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Gerlein y otros 'impedidos' para reelegir a Ordóñez

Cerca del 20 por ciento del Senado tendría "conflicto de interés" para votar a favor o en contra de Alejandro Ordóñez, que sería el segundo procurador reelecto de la historia.

27 de noviembre de 2012

Roberto Gerlein parece tener claras las dos decisiones que tomará en las próximas horas en el Congreso. En la Comisión Primera del Senado se opondrá al matrimonio gay. En la plenaria, votará para que Alejandro Ordóñez sea reelegido procurador General de la Nación.
 
Ambas decisiones parecen inmodificables. La primera, por tratarse de una posición personal e ideológica del veterano congresista; la segunda, quedó ratificada hace dos meses, pues Gerlein fue uno de los 22 senadores del Partido Conservador que el pasado 26 de septiembre firmaron la polémica constancia en la que anunciaron su respaldo a las aspiraciones releccionistas del procurador Ordóñez, pese a que en ese momento el presidente Juan Manuel Santos no había nombrado a su candidato.
 
Pero fueron precisamente las declaraciones con las que Gerlein rechazó el matrimonio gay ("el sexo entre dos hombres es sucio, excremental e inadmisible", afirmó) las que podrían modificar su voluntad de votar por Ordóñez.
 
Por cuenta de un derecho de petición, la representante Ángela Robledo le exigió al procurador Ordóñez definir si las palabras de Gerlein corresponden o no a un acto de discriminación a lo población LGTBI. Ordóñez no se ha pronunciado para calificar la conducta de quien será uno de sus electores, y Gerlein podría votar en favor de un funcionario que tendría que calificar una de sus actuaciones.
 
Para varias organizaciones civiles que conforman la coalición Elección Visible, y que desde este semestre han puesto la lupa sobre los procesos electorales que se hacen en el Congreso, como el de Gerlein habría otros 28 senadores que podrían tener "conflicto de interés" si participan de una elección en la que el actual procurador, encargado de disciplinar a los parlamentarios, es uno de los candidatos.
 
Según los observadores, los congresistas que tengan procesos disciplinarios en la procuraduría, o que tengan familiares trabajando en el Ministerio Público, deberán declarar su impedimento.
 
El expresidente de la Corte Constitucional, exmagistrado José Gregorio Hernández, considera que estos 28 senadores deberán declararse impedidos para participar de la elección.
 
Hernández sustenta la tesis en el artículo 182 de la Constitución que obliga a los congresistas "a poner en conocimiento las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración".
 
Por eso, el exmagistrado considera que quienes tengan investigaciones en la Procuraduría, o familiares trabajando en el ministerio público, ven enfrentado el interés particular sobre el interés público que supone manifestar su voto en esta elección.
 
También recuerda Hernández que quienes no declaren su impedimento podrían estar expuestos a una demanda de pérdida de investidura, pues la violación al régimen de conflicto de interés es una causa para que el Consejo de Estado les declare la muerte política.

Sin embargo, el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador) tiene otra tesis y asegura que los senadores "van a ejercer su derecho al voto", por lo cual no deben presentarse impedimentos.
 
El excongresista Darío Martínez recuerda que hace ocho años, cuando el entonces procurador Edgardo Maya Villazón aspiraba a reelegirse, sucedió una circunstancia particular. Había 20 senadores con investigaciones disciplinarias, pero esa vez fue el procurador Maya Villazón quien se declaró impedido para investigarlos, y esos casos pasaron al conocimiento del despacho del viceprocurador.
 
¿Se declararán impedidos o no los senadores? Ese será el primer debate que la plenaria del Senado resuelva antes de la elección de procurador.

Alejandro Ordóñez, postulado por la Corte Suprema de Justicia, aspira a un nuevo periodo en la Procuraduría, y se enfrentará a los candidatos del Consejo de Estado, Orlando Gallo, y del presidente de la República, la magistrada María Mercedes López.

Los presuntos impedidos
 
El procurador Alejandro Ordóñez, en respuesta a un derecho de petición de Elección Visible, informó que adelanta procesos disciplinarios contra 12 de los actuales senadores.

La respuesta de Ordóñez fue del 5 de octubre y en ella relaciona que la Procuraduría adelanta investigaciones preliminares por presunto tráfico de influencias contra Hernán Andrade (P. Conservador), Myriam Paredes (P. Conservador), Eduardo Enríquez Maya (P. Conservador), Álvaro Ashton (P. Liberal) y Karime Motta (La U).
 
También,  por posible irregularidad en contrato, contra Jorge Londoño (P. Verde). Por irregularidades y daños en un vehículos del Congreso contra el senador Luis Fernando Velasco (P. Liberal). Por presunto fraude electoral contra Carlos Soto (la U). Por presuntos vínculos con grupos ilegales contra los senadores Jorge Ballesteros (la U), Alexander López Maya (Polo). Por presuntas irregularidades en la asignación de malla vial en el departamento de Córdoba contra el senador Musa Besayle Fayad (la U).

Elección visible también les pidió a los senadores declarar si tienen familiares trabajando en la Procuraduría. José Francisco Herrera (Cambio Radical), Félix José Valera (Partido Verde), Myriam Paredes, Jaime Enrique Durán (P. Liberal), reportaron tener familiares en el Ministerio Público. Roy Barreras reportó que su esposa trabajó en la Procuraduría pero renunció a su cargo el pasado mes de septiembre.

Armando Benedetti (la U) ha sido el único parlamentario que ha manifestado públicamente que se declarará impedido para participar de la elección, pues señala tener procesos disciplinarios previos.

Los senadores que consideren tener conflicto de interés deberán ponerlo a consideración de la plenaria. La elección está prevista después de las 2 de la tarde de este 27 de noviembre, según lo anunció el presidente del Senado, Roy Barreras.