Gobierno decreta estado de conmoción interior

El gobierno nacional decretó el Estado de conmoción interior, después de una reunión entre el presidente, Álvaro Uribe, el secretario jurídico de Presidencia, Mauricio González y el Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, entre otras autoridades.

La medida extraordinaria, que durará 90 días, tiene como propósito atender la emergencia causada por el paro de la Rama Judicial que cumple 35 días.

El gobierno decidió tomar la drástica decisión ante la posibilidad inminente de que por vencimiento de términos varios procesados por la justicia queden absueltos.

Según las autoridades, más de 2.700 personas han quedado en libertad por la inoperancia de la justicia, debido al cese de actividades de fiscales y jueces en todo el país; 36.986 procesos de tutela no han sido devueltos para su notificación y 120.751 procesos están estancados. Han dejado de hacerse 25.284 audiencias, incluidas 15.983 de Control de Garantías.
 
El Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos.

En diferentes casos que se tramitan bajo el sistema acusatorio, continúan corriendo los términos, sin que el Fiscal pueda formular la correspondiente acusación, abriendo la posibilidad de que estos procesos queden en la impunidad.

Además, la Fiscalía General informó que no puede continuar la investigación de numerosos delitos, lo que podría dejar en libertad, entre otros, a los autores del secuestro y posterior homicidio del niño Santiago, ocurrido en Chía.

“Por esas altísimas razones en defensa de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos, el gobierno asumirá estas facultades, con todo el vigor pero con absoluto apego a las normas constitucionales y legales”, dijo el Ministro del Interior a través de un comunicado que leyó desde la Casa de Nariño.

"Son medidas inconducentes, son determinaciones agresivas y de represión, pero eso fortalece no solamente la dignidad sino la protesta de los trabajadores", manifestó el vocero de Asonal, Fabio Hernández quien agregó que la medida no soluciona las demandas de los trabajadores.

La declaración de Conmoción Interior le da facultades extraordianrias al Gobierno  para legislar y reemplazar al Congreso en los temas que hayan dado lugar a la declaratoria, en este caso el paro judicial. En el pasado la figura se utilizó recurrentemente para manejar el tema de orden público.

La última vez que el gobierno decretó el estado de conmoción interior fue en 2002, cuando las Farc atacaron con cohetes el Palacio de Nariño durante la posesión de Alvaro Uribe como presidente, por primera vez.

El gobierno también anunció que en los próximos días emitirá nuevos decretos  para enfrentar el represamiento de los procesos judiciales.

Los objetivos de los próximos decretos serán:

-Facultar al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia.

-Dictar medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción.

-Otorgar facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, para suspender funcionarios judiciales que de manera injustificada se abstengan de prestar sus servicios al público.

-Autorizar a los jueces para rechazar de plano una demanda por manifiesta carencia de fundamentos.

-Modificar el Código de Procedimiento Civil que permita conjurar los efectos originados por el paro, que han agravado la congestión de los despachos judiciales.

-El Gobierno hará las modificaciones presupuestales necesarias para atender las medidas adoptadas con fundamento en la declaración de Conmoción Interior.

Según informó el Primer mandatario a través de una alocución televisada, la decisión de decretar la conmoción interior en el país, se consultó con el Procurador y con los miembros de las Altas Cortes. El Jefe de Estado, reiteró que no romperá el diálogo con el sindicato de Asonal, quienes lideran el cese de actividades. Sin embargo, según se infiere del comunicado, estos podrían perder sus puestos por no prestar sus servicios.