Gobierno aplaza para el próximo año la reforma política integral

El Gobierno decidió aplazar sus intenciones de promover una reforma política estructural, y prefirió reglamentar la pasada reforma de 2009 con un solo propósito: blindar de irregularidades a las próximas elecciones de 2011, donde se escogerán autoridades locales y departamentales.
 
Por eso, las discusiones que se esperaban álgidas sobre la eliminación del voto preferente, el umbral electoral, o la modificación de las circunscripciones para las elecciones de Congreso, se aplazarán por lo menos un año.
 
La ‘reforma estructural’ que el Gobierno anunció se presentará, según el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por lo menos hasta el mes de marzo de 2011, tras la búsqueda de mayores consensos entre los partidos políticos.
 
El poco tiempo de cara a las elecciones regionales y el cúmulo de prioridades que ya cursan, o van a llegar al Congreso, obligó a esta decisión por parte del Gobierno.
 
El proyecto que radicó este lunes el Ministro del Interior en la secretaría de la Cámara de Representantes tiene varias apuestas. Una de ellas es la de implementar el próximo año el voto electrónico, como fórmula para enfrentar delitos y fraudes electorales, de los que mucho se habló en las elecciones del pasado mes de marzo.
 
La intención del Gobierno es que con este proyecto, y de forma gradual, se implemente el voto electrónico. Una comisión, liderada por el Registrador Nacional del Estado Civil, sería la encargada de implementar las condiciones tecnológicas necesarias.
 
Probablemente, y el proyecto así lo reconoce, en las elecciones del próximo año no estarían dadas las condiciones para este mecanismo, pero la intención del Gobierno es que al menos en una parte del territorio se pueda adaptar esta novedad.
 
El proyecto también contempla el aumento, en una hora, de la jornada electoral. Si es aprobado por el Congreso, todos los comicios empezarán desde las ocho de la mañana y terminarán a las cinco de la tarde.
 
El grueso del proyecto se concentra en los mecanismos de fortalecimiento de los partidos políticos, en sus procesos democráticos internos, en la financiación de los mismos y de las campañas electorales.

Sanciones a partidos
 
La iniciativa, además, reglamenta el régimen de sanciones que la reforma política de 2009 incorporó con el propósito de castigar a las organizaciones políticas que permitan ser permeadas por la ilegalidad.

El proyecto establece que los partidos y movimientos políticos responderán por toda violación o contravención de las normas que rigen su organización, funcionamiento y/o financiación, así como por las calidades morales de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, desde la inscripción hasta la terminación del periodo de los elegidos.

Las sanciones que prevé el proyecto van desde multa hasta cancelación de la personería jurídica y hasta su disolución.

El proyecto no sólo establece una escala de sanciones aplicables según la falta de que se trate, sino que distingue entre sanciones administrativas aplicables por el Consejo Nacional Electoral y sanciones que afectan el derecho de asociación -como la cancelación de la personería jurídica y la disolución- que corresponde aplicar al Consejo de Estado en única instancia.

Consultas interpartidistas

Una de las novedades del proyecto es que daría vía libre a los procesos de selección de candidatos entre partidos políticos que decidan conformar una coalición, tanto por mecanismos internos como mediante consultas populares.

Este mecanismo, de cara a las elecciones de 2011, podría dar vía libre a que partidos políticos decidan apoyar a candidatos de otros partidos, sin que se contemple que con ello están incurriendo en prácticas como la doble militancia, que así mismo son sancionadas en este proyecto de ley.

También establece una fecha exclusiva dentro del calendario electoral para la realización de consultas populares de los partidos políticos.

Todos los partidos que quieran someterse a esta consulta para sus decisiones internas, como escoger candidato único a cualquier cargo uninominal, deberán hacerlo en la fecha que disponga la ley. Esto significa, según el Gobierno, que a las consultas internas no les podrán “meter la mano” los militantes de otros partidos.

La financiación de campañas y partidos políticos

La financiación de los partidos será mixta, 80 por ciento estatal y 20 por ciento de origen privado. El proyecto señala el sistema para la financiación estatal de las campañas, de reposición de gastos por votos obtenidos y se regula el anticipo. El anticipo equivaldría al 50 por ciento del monto máximo de los gastos que se puedan realizar en las campañas respectivas.

Este proyecto obliga que todos los recursos de las campañas deberán ser manejados en una cuenta corriente única, que permita ejercer un especial control y vigilancia de todas las transacciones.

Además, reglamenta las figuras de la pérdida del cargo y de la investidura por violación de los topes máximos de gastos establecidos para su financiación.

El proyecto contó con el respaldo de los cuatro partidos de la coalición de gobierno, la U, Conservador, Liberal y Cambio Radical, lo que puede ser garantía para su aprobación. Tres semanas de concertación le permitieron al Ministro del Interior presentar las iniciativas en las que hubo pleno consenso.

Este proyecto requiere sólo cuatro debates, a diferencia de los ocho que supone una reforma a la Constitución.

Por eso, los temas más álgidos en materia política y electoral serán diseñados en los próximos meses, y la intención es que sea tema prioritario pero hasta el 2011, con miras a que esa reforma se pueda aplicar desde 2014.