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| 6/19/2009 12:00:00 AM

Jaque al referendo reeleccionista

El Congreso terminó su periodo legislativo y no concilió el texto del referendo reeleccionista. Persisten las dudas sobre la legalidad de su financiación.

El Congreso aún no tiene luz verde para conciliar un sólo texto del referendo reeleccionista entre las dos cámaras. Dos hechos se atraviesan en su camino: una decisión de la Corte de investigar a los representantes que votaron a favor de la iniciativa y la falta de certificación de su financiación. Por esta razón, la conciliación quedó suspendida para después del 20 de julio, cuando el Congreso reanude funciones.

Esta mañana en Caracol Radio, Carlos Ariel Sánchez, Registrador Nacional del Estado Civil, explicó que no ha certificado la financiación del referendo reeleccionista porque el Consejo Nacional Electoral aún no ha terminado la investigación sobre la posible violación de los topes financieros para la recolección de firmas de esta iniciativa popular.

Agregó que en el Congreso deberían esperar a que se aclare si el referendo cumple con o no las normas,. Así se evitará aprobar algo cuyo vicio de origen nunca fue aclarado. Escuche las declaraciones del Registrador.

La declaraciones del Registrador se suman a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no desistir de la investigación (que está en su etapa preliminar) a 86 representantes de la Cámara que votaron el proyecto en diciembre del año pasado a sabiendas de que todavía no estaba certificada la financiación del referendo. Sesenta de estos congresistas, a través de una carta le habían pedido al Alto Tribunal que archivara la investigación en su contra.

En La W, el representante Carlos Arturo Piedrahíta reiteró la explicación de por qué el Registrador Nacional emitió este jueves una comunicación para advertir que aún no ha certificado la financiación del referendo reeleccionista. Piedrahíta indicó que el proyecto de consulta popular este superó en un mil por ciento el tope establecido por la Ley y que en su trámite hay 15 denuncias por vicios de forma. Escuche aquí su explicación.

Piedrahíta indicó que si los resultados de la investigación del Consejo Nacional Electoral concluyen que los promotores del referendo sí violaron los topes de la financiación, el Registrador no puede certificar la iniciativa por ser ilegal. Escuche el argumento del representante liberal.

En La FM, el presidente de la Cámara de Representantes, Germán Varón Cotrino, dijo que el anuncio del Registrador ha sido interpretado de dos maneras por los congresistas. Algunos consideran que sin el certificado no se puede votar el referendo, mientras que otros creen que éste no lo afecta.

Señaló que cada integrante de la Comisión de Conciliación es libre de continuar con el trámite del referendo. Por último, dijo que la conciliación del referendo se estudiaría en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, a no ser que el gobierno decrete nuevamente sesiones extraordinarias. Escuche al presidente de la Cámara.

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En La W, el viceministro de Defensa Sergio Jaramillo, dijo que las ejecuciones hechas por integrantes de la fuerza pública son “casos atroces”. Respecto a lo dicho por Philip Alston, el relator de Naciones Unidas que vino a Colombia para estudiar estos casos, Jaramillo resaltó que “él mismo dijo que no tenía evidencia de que fuera una política del gobierno y obviamente no puede serlo porque desde el comienzo de la seguridad democrática el objetivo ha sido control del territorio, protección de la población. Si ese es el objetivo no puede haber una conexión en esas dos políticas”.

Sobre la dimensión de este problema de militares que matan a civiles inocentes para presentarlos como guerrilleros, Jaramillo dijo que “tenemos un problema supremamente complejo de cifras porque tendemos a confundir en la discusión pública qué es una investigación de la Fiscalía, qué es una denuncia de una ONG o qué es una alegación que nos pasa el CICR. De manera que establecer ese universo es prácticamente imposible y les pido que tengan en cuenta que hasta cuando una persona es condenada en juicio por esos casos no podemos decir que ese delito se cometió. Muy difícil establecer ese universo”.

Sobre este mismo tema, el Fiscal General, Mario Iguarán, dijo en Caracol Radio que “Nosotros en esta administración nos dimos a la tarea de investigar los supuestos homicidios cometidos por agentes del Estado. Esto ha ocurrido en todos los departamentos, sobre todo en Antioquia, Meta, Casanare y Cesar y tenemos reportados más de 1.000 casos. Nos dimos a la tarea de investigar estos homicidios y en menos de dos años, donde hemos promovido estas investigaciones, podemos reportar más de 1.100 personas vinculadas, con más de 230 acusadas y casi 500 medidas de aseguramiento donde se incluyen suboficiales y oficiales”.
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