El Resguardo Indígena Awá Libertad del Telembí, por decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuenta con un esquema de seguridad de seis escoltas y tres camionetas, con el fin de proteger a los miembros de la comunidad que requieran movilizarse.
Pese a que se trata de un esquema colectivo, SEMANA conoció que quien se beneficia en mayor medida es Anselmo Nastacuas García, gobernador indígena del resguardo, quien recientemente fue denunciado por agredir a uno de los escoltas, presuntamente, en estado de embriaguez.
El pasado 22 de marzo, el escolta agredido, quien pidió no ser identificado tras ser contactado por este medio, grabó tres videos en los que muestra una discusión con Nastacuas.
En el primero, aseguró que el gobernador indígena estaba en “estado de embriaguez” y se podía ver a quien sería su hijo con una botella de licor en la camioneta asignada por la UNP.
Incluso, Nastacuas le habría pedido plata prestada al escolta, lo cual habría desatado la pelea.
“Usted me está saliendo con groserías. Usted está borracho. No puedo tratar con personas borrachas. [...] ¿Qué obligación tengo yo de prestarle plata a usted”, dijo en un aparte.
Tras la discusión, el escolta grabó un video en el que se le ve escupiendo sangre en el piso: “Me rompió la boca, voy a la Fiscalía a poner el denuncio”.
SEMANA conoció que, tras el golpe, el escolta fue a un centro asistencial en el municipio de Samaniego, donde validaron la herida y le dieron tres días de incapacidad.
Luego, el escolta narró los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, donde denunció al gobernador indígena por el delito de lesiones personales.
“Este señor estaba en estado de alicoramiento y se molestó porque él me pidió dinero, 70.000 pesos, pero yo no los tenía, y se molestó porque se ofuscó, comenzó a decir insultos, me decía que cómo no voy a tener si yo ganaba tanta plata”, manifestó en la denuncia penal.
El escolta comenzó a grabar y eso hizo que el gobernador se molestara aún más. Cuando dejó de grabar, según narra, ocurrió el golpe propinado por Nastacuas.
“Sentado detrás de mí en la camioneta, de forma cobarde y por la espalda me propinó un puño en el maxilar inferior del lado derecho, debajo de la oreja. De inmediato me bajé del vehículo, tomé mi celular nuevamente y empecé a grabar nuevamente, explicando en un video lo que había ocurrido. Escupí en el piso y me salió sangre”, indicó.
En otra comunicación, directa a la UNP, manifestó: “Esta agresión física se produjo de manera sorpresiva mientras nos encontrábamos al interior del vehículo, vulnerando mi integridad física y el respeto debido en el ejercicio de mis funciones”.
Frente a lo ocurrido, el sindicato SINTRAUNP se manifestó al respecto, pidiendo investigación penal y acciones de la entidad.
“Esta agresión no es un hecho aislado, sino un ataque directo al movimiento sindical y a los derechos humanos laborales en contextos de protección de alto riesgo. No toleraremos que autoridades indígenas o cualquier funcionario pisotee la dignidad de nuestros compañeros”, sostuvo la unión de trabajadores.
El gobernador acepta la agresión
En conversación con SEMANA, Anselmo Nastacuas García confirmó que sí golpeó al escolta, pero aseguró que fue suave y que antes había recibido una amenaza de muerte de parte de él, de la que no queda rastro en los videos.
“Dije que no tengo la culpa. Él me estuvo amenazando. Como era armado, dijo: ‘Tocaría darle plomo’. Yo le dije: ‘Entonces mátame’. No le di puño, le di un chirlacito no más. [...] Suavecito, no le hice más nada”, explicó.
Dijo que el escolta estuvo 15 días reclamándole por la decisión del resguardo de nominar su personal de seguridad, dado que requieren que sea de enfoque diferencial, sin porte de armas.
Agregó frente a la agresión contra su escolta: “No le di duro. No sé qué pasó ahí”.
Por otro lado, la UNP respondió a este medio asegurando que el caso fue enviado al Grupo de Verificación y Seguimiento de la Dirección de Protección. Incluso, aseguraron que las medidas van desde capacitaciones hasta retiro de esquema.
“Dependiendo de los resultados de esta, se definirá si pasa al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), para que se tome una decisión que puede ir desde una capacitación obligatoria en el buen uso de medidas de protección hasta la suspensión de las medidas que tenga asignadas el beneficiario. Mientras se adelanta este proceso, como medida preventiva, el pasado viernes, 10 de abril, se realizó el cambio de la persona de protección a otro esquema", escribió la entidad.