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| 1/31/2012 12:00:00 AM

Gobierno califica de “político” e “inconstitucional” fallo que reclama intervención de la CPI

En el más fuerte pronunciamiento del gobierno Santos a una decisión judicial, el ministro de Justicia dice que pedir la intervención de la Corte Penal Internacional en el caso de Belisario Betancur “deslegitima” la administración de justicia en Colombia.

El respeto por los fallos judiciales ha sido conducta del gobierno Santos, desde el 7 de agosto del 2010. Pero la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que en segunda instancia ratificó la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de dos personas en la retoma del Palacio de Justicia (1985) motivó la más fuerte reacción del Gobierno ante una decisión judicial.

Porque en los alcances de la sentencia, el Tribunal exhorta al fiscal general ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente presente el caso ante ese organismo, y sobre todo, la presunta responsabilidad del presidente del gobierno colombiano de entonces, Belisario Betancur, en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia.

Aunque manifestó su respeto y el acatamiento de la decisión, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, consideró que el fallo del Tribunal de Bogotá “no tiene naturaleza judicial sino política”, “desconoce” la Constitución, y “deslegitima” el sistema de administración de justicia colombiano.

Esguerra no ocultó una “profunda preocupación de Estado de Derecho”, pues considera que pedir la intervención de la Corte Penal Internacional es considerar que en el caso del Palacio de Justicia, no ha habido “una acción de la justicia colombiana”.

El ministro de Justicia se refiere a las actuaciones surtidas ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, que ya en tres ocasiones y luego de la respectiva investigación ha decidido archivar el caso.

Exhortar a la Corte, dice Esguerra a nombre del gobierno nacional, “no tiene naturaleza judicial sino política. Tal afirmación implica desconocer que el artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso "determinadas funciones judiciales" -por supuesto, con ese inequívoco y perentorio carácter-".

Para el Gobierno, el Tribunal, con su decisión, “deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de administración de justicia que ha sido una constante en la historia constitucional colombiana, en la medida en que supone que por esa vía no se administra justicia en relación con los altos funcionarios para quienes ella está instituida”.

El Gobierno se abstuvo de pronunciarse ante la decisión de fondo del fallo, es decir, la ratificación de la condena a 30 años de prisión al coronel (r) Plazas, sobre todo, cuando contra esa decisión aplica el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
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