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| 12/10/2009 12:00:00 AM

A favor y en contra de la ley que prohíbe la dosis mínima

Defensores y detractores de la ley contra el porte y consumo de una dosis personal de droga que aprobó el Congreso dieron sus argumentos. Gobierno dice que así se ataca el problema desde la pata.

La aprobación en el Congreso a la reforma constitucional que prohíbe el porte y consumo de la dosis mínima de droga generó opiniones encontradas. Esta mañana promotores de la Ley defendieron los logros del acto legislativo y explicaron qué logrará Colombia con este paso. Sin embargo, algunos aseguraron que la Ley no ataca el problema de fondo y por lo tanto no controlará el expendio de droga en el país.

En diálogo con La FM, el vicepresidente de la República, Francisco Santos aseguró que la ley aprobada por el Congreso le permitirá a las autoridades controlar el micro tráfico de estupefacientes y que estas medidas disminuirán el consumo.

Explicó, que aunque la ley no condenará al consumidor, sí aplicará algún correctivo jurídico. “Combatiremos uno de los elementos más nocivos de la seguridad pública como es el micro narcotráfico, que era aprovechado por la falta de legislación que teníamos (...) fue por esto que pasamos de un país de consumo bajo, a uno de consumo medio. La Ley nos va permitir atacar a los jíbaros de manera más efectiva”. Escuche qué se logrará con esta Ley y por qué era necesario su aprobación

El proyecto que fue aprobado por la plenaria del Senado contó con 60 votos a favor y 14 en contra y reformará el texto del artículo 49 de la Constitución, quedando de la siguiente manera: “El porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto".

La iniciativa, que pasó por ocho debates en Cámara y Senado, también fue defendida por uno de sus promotores, el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio quien calificó su aprobación como un hecho histórico pues la Ley contempla la atención médica a los adictos.

El Ministro aseguró que el proyecto no penalizará el porte y el consumo de drogas, sino que lo prohíbe, y enfatizó que no habrá cárcel para los adictos ni para los consumidores esporádicos.

Frente al aumento significativo del consumo de la dosis mínima en el país, Valencia Cossio, culpó al ex magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz por el incremento en el consumo de drogas en Colombia.

"No sabe el mal que le hizo al país cuando, en una sentencia, permitió el porte y el consumo de la droga. A partir de allí se disparó el consumo en Colombia. En los últimos 15 años, de cuenta de Carlos Gaviria, hoy tenemos un país consumidor", afirmó el ministro en diálogo con W Radio.

Valencia Cossio afirmó que permitir la dosis personal llevó a que se crearan distribuidores de alucinógenos que se escudaban en la dosis mínima, por eso nunca los podían detener y sancionar.

"El objeto del proyecto es prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, con una filosofía preventiva y rehabilitadora. Al mismo tiempo faculta al legislador para establecer medidas de carácter pedagógico, profiláctico o terapéutico para quienes consuman dichas sustancias", indicó el Ministro.

Según el Valencia Cossio, es necesario ser consecuentes porque "cuando combatimos la producción, tenemos que combatir el consumo. Admitir el consumo, así sea en dosis mínima, es de alguna manera estar permitiendo la producción".

Valencia Cossio aseguró que la tendencia de los países desarrollados es la prohibición.

En RCN Radio, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, dijo que el efecto de la medida ayudará en el mediano y largo plazo “a hacer un efecto de persuasión y de prevención frente al consumo de droga, entre otras, por el control social y legal que se está haciendo”.

En el corto plazo, “nos va a exigir unos recursos importantes para poder enfrentar el tratamiento que exigen personas drogadictas”, comentó Palacio.

Según dijo, se estima que en Colombia hay entre 300 mil y 500 mil personas que consumen drogas. De acuerdo con los cálculos hechos hasta ahora, atenderlos puede costar 120 mil millones de pesos. “Estamos buscando que estos tratamientos ingresen al Plan Obligatorio de Salud como parte de las enfermedades mentales”, explicó Palacio. Escúchelo. 

No obstante, el senador Armando Benedetti del Partido de la U, quien fue uno de los opositores del proyecto, dijo que demandará la reforma constitucional. El senador explicó en RCN Radio que la demanda se debe a que la ponencia minoritaria, que era la suya, no fue tenida en cuenta por el Senado para su discusión ni para su votación. “El reglamento dice que primero se discute y se vota la minoritaria”, dijo.

Dijo que él no hacía apología al consumo de droga, pero que consideraba que el tratamiento de la drogadicción debe ser distinto. Argumentó que en Colombia debería haber una política de salud pública para tratar la drogadicción y que el Estado eduque  a la población sobre el tema.

Benedetti indicó que con esta reforma no se van a acabar las famosas ollas -los expendios de droga- pues ya existen leyes que le permiten actuar a la Policía y sin embargo los expendios siguen existiendo. “Lo que se necesita para combatir los expendios es la acción de la Policía”, dijo.

También dijo que el proyecto de Acto Legislativo no deja claro qué es lo que se prohíbe, porque solo habla de algunas drogas, pero no de todas. Escuche las objeciones de Benedetti a la reforma constitucional.

Por el momento, para aplicar la reforma, ésta deberá pasar por sanción presidencial y ante la Corte Constitucional para su revisión y aprobación.

Participe. ¿Qué opina de la prohibición del porte y consumo de la dosis personal? ¿Estamos avanzando o retrocediendo? Siga la discusión en Facebook y en Twitter.

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Dijo estar tranquilo de que en el Ministerio todo se hizo bajo regla. "Los entes de control tienen la obligación de abrir investigación si sospechan de alguien. Lo más importante es que todo el mundo quede tranquilo de que este proceso se hizo bien. En el caso de que hubiese alguien en el Ministerio que incurrió en irregularidades, debe caerle todo el peso de la ley".


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