humana.

El dirigente vallecaucano Carlos Fernando Motoa, vocero de Cambio Radical, le dijo a SEMANA que la decisión de la plenaria del senado, de ordenar la evaluación médica, es precipitada e imprudente porque la Constitución se refiere a que se reclamarán este tipo de certificaciones para comprobar la incapacidad absoluta. “Este no es el caso del vicepresidente Angelino”, aseguró Motoa.

Angelino Garzón, en declaraciones a Caracol radio, insinuó que sólo acataría la orden de practicarse los exámenes si el presidente Juan Manuel Santos se lo ordena. De momento se desconoce el paso a seguir del presidente del Congreso, quien quedó desautorizado por el vicepresidente de la República.
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