Martes, 23 de septiembre de 2014

| 2012/09/17 00:00

Fernando Carrillo: ¿el ministro de la paz?

Semana crucial para el ministro del Interior, quien en sus próximas apariciones tendrá que definirle al país si la agenda es exclusivamente la paz o para el Gobierno hay otras prioridades.

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, tendrá que definir la agenda de prioridades del gobierno, más allá del proceso de paz. Foto: Edwards Rodríguez / MININTERIOR

Fernando Carrillo, uno de los impulsores determinantes de la Asamblea Constituyente del 91, comenzará su segunda semana como ministro del Interior. Han pasado 14 días desde el 3 de septiembre en el que Juan Manuel Santos posesionó a los seis nuevos ministros de su gabinete, Carrillo incluido, 24 horas antes de anunciarle al país el inicio formal del proceso de negociación con las Farc que busca ponerle fin al conflicto armado interno.

Esa circunstancia, sin quererlo, determinó la primera semana del ministro del Interior. De hecho, Carrillo ha sido el funcionario del Gobierno que ha intentado resolver las primeras inquietudes del proceso de paz. No solo ante la opinión pública, también ante los partidos políticos y la cúpula del poder judicial. Y es que en sus primeras apariciones en los medios, Carrillo ofició como vocero de las reuniones convocadas por el presidente Santos y, por separado, con los jefes de los partidos políticos y los presidentes de las altas cortes, el procurador Alejandro Ordóñez, el fiscal general Eduardo Montealegre y la contralora general Sandra Morelli.

En esa misma primera semana, el ministro del Interior también tuvo su estreno con el Congreso. En el Capitolio, por ejemplo, se reunió con el presidente del Senado Roy Barreras, y por fuera de la sede del legislativo, con congresistas de los partidos políticos. Lo hizo por separado: a medio día, con La U; en la noche, con los liberales; en la tarde, con los conservadores.

Y tanto en los medios de comunicación, como en las reuniones privadas, el principal tema del ministro ha sido la paz. Prueba de ello es que los titulares de las primeras entrevistas que ha concedido (por ejemplo en El Tiempo y El Espectador), han girado en torno al futuro de los diálogos entre el Gobierno y las Farc.

Pero Carrillo, en las mismas entrevistas y apariciones públicas, ha insistido en que “el ministerio del interior no es el ministerio de la paz”. Lo hizo desde el mismo momento en que se reunió con el presidente del parlamento en la que afirmó que el Gobierno también tiene otras prioridades y otras políticas públicas, de carácter social, que ocupan la agenda de objetivos del Gobierno.
 
Según ha ido anunciando el nuevo jefe de esa cartera, la agenda política de la tercera legislatura se va a concentrar en tres frentes: los proyectos que necesita el Gobierno, los de iniciativa parlamentaria y los del interés común de la paz.

Emergen así un total de cinco proyectos del Gobierno que se advierten prioritarios.

Primero, la reforma al fuero militar: esencial en medio de las conversaciones con las Farc, pues los militares han reclamado mayor seguridad jurídica.

Segundo, la reforma al sistema de salud no da espera y todo parece indicar que llegará al Congreso en dos semanas.

En tercer lugar, están las iniciativas económicas, hoy con gran incertidumbre. Una de ellas es la reforma pensional, que aún no ha superado su fase de consulta previa con los sectores sociales y empresariales, mientras que la tributaria, cuyo futuro es incierto por el cambio de ministro de Hacienda, aún está en borrador. De la fase de consultas previas, pero esta vez con la comunidad indígena y afrodescendiente, tampoco ha salido la tan reclamada ley de tierras y desarrollo agrícola. Por otro lado, la reforma a la educación superior sigue pendiente, lo mismo que la reforma a las CAR y el código minero, mientras que la reforma al sistema penitenciario cada día se advierte inmediata.

Pero esa agenda no será fácil de desarrollar, por más que las tensas relaciones que existían entre el Gobierno y el legislativo por el “impasse” de la reforma a la justicia hayan quedado subsanadas con los anuncios de paz.

Sucede que esta agenda se desarrollará casi que en simultánea con la que adelantarán en privado los negociadores del Gobierno y de las Farc en La Habana. Y como varios puntos de esa agenda coinciden con las discusiones que debe ocupar al Congreso, los legisladores aún tienen la incertidumbre de si la desarrollan o esperan a que se conozcan los avances de los acuerdos.

Es decir, si empiezan a debatir esos proyectos de forma inmediata o si esperan a la “tercera fase” del proceso de paz, que según las palabras de Juan Manuel Santos, será “la implementación simultánea de todo lo acordado, con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y participación ciudadana”.

El segundo frente, el de las iniciativas parlamentarias, es el que tendrá que consensuar el ministro Carrillo. Días después del 20 de julio, y aprovechando la crisis de esos días, los parlamentarios se lanzaron en avalancha a las secretarías de Senado y Cámara para radicar proyectos y reformas constitucionales.

Aprovechando la crisis, empezaron su trámite iniciativas de todo tipo y naturaleza, que van desde aumentar las penas a conductores ebrios, o profesionalizar el oficio de la prostitución, hasta reformas constitucionales que han generado mucha inquietud, una de ellas, la convocatoria a una Asamblea Constituyente o la eliminación de la figura de la vicepresidencia.

Pero como las iniciativas parlamentarias en buena parte requieren de un visto bueno del Gobierno para garantizar su éxito, el Ejecutivo ya se ha identificado con algunas en particular. Dos de ellas son la reforma constitucional que elimina la sanción a los congresistas que un año antes de las elecciones quieran cambiarse de partido político, pues para el Gobierno podría ser clave saber con quién cuenta si la apuesta del segundo tiempo conduce a una reelección; y la reforma a la ley quinta, el reglamento del Congreso, que para el ministro del Interior no es moderno y aún permite que episodios como el del reforma a la justicia se puedan repetir. Eso a partir de las primeras puntadas que el ministro Carrillo ha ido dando en los medios de comunicación.

Y el tercer frente, el del interés común de la paz, requiere de un proyecto de ley estatutaria que reglamente el marco para la paz. Será una ley que defina cuáles serán los delitos conexos al delito político para definir a quiénes se les entregarán beneficios penales en caso de que las negociaciones en La Habana concluyan, en los próximos meses, de forma exitosa. El ministro Carrillo admite que hasta tanto no se verifiquen los acuerdos, el Congreso no podrá ocuparse del tema, pese al afán de muchos parlamentarios de ir avanzando en la materia.

Este frente empieza a tener obstáculos. Primero, porque muchas iniciativas del Gobierno podrían no avanzar sin los acuerdos de la Habana. Pero, sobre todo, por la intención de los congresistas de “impregnar” o “cobijar” sus propios proyectos como “de interés común de la paz”.

Eso ya empezó a comprobarlo el ministro Carrillo en su primera semana de trabajo. Por ejemplo, la reforma al código electoral fue orientada como un escenario para garantizar la actividad política de los desmovilizados. Lo mismo ha pasado con la reforma política del trasfuguismo y hasta el de convocatoria a una Asamblea Constituyente, pues su autor, el senador uribista Juan Carlos Vélez (la U) lo propuso, incluso, como un escenario para sellar los acuerdos de paz.

Ese es el escenario que encuentra Carrillo y que tendrá que orientar a partir de esta semana. El martes, se reunirá con el presidente del Senado Roy Barreras para definir las prioridades con el parlamento. Y el miércoles, casi que presidirá el consejo de ministros, donde tiene que definir con sus colegas de gabinete las apuestas del Gobierno.

Por eso, este miércoles 19 de septiembre, según los congresistas, también supondrá el inicio de la legislatura, que de todas maneras se advierte concentrada en temas muy puntuales.

Y aunque el Gobierno, según lo admite Carrillo, quiere que el Congreso avance al mismo ritmo, deberá esperar a que el Senado salga de las complejas elecciones de procurador y del reemplazo del magistrado Humberto Sierra Porto en la Corte Constitucional para que la locomotora legislativa vuelva a entrar en marcha.

Carrillo, quien la semana pasada ha tratado de no ser identificado como “el ministro de la paz”, tendrá que definir si la paz es la única prioridad del Gobierno. Mientras tanto, ha insistido en los diálogos informales con la prensa sobre que el ‘ministro’ de la paz es Humberto de la Calle, el jefe negociador del Gobierno y quien hace 21 años, según palabras del propio Carrillo, fue el “cerebro” de la Constitución del 91; que incluyó los mismos acuerdos que se le ofrecieron a los grupos armados ilegales de ese entonces, y a los que las Farc y el Eln decidieron no acogerse, como si lo hizo, entre otros, el M-19.

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