Justicia internacional tiene abiertos 50 procesos contra Colombia: Gobierno

El pasado 19 de agosto, en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pedía perdón público por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. Lo hacía, a nombre del Estado y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Colombia por ese homicidio.

La de Manuel Cepeda Vargas fue la undécima condena contra el Estado colombiano desde 1994. Las cuales han supuesto a la Nación el pago de algo más de 24 millones de dólares (casi diez mil millones de pesos).

Quizás por esos antecedentes el Congreso le pidió explicaciones a la canciller María Ángela Holguín, encargada de dirigir la política de defensa internacional judicial del Estado, sobre la política del Gobierno para afrontar los procesos en la justicia internacional.

Más aún cuando en el sistema interamericano de derechos humanos hay 50 procesos formales y 134 demandas contra la Nación, tal como lo admite el propio Gobierno, a través de la canciller María Ángela Holguín.  

Si todas ellas prosperaran, en el más pesimista de los escenarios, y pasaran a la Corte Interamericana de DD.HH., Colombia estaría expuesta a pagar indemnizaciones cercanas a los 400 millones de dólares, según el senador Manuel Virgüez (MIRA), citante del debate de control político que se adelantará este 30 de agosto en la Comisión Segunda del Senado.

Para Virgüez, la defensa del Estado colombiano es “débil y paupérrima”, al afirmar que todos los procesos conocidos por la Corte Interamer5icana han terminado en condena.

La canciller, en un extenso cuestionario conocido por Semana.com, y que revelará este martes en el Senado, admite no sólo la existencia de los 50 procesos formales contra Colombia, sino que “la forma como funciona el sistema, ni Colombia ni ningún Estado ha ganado un solo caso u obtenido fallo favorable ante la Corte Interamericana”.

En la respuesta al cuestionario, María Ángela Holguín también defiende la estrategia del Estado colombiano al señalar como “logros” el archivo de 25 procesos en contra que investigaba la Comisión Interamericana.

El senador Manuel Virgüez también le pedirá explicaciones al gobierno por la forma como se escoge a los abogados encargados de defender al Estado en las instancias internacionales. “No conocemos si la elección de esos funcionarios responde a la carrera diplomática o a qué criterios”, se pregunta.

Holguín explica en sus respuestas que el perfil de los defensores del Estado son exmagistrados de las altas cortes y exprocuradores, pero que detrás está el Grupo Operativo Interinstitucional, integrado por casi 30 funcionarios de los ministerios de Relaciones, Interior, Defensa, y del que hacen parte delegados de la fuerza pública y la Vicepresidencia. La canciller explica que las estrategias de defensa "no son improvisadas".

Durante el debate, Virgüez también pedirá explicaciones al gobierno por la reciente suscripción del convenio con la Corte Penal Internacional en el que Colombia se constituye en un país donde se pueden ejecutar las penas de ese tribunal internacional.

Según Virgüez, en ese convenio, Colombia también se convierte en donante del fondo de la Corte Penal Internacional (CPI) para resarcir y reparar a las víctimas. “ No nos han explicado cuánto le va a costar esa decisión al país, más aún cuando Colombia no ha superado el debate fiscal sobre la reparación de las víctimas del conflicto interno”.

Durante el debate, Virgüez también publicará un video del fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en el que da a entender que Colombia podría tener varios procesos en ese tribunal por los casos de 'chuzadas' y 'falsos positivos'.  

En ese video, el fiscal Moreno dice que la CPI no va a renunciar a los mandatos de Estatuto de Roma, que son investigar a quienes ejercieron el mando, control y liderazgo de conductas violatorias de los derechos humanos.

Según Virgüez, ese testimonio podría significar que así en la justicia colombiana haya condenas por los casos de las ‘chuzadas’ y los ‘falsos positivos’, la Nación no se libraría de que esos casos pasarán a ser conocimiento de esa jurisdicción.