Gobierno sólo acompaña tres proyectos del Congreso

Aunque en las secretarías de Senado y Cámara hay más de 100 iniciativas que han presentado los parlamentarios desde el pasado 20 de julio, el ministro del Interior, Fernando Carrillo, ya seleccionó los proyectos de ley a los que el Gobierno les dará el visto bueno.
 
Y no son muchos, como sucedió en recientes administraciones, como en la del ministro Germán Vargas Lleras. Fernando Carrillo ha dicho que la tercera legislatura no se medirá en cantidad sino en la calidad de normas que apruebe el Congreso.
 
Entre el cúmulo de iniciativas de origen parlamentario, al Gobierno sólo le interesan tres. Se trata de la reforma política del transfuguismo, la reforma al reglamento del Congreso y un nuevo proyecto que se ha denominado política contra el crimen ciudadano y la delincuencia común. 

Así quedó definido en la reunión que el ministro Carrillo sostuvo con el presidente del Congreso, senador Roy Barreras, con el único propósito de llegar a un consenso sobre cuáles iniciativas parlamentarias califican en el abanico de prioridades del Gobierno.
 
Esto significa que proyectos como el de endurecer las penas a los conductores borrachos (que propone el propio Roy Barreras), el de la convocatoria a una Constituyente (impulsado por el uribismo) y el de eliminar la figura de la Vicepresidencia de la República (impulsado por un sector del Conservatismo), por ejemplo, no tendrán el decisivo respaldo del Gobierno.
 
Y aunque las prioridades del Gobierno en la tercera legislatura sólo se definirán este miércoles en el primer consejo de ministros que se hará con la presencia de los jefes de los partidos políticos, la reunión de Carrillo y Barreras dio las primeras puntadas.
 
El ministro del Interior y el presidente del Congreso coincidieron en afirmar que la reforma política, que actualmente discute la Cámara de Representantes (por iniciativa parlamentaria), que tiene como principal propósito que los congresistas puedan cambiarse de partido político para afrontar el debate electoral del 2014, debe ser una reforma “más integral” y que no se concentre en el tema del ‘transfuguismo’.
 
Aunque no mencionaron la palabra paz en ninguno de sus pronunciamientos, Carrillo y Barreras coinciden en que “una reforma política integral” permitiría resolver el controvertido asunto de la participación en política de los desmovilizados.
 
Porque Barreras dijo que esa reforma política, que ya superó un primer debate en la Cámara de Representantes, debe permitir la creación de nuevos partidos, esto viabilizaba la participación electoral de los desmovilizados de las FARC.
 
El presidente del Congreso fue más allá, al punto de permitir que “las opiniones de todos los que se han acogido a la democracia, o lo hagan en el futuro”, no sean “amedrantadas” por los órganos de control.
 
Barreras explicó que se busca “que el ejercicio de la oposición radical pero democrática no tenga amenazas por órganos de control o cortes que le coarten su capacidad de opinar, tiene que tener autonomía (…) La reforma política implica las garantías para la oposición e inclusive la creación de partidos, así como el ejercicio de la democracia de los que ya están elegidos (...) Hay que darle garantías a cualquier colombiano pacífico y democrático para que pueda acceder a la democracia”.
 
El ministro del Interior dijo que esta reforma tendrá un complemento técnico, con el código electoral que pretende actualizar las normas en materia electoral, una iniciativa del Gobierno, desde la época del ministro Vargas Lleras.
 
Los otros dos proyectos de iniciativa parlamentaria que el Gobierno respalda son la reforma al reglamento del Congreso, para evitar situaciones como las de la reforma a la justicia y reglamentar las elecciones de altos dignatarios que le corresponde al Congreso, como la del procurador general, que actualmente ocupa la atención del Senado.
 
El ministro Carrillo explicó que el fortalecimiento del Legislativo abarcará “la creación de institutos de pensamiento alrededor de los Congresos, la creación de asesorías económicas permanentes, el fortalecimiento en la asesoría legislativa y la creación de un sistema de información que funcione. Eso ya está inventado en los parlamentos modernos”.
 
El otro proyecto es el del estatuto contra el crimen urbano. Roy Barreras dijo que está siendo concertado con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia, con el fiscal general, y el director de la Policía Nacional, que pretende “darles dientes” a policía y fiscales, y cambios en el procedimiento penal para controlar y sancionar delitos como el atraco, el hurto de celulares, los delitos de los adolescentes, el porte ilegal de armas e incluso la minería ilegal, que ha sido una de las nuevas fuentes de financiación de grupos armados ilegales.