Funcionarios públicos no se beneficiarán de marco legal para la paz

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le imprimió mayor controversia al marco para la paz. Una vez más en el dilatado trámite de una reforma constitucional que ha sido llamado, por su autor Roy Barreras, como la llave de la paz que reclama Juan Manuel Santos para poner fin a más de 60 años de conflicto armado interno.

La propuesta es que el marco para la paz cobije hasta "servidores públicos" que, por alguna razón, hayan incurrido en delitos en el marco del conflicto armado.

Esto obliga a un cambio de redacción en el texto del proyecto, que ha superado seis discusiones en el parlamento. Y es que en lugar de señalar a "agentes del estado", una expresión que no está contemplada en la Constitución, se modifique por "servidores públicos", que podría incluir a funcionarios que hayan tenido dignidades como ministros, embajadores, congresistas, directores de departamento.

Así lo puede sugerir la nueva redacción del proyecto, cuando señala que "los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición (…) Una Ley estatutaria podrá autorizar un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los servidores públicos, en relación con su participación en el mismo".

La propuesta de Esguerra, que tiene como principio ajustar la redacción del proyecto en busca de "un mayor rigor jurídico", podría tener mayores alcances.

Pues de inmediato, en la Comisión Primera del Senado, se pensó que el ajuste podría significar justicia transicional para congresistas condenados por sus nexos con algún actor ilegal del conflicto, o se vinieron a la cabeza nombres como los de Jorge Noguera (exdirector del DAS) y Salvador Arana (exgobernador de Sucre), funcionarios públicos que purgan condenas de hasta 40 años por sus nexos con el paramilitarismo. Un temor que el propio José Miguel Vivanco le había manifestado a Roy Barreras en su reciente reunión en Washington.

Esguerra descartó que su propuesta pudiera interpretarse con semejantes alcances. Además porque consideró que casos como los de los servidores públicos anteriormente mencionados pudieran colarse en el marco para la paz. La razón, ellos no están condenados por actos en el marco del conflicto, y sus responsabilidades penales es por delitos de lesa humanidad, que están excluidos de los beneficios de justicia transicional que contempla esta reforma.

Roy Barreras considera que es mejor no atender la sugerencia "bien intencionada" del ministro. "Opinamos que la expresión agentes del Estado, como venía originalmente en el texto, da mayor tranquilidad, es más segura y coherente con la Ley de Víctimas que ya utiliza ese término".

Para Barreras, el texto final debe aclarar que se trata de "agentes del Estado que hayan participado en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno, y aunque resulta más largo queda por fuera todo aquel, funcionario del Estado, que haya cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto".

El senador Hernán Andrade (P. Conservador) explicó que "queremos dejar claro que sólo van a ser favorecidos, en el marco del conflicto armado, quienes formaron parte del conflicto armado. Nunca las 'bacrim', narcotraficantes o organizaciones criminales".

Con esa nueva controversia, comenzó el séptimo debate del proyecto, que esta semana quedaría listo para su debate definitivo en la plenaria del Senado.