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| 6/26/2012 12:00:00 AM

Gobierno pensó en promover referendo y declarar estado de Conmoción Interior

Sin embargo las descartó como fórmula para corregir la reforma a la justicia. Así lo revela el documento de Objeciones con el que el gobierno sustentó que la única salida a la crisis era que el Congreso enmendara su error y hundiera la que llamó “una reforma espuria”.

Para el Gobierno, convocar al Congreso a que tramitara el hundimiento de la reforma a la Justicia en sesiones extraordinarias no es inconstitucional. Por el contrario, considera que el deber del Jefe de Estado, antes de promulgar un acto legislativo, y tal como se lo indica la Constitución, es proteger la Carta Política.

Y eso tenía que hacer, dice el gobierno, ante una decisión del Congreso, promovida por doce parlamentarios, que “a espaldas de la voluntad del Senado y la Cámara de Representantes (…) y en un ejercicio de competencias que podría calificarse como desviación de poder”, dictaron disposiciones que “atentan gravemente contra la integridad y supremacía de la Constitución”.

Esa fue una de las calificaciones que el gobierno le hizo a la reforma a la justicia, pero no la única. El documento de objeciones que dos soldados del batallón Guardia Presidencial radicaron en la secretaría del Senado también contempla otros adjetivos al proyecto que más ha generado indignación en los años recientes.

Para el gobierno algunas de las normas aprobadas por el Congreso “tienen la capacidad de desestabilizar en andamiaje de la administración de justicia en detrimento de la garantía de derechos como el acceso, o la afectación de principios como el de responsabilidad de los servidores públicos o transparencia en la función pública”.

Unas normas que, considera el gobierno, suponían consecuencias que “no fueron adecuadamente valoradas” por el parlamento.

A través del documento de Objeciones, el gobierno por primera vez utiliza el calificativo de “sustitución constitucional” para referirse a la reforma. Y lo sustenta en que “resultaría inútil hacer el recuento” de las normas constitucionales que, como norma superior, “podrían desaparecer” como consecuencia “de un abuso, un error grave o una manipulación en el procedimiento de reforma”.

Para superar esta “sustitución de la Constitución” del 91, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pensó en todos los escenarios posibles.

¿Por qué se descartó la demanda ante la Corte Constitucional?

El primero, el que claramente expresa la Constitución, el de la demanda de la reforma ante la Corte Constitucional. El escenario fue descartado casi que de forma inmediata porque “si nos viéramos forzados a esperar que dicho abuso, error o manipulación” fueran demandados, “es claro que, mientras el fallo se produce, nadie podría negar la vigencia y aplicación de la norma espuria, altamente inconveniente y riesgosa para la estabilidad, incluso si la nueva norma fuera contraria al paradigma democrático que sustenta nuestro régimen constitucional. Incluso si atentara ostensiblemente contra los derechos y garantías de personas concretas. Incluso si reviviera, de manera inconsulta, por ejemplo, la superada esclavitud humana”.

¿Por qué se descartó el referendo?

El segundo escenario que pensó el presidente de la República fue promover el referendo revocatorio. Una decisión que tampoco consideró eficaz pues para haber recurrido a ello la reforma a la Justicia tendría que haber entrado en vigencia con todo y sus consecuencias.

Y además, consideró el Gobierno, a diferencia de la demanda ante la Corte, el referendo tenía que agotar ciertos procedimientos como los de recolectar firmas y organizar una jornada electoral que “dilatarían en el tiempo la decisión final respecto de reformas constitucionales no necesariamente impopulares, sino abiertamente violatorias al trámite de reforma de la Constitución”.

Pero las verdaderas razones que motivaron al gobierno para no promover el referendo fueron de carácter político. “La clara connotación política del referendo revocatorio lo convierte en un mecanismo inadecuado para derogar reformas constitucionales irregulares por razones de trámite legislativo. Ello sin contar con el hecho de que el éxito del referendo revocatorio depende fundamentalmente de la movilización de la voluntad del pueblo y no necesariamente del peso de los argumentos jurídicos”.

¿Por qué se descartó la Conmoción Interior?

El tercer escenario al que recurrió el gobierno fue recurrir a las facultades de excepción que el presidente de la República puede ejercer en desarrollo del Estado de Conmoción Interior, que según la Constitución puede ser declarado por término no mayor a noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales, en caso de grave perturbación del orden público que atente inminentemente contra la estabilidad institucional.

En ese caso, el gobierno tendría “las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos”, según lo establece el artículo 213 de la Carta Política.

Un escenario que fue descartado porque en ejercicio de dichas competencias el gobierno “solo está facultado para suspender leyes incompatibles con el Estado de Conmoción, y no las normas constitucionales. Así, tampoco ante la eventualidad de una reforma constitucional que viole el trámite de la reforma, podría el gobierno adoptar medidas eficaces para contener sus efectos jurídicos”.

Extras, la única opción

Por eso, la única fórmula que encontró el gobierno es tramitar el hundimiento de la reforma como si se tratara de una ley ordinaria, pues las normas establecidas para este tipo de disposiciones son compatibles, dice el gobierno.

Además, considera el gobierno, la Constitución del 91 en ninguno de sus artículos prohíbe de manera explícita la presentación de objeciones gubernamentales contra proyectos de acto legislativo.

En todo caso, si el jueves el Congreso decide tramitar el hundimiento de la reforma, se generará un precedente. Y es que el presidente de la República, en adelante, pueda objetar las reformas a la Constitución. Entonces, la pregunta que surge es: ¿perderá su capacidad y autonomía para reformar la Carta del 91?

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