Judicatura también pide traslado de pruebas en procesos de corrupción

Cuatro herramientas pide el Consejo Superior de la Judicatura le sean otorgadas en el estatuto anticorrupción. Este organismo, en su sala disciplinaria, tiene la función de investigar a todos los funcionarios de la rama judicial: jueces y magistrados.

Angelino Lizcano, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, le pidió a la Cámara de Representantes, donde se discute en tercer debate el estatuto, la posibilidad de que la Fiscalía traslade pruebas a la sala disciplinaria cuando se trate de presuntos actos de corrupción de funcionarios de la rama.

Esta petición es similar a la que el procurador general, Alejandro Ordóñez, hizo dos semanas atrás y a la que la fiscal general, Vivianne Morales, se opuso. La Fiscalía y la Procuraduría, tal como explicó el ponente del proyecto, Germán Varón, aún no se han puesto de acuerdo en el tema.

La diferencia de la petición de la Judicatura, según el magistrado Angelino Lizcano, es que el traslado de pruebas se realice después de una audiencia de imputación de cargos contra un funcionario. Es decir, cuando el proceso sea público.

No fue la única petición de esta corporación. Lizcano también exigió que en el estatuto anticorrupción la sala disciplinaria pueda investigar no solo a jueces, magistrados y abogados, sino también a otros empleados de la rama judicial como auxiliares, secretarios, escribientes. “De un juez para abajo nadie los disciplina”, explicó.

El presidente de la Judicatura también pidió poder preferente para el traslado de procesos disciplinarios. La idea es que funcionarios de la judicatura que no tengan plenas garantías para la investigación en sus regiones se puedan trasladar a Bogotá.

Lizcano reclamó para la Judicatura tener funciones preventivas similares a las que tienen la Procuraduría y la Contraloría. Y finalmente pidió ser partícipe en el diseño de políticas anticorrupción.

El presidente de la Judicatura argumentó que en 20 años de existencia de la corporación, la sala disciplinaria ha proferido sanciones contra 1.800 funcionarios judiciales y ha investigado cerca de 20.000 abogados por casos de corrupción.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó como “razonables” las peticiones de la Judicatura a pesar que esa corporación pueda ser objeto de reestructuración y hasta de eliminación en una futura reforma a la justicia. “Sin prejuicio de ese debate, el Gobierno considera útiles esas herramientas. La corrupción también ha permeado la rama judicial”, explicó.

El estatuto anticorrupción está en tercer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes.