Gobierno intentará presentar la reforma a la justicia este semestre

El presidente Juan Manuel Santos trazó con los partidos políticos su nueva agenda de prioridades. Se trata de un conjunto de proyectos de marcado carácter social y que tienen como objetivo convertirse en leyes el próximo mes de junio.
 
La presente legislatura, que va hasta el 16 de junio, es la más corta del calendario. Sólo son tres meses en los que hay nuevas peticiones, pero sobre todo proyectos del semestre anterior que aún están muy rezagados. La circunstancia obliga a no saturar al Congreso, por lo que muchas otras reformas, prometidas incluso desde la campaña, se tendrán que aplazar.
 
Una de ellas es la reforma a la justicia. Se intentó presentar el semestre pasado, pero sin el mínimo consenso el Gobierno decidió renunciar a ella porque, de no hacerlo, podría obstaculizar el trabajo del Congreso.
 
Ahora, el Gobierno es consciente de la dificultad, pero no renuncia a insistir en el proyecto.
 
El ministro del Interior, Germán vargas Lleras, presentará la propuesta que está a punto de diseñar. Una comisión interinstitucional, que ha vinculado a las altas cortes y a otras entidades del Estado, presentará sus conclusiones y recomendaciones.
 
“El próximo 7 de abril espero que podamos tener un encuentro en Anapoima, con todos los partidos y el presidente de la República nos sentemos, hagamos una reflexión y definamos si tenemos el compromiso de avanzar este semestre en la reforma”, dijo Vargas Lleras.
 
Al Gobierno le inquieta que si este semestre no se avanza, la reforma judicial sólo quedaría vigente a partir de julio del 2012 y hay problemas en la rama que no dan espera, parece ser la intención del Gobierno.
 
“Si logramos unos consensos mínimos en materias de acceso, descongestión, temas institucionales que parecen ser los más complejos, y asuntos de seguridad jurídica que queremos impulsar en este proyecto, sería extraordinario que este semestre le demos primera vuelta para que a partir de julio del 2011, ya de una manera más pausada y meditada, se avance en la discusión”, pedirá Vargas Lleras a los partidos políticos en el Congreso.
 
El Gobierno también tiene conciencia de que en el Congreso hay temores para afrontar una reforma a la justicia. Muchos congresistas optarían por declararse impedidos.
 
Sin embargo, hay una fórmula para despejar todas las inquietudes.
 
Se trata de un acto legislativo que ya ha superado cuatro debates y al que le falta su segunda vuelta, es decir, otros cuatro debates, y que busca establecer como rango constitucional que ningún parlamentario pueda declararse impedido para abordar reformas constitucionales.
 
“Ese acto legislativo recoge la jurisprudencia vigente cuando advierte que tratándose de la votación de actos legislativos no procede la presentación de impedimentos. Dará la tranquilidad a todos los parlamentarios del país de poder discutir con amplitud una reforma integral a la justicia”, señala el ministro del Interior.
 
Precisamente este martes 22 de marzo, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el quinto debate de esta iniciativa.
 
La nueva agenda de prioridades

Esta semana comenzaron en firme las sesiones ordinarias del Congreso, que además de
abordar aquellos proyectos que están muy rezagados, como la ley de víctimas, la política de seguridad ciudadana, el estatuto anticorrupción y la democratización de los equipos de fútbol, entre otras, tiene un conjunto de proyectos que empezarán su curso.
 
Las prioridades, trazadas por el presidente Juan Manuel Santos, empiezan por los actos legislativos que entrarán a segunda vuelta, como la reforma a las regalías, la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión y el de sostenibilidad fiscal.
 
Entre los nuevos proyectos, que fueron señalados por el poropio presidente Santos, están las principales iniciativas de algunos ministerios que este semestre tendrán la oportunidad de dejar su intrascendencia. 
 
Llegarán al Congreso los macroproyectos de vivienda y los proyectos de educación. Por los lados de la cartera de Defensa se presentará la ley de inteligencia y contrainteligencia, la cual el semestre pasado fue tumbada por la Corte Constitucional.
 
La cartera del Interior pondrá a consideración el nuevo código de procedimiento para asuntos civiles y comerciales, que busca introducir los principios de oralidad e inmediatez de la prueba, para avanzar en la descongestión, y el estatuto arbitral, también para descongestión.
 
Además, el nuevo código penitenciario, la reforma a los régimenes departamental y municipal, las leyes de la mujer, afrodescendientes e indígenas, entre otras.

Eso se suma al Plan de Desarrollo que aún le faltan dos debates para que se pueda convertir en la principal hoja de ruta para el gobierno de Juan Manuel Santos.