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| 8/27/2011 12:00:00 AM

“Gilma Jiménez actúa como vocera del comité promotor del referendo, pero no del Partido Verde”

La representante a la Cámara Ángela María Robledo asegura que el proyecto de referendo que establece cadena perpetua a violadores de niños, si bien es apoyado por la mayoría de su bancada, “no es un proyecto del Partido Verde”.

Aunque las une la bandera de la defensa de la infancia, a las parlamentarias Gilma Jiménez y Ángela María Robledo las separa su postura frente al proyecto de referendo para establecer cadena perpetua a violadores de niños. Robledo plantea que el proyecto no fue discutido al interior de la bancada del Partido Verde.
 
La senadora Jiménez, del ala peñalosista del partido, es la principal defensora de la propuesta. Pero su copartidaria Robledo, de la línea mockusista, ha sido una de las más férreas opositoras a la medida. Mientras que Jiménez es la principal figura del comité promotor del referendo, la representante Robledo lo considera inconstitucional y anunció su voto negativo.
 
“Llevo 20 años trabajando por la garantía de los derechos de la niñez en Colombia, pero no comparto la cadena perpetua”, sostiene Robledo. Coincide con la senadora Jiménez en que el artículo 44 de la Constitución, que habla de los derechos fundamentales de los niños, “no se cumple”.
 
Aún así, no está de acuerdo con la iniciativa de castigar con cadena perpetua crímenes atroces contra la niñez. “Lo que se está pidiendo es que haya justicia. Más que penas duras necesitamos inteligencia y eficiencia”, dijo la representante a Semana.com.
 
"Hay mecanismos suficientes"
 
“Aumentar las penas no garantiza que se disminuyan los crímenes contra la niñez”, sostiene la parlamentaria. Según ella, el referendo atenta contra la constitución y los estándares internacionales. “Aún los peores criminales deben tener la posibilidad de la resocialización. Pero aclaro que no estoy del lado de los victimarios”, sostuvo Robledo.
 
“En el código penal se señala el agravante de cuando se trata de delitos contra la niñez. Por eso ya se puede castigar con severidad los delitos que afectan a los niños. Un violador podría ser castigado con 40 años, y si hay agravantes, hasta con 60, como en el caso de Arauca”, añadió.
 
La representante manifestó que con su oposición a la iniciativa hace uso del disenso, “un derecho que el partido nos dio”, y agregó que Lucho Garzón, presidente de la colectividad, lo ha garantizado. Y afirma que las diferencias sobre el proyecto son normales dentro de la mecánica de los partidos políticos.
 
La senadora Gilma Jiménez prefirió no dar declaraciones a Semana.com sobre sus discrepancias con Robledo para este artículo.
 
“Populismo punitivo”: comisión asesora
 
Las consideraciones expuestas en el informe de la Comisión Asesora del Gobierno en materia de Política Criminal sobre el proyecto alertan sobre el riesgo de incurrir en una práctica de “populismo o demagogia punitiva”.
 
Dicho informe plantea que “estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal”.
 
Según el documento, elaborado por siete destacados juristas pro encargo del Gobierno Nacional, se estaría incurriendo así en una conducta de “populismo punitivo”.
 
El proyecto debe ser discutido en la Cámara de Representantes y, de ser aprobado, pasará a examen de la Corte Constitucional, que en el 2010 declaró inexequible la misma iniciativa porque en el trámite se cambió el enunciado con el que se recolectaron las firmas y porque no se presentó certificado de cumplimiento del tope de financiación.
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