Gobierno se queda sin votos para aprobar creación de nuevos ministerios

Juan Manuel Santos está a punto de tener del Congreso las facultades para reestructurar el Estado. Tres artículos faltan para que el Ejecutivo haga los ajustes administrativos en las carteras para las cuales había pedido estas facultades especiales.
 
El proyecto parecía estar aprobado, sin embargo, el quórum se fue disolviendo y de los 21 artículos faltaron los más controversiales, los que dan facultades para reestructurar departamentos administrativos, como el DAS.
 
El presidente del Senado, Armando Benedetti, y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, se percataron que el quórum no era el suficiente y decidieron aplazar la votación para el próximo martes. Si se hubiera sometido a votación, el proyecto se habría hundido.
 
Es un nuevo triopiezo de esta inciativa, que el semestre pasado también parecía estar aprobada en noviembre, pero por instrucción del propio Ejecutivo, se aplazó para el presente año.
 
Quizás una de las mayores controversias que se generó en el último debate se concentró cuando el viceministro de la protección social, Javier Gamboa, intentó radicar una proposición para que el gobierno tuviera facultades para liquidar el Instituto de Seguro Social.
 
La razón, explicó Gamboa, es que las tres funciones que cumplía esa entidad han sido suplidas por otras entidades estatales. La prestación de salud, está en manos de la Nueva EPS; la administración de riesgos profesionales, en la ARP Positiva; y en el mes de abril Colpensiones hará lo propio con la administración de las pensiones.
 
Gamboa dijo que del antiguo ISS sólo quedará el nombre, “un cascarón”, pero hay que recurrir a mecanismos jurídicos para eliminar su personería jurídica.
 
Sin embargo, la polémica encendida por el presidente del congreso, Armando Benedetti, quien quería que el gobierno fuera explícito en señalar sus intenciones de acabar con ISS motivó a que el ejecutivo se abstuviera de pedir facultades para el tema.
 
Esto motivó a que la oposición rechazara la concesión de plenas facultades al advertir que el gobierno tendría máximos poderes para modificar la estructura estatal.
 
Los cambios propuestos 
 
En principio, estas facultades servirán para revivir tres ministerios que habían sido fusionados en 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe.

Se tratan de los ministerios de Justicia y del Derecho, que se separa del ministerio del Interior; el de Medio Ambiente, que se separa del de Vivienda y Desarrollo territorial; y el del trabajo, que se escinde del ministerio de la Protección Social.
 
Según el ministerio del Interior, Germán Vargas Lleras, “fue un error” haber fusionado esos ministerios, y admitió como propia esa responsabilidad porque en 2002 él era congresista y apoyó las facultades otorgadas al entonces presidente Uribe para hacer esa fusión.
 
Vargas Lleras recordó que el único argumento para que se fusionaran los ministerios era por temas fiscales, pero que en la práctica, en ocho años, “lo único que se ahorró fue el salario de tres ministros”.
 
En ese entonces también se fusionó el ministerio de Comercio exterior y el desarrollo económico, y fue el único que sí dio resultados.
 
En consecuencia, en un plazo de máximo seis meses, el gabinete ministerial estará integrado por 16 ministerios y no por 13.

Reestructuración a departamentos administrativos
 
Pero en el marco de las facultades especiales que le otorgó el Congreso al jefe del Estado, Santos tendrá la posibilidad de reestructurar varios departamentos administrativos adscritos a las carteras ministeriales.

Según le explicó el ministro Vargas Lleras a la plenaria del Senado, donde se aprobó el
último debate del proyecto, las facultades tendrán el propósito de reestructurar al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE; el Instituto Nacional penitenciario, Inpec, estos actualmente adscritos al ministerio del Interior. Otra de las entidades del Estado que serán objeto de reestructuración será Ingeominas.

Vargas Lleras explicó que no significa que estas entidades vayan a ser liquidadas, si no que se redefinirán sus funciones. El futuro de estos organismos dentro de la administración del Estado lo tendrá que definir el Ejecutivo y para eso tiene seis meses.
 
El proyecto había sido radicado en el mes de agosto y su trámite había tenido mucha celeridad. Al punto que en el mes de noviembre sólo le faltaba un debate, pero por sugerencia del Gobierno fue pospuesto para este periodo de sesiones extraordinarias.