¿Hará algo el Congreso frente a los enredos del Mintransporte?

Miguel Peñaloza, ministro de Transporte, es uno de los ministros señalados para el éxito del segundo tiempo del gobierno de Juan Manuel Santos. La cartera que dirige, en buena parte, es la que tiene que liderar la ejecución de las obras de infraestructura, por lo que lleva la responsabilidad sobre un millonario presupuesto.
 
Peñaloza no estaba en la lista de ministros fusibles, los que podrían caer en un eventual relevo en el gabinete, el cual sugieren varios partidos políticos, incluso de la Unidad Nacional, pero que el propio Santos ha descartado públicamente.

Sin embargo, la información de que una de las empresas de la familia de Peñaloza ha recibido millonarios contratos con el Estado (él niega que sean eso, “millonarios”), incluso coincidiendo con su presencia como funcionario en los gobierno de Uribe y el propio Santos, lo han convertido en uno de los ministros que podrían apartarse de su cargo.

El jueves, luego de que el ministro de Transporte admitiera que la empresa ‘PyG’, que ha recibido millonarios contratos como los reveló Daniel Coronell en su más reciente columna en la Revista SEMANA, hoy pertenece a su familia.
 
Y como la Constitución, y el recientemente expedido estatuto anticorrupción, prohíben que los servidores públicos contraten con el Estado por sí mismos o por interpuesta persona, desde distintos flancos han sugerido que, por razones éticas, Peñaloza estaría en la obligación de abandonar su cargo, para no afectar los principios de Buen Gobierno, a los que se ha comprometido el presidente Santos.

Esta es la situación que enredaría a Peñaloza. Su permanencia en el Cargo depende directamente del presidente Santos, el único que podría admitir la dimisión del funcionario, al tratarse de un cargo de libre remoción y nombramiento.

Sin embargo, el Congreso es la única institución del Estado que tendría la fórmula para promover esa renuncia. La facultad se la otorga la Constitución (Art. 135) en la llamada figura de la “moción de censura”. Según la norma, esta moción deberá ser promovida por al menos la décima parte del Senado o de la Cámara, y para que se haga efectiva necesita la aprobación de la mitad más uno de la respectiva cámara en la que se tramite dicha figura.

Sin embargo, la posibilidad de que el actual ministro de Transporte estrene la moción de censura en la actual legislatura se advierten nulas. A pesar de que en el parlamento se han pronunciado voces sueltas insinuando la renuncia del funcionario.

Congresistas como Iván Cepeda (Polo) le sugirieron al gobierno a aplicar su filosofía de la urna de cristal que "se está viendo empañada por un ministro que tiene un pie en el Estado y otro en los negocios".

Pero en los sectores de la Unidad nacional la lectura parece distinta. La U, el Partido Conservador, y el Partido Liberal, de momento, no se pronunciarán sobre la situación de Peñaloza, aunque no se descarta que en sus próximas juntas parlamentarias pueda producirse alguna referencia.

Sólo las cabezas visibles del Partido Verde y Cambio Radical han fijado su postura, y en ellas no se menciona la intención de promover la moción de censura contra el ministro de Transporte.

Luis Eduardo Garzón, presidente y único vocero de los Verdes, y el senador Carlos Fernando Motoa, vocero en el Senado de Cambio Radical, han coincidido en que deberán ser los organismos de control los que evalúen la conducta der Peñaloza, y si como funcionario ha favorecido una empresa particular de la que el propio ministro se beneficia de las utilidades, por la sencilla razón de tener sociedad conyugal vigente con su esposa, a quien le pertenece la empresa ‘PyG’.

Garzón considera que por la “gravedad de las acusaciones”, por las implicaciones de quien tiene la responsabilidad de asumir la mayor ejecución del presupuesto, como lo es la infraestructura y por ser la lucha contra la corrupción uno de los “postulados prioritarios” del gobierno del presidente Santos, “amerita que los órganos de control y en particular la Procuraduría acelere un pronunciamiento que establezca la inhabilidad o no inhabilidad del Ministro. Hoy no solamente las instituciones se hacen respetar por la legalidad sino por lograr su legitimidad”.

Incluso, agrega Garzón, el principal interesado para que se esclarezcan los hechos debe ser el propio ministro Peñaloza, “para que sus acciones que son inherentes a su cargo generen la mayor confianza posible”.

Carlos Fernando Motoa recuerda que la moción de censura se promueve “por asuntos relacionados con funciones propias del cargo” por lo que recordó que el desempeño de Peñaloza “ha sido reconocido y ha dado resultados en las diferentes responsabilidades que se le han asignado en los recientes gobiernos”, pues en el de Uribe se encargó de los concejos comunitarios y en el de Santos como consejero para las regiones.

En ese sentido Motoa considera que aún no hay los suficientes elementos para probar que Peñaloza ejerció su influencia en sus respectivos cargos para favorecer los contratos del Estado de la empresa de su esposa. “Eso ya tendría implicaciones penales y disciplinarias, pero hoy el Congreso no cuenta con esos elementos para pronunciarse”.

En la oposición tampoco se ha mencionado el escenario de la moción de censura. Y dejan la controversia en el plano ético y en la responsabilidad exclusiva del presidente Santos y su ministro de Transporte. Camilo Romero, senador del Polo, que no representa la voz oficial del partido, sugiere que Peñaloza debería apartarse del cargo al menos mientras los organismos de control establece si hay alguna conducta sancionable detrás de estos hechos.

Sin embargo, el nombre de Miguel Peñaloza pasó a integrar la lista de funcionarios del gabinete que en el Congreso han sido amenazados con estrenarles la figura de la moción de censura. Una lista que, por lo visto, en las primeras sesiones de la tercera legislatura, encabeza Beatriz Londoño, a quien hasta La U, el partido de gobierno, ha sugerido su renuncia.