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| 10/6/2011 12:00:00 AM

'Justicia y paz' a militares, un complejo debate

Sectores políticos e ideológicos coinciden en cuestionar la propuesta del vicepresidente Angelino Garzón de avanzar en procesos de justicia transicional contra militares involucrados en violación de Derechos Humanos.

Como nunca antes, el país ha concentrado sus discusiones sobre el conflicto armado en la situación de los miembros de las Fuerzas Militares.
 
Quizá las recientes condenas contra uniformados, como la de 30 años de prisión contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia (noviembre de 1985), han motivado el debate.
 
Mientras en el pasado leyes encaminadas a superar el conflicto y conseguir la paz han promovido perdones, indultos, amnistías y penas alternativas para la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales, la fuerza pública, que los ha combatido, está expuesta a soportar todo el peso de la ley por aquellos excesos en los que algunos de sus agentes han incurrido en medio de la confrontación.
 
Pero ahora, varias iniciativas, que buscan allanar el camino para la reconciliación, plantean que así como se reconocen los derechos de las víctimas (a la verdad, justicia y reparación) y se les otorgaron beneficios a los victimarios, los miembros de la fuerza pública, como actores legales del conflicto, también deberían tener algunos beneficios judiciales cuando están comprometidos en violaciones de derechos humanos.
 
El vicepresidente Angelino Garzón fue el primero que, en nombre del Gobierno, planteó el debate. Al preguntarse qué hacer con los militares investigados o condenados por delitos cometidos en el marco del conflicto, el vice insistió en la tesis de buscar mecanismos para beneficiar a estos miembros de la fuerza pública.
 
El argumento es que si en el pasado movimientos subversivos no pagaron cárcel a cambio de su desmovilización, y los grupos paramilitares acordaron penas alternativas que no exceden ocho años de prisión, incluso por delitos atroces, los miembros de la fuerza pública se exponen a condenas que, en su mayoría, no rebajan 30 años de prisión.
 
Por eso, el vicepresidente Garzón considera que para la fuerza pública, incluso, también se deberían contemplar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, o cualquier otro mecanismo de justicia transicional, con la salvaguarda de que eso no significaría que el Estado colombiano baje la guardia en materia de protección y de cero tolerancia contra la violación de Derechos Humanos.
 
El senador Roy Barreras (La U), en su proyecto de justicia transicional como marco legal para alcanzar la paz, también propone beneficios judiciales no sólo para la desmovilización de guerrilleros, sino también para todos los actores del conflicto, algo que incluye a los militares. “Si reconocemos el conflicto, tenemos que reconocer que la fuerza pública es un actor del conflicto”, explica.

Pero sectores políticos, en general, cuestionan esta posibilidad.

Excesos de militares deben ser castigados con severidad

El representante Guillermo Rivera (P. Liberal) considera equivocadas las propuestas de Angelino Garzón y Roy Barreras. Ambas, asegura, parten de “un error conceptual” y es que la justicia transicional tiene como propósito central garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

“Las penas alternativas –considera Rivera– son accesorias y se predican para la desmovilización de los grupos ilegales. La fuerza pública opera en el marco de la legalidad y en ella no se predica la desmovilización. Todo lo contrario, se predica y se exige una estricta lealtad con el orden democrático que se funda en el respeto a los derechos humanos”.

Por eso, Guillermo Rivera defiende la tesis de que la lógica debería ser sancionar con mayor severidad a quienes dentro de la fuerza pública violen los derechos humanos que juraron proteger y garantizar.

Militares, con mayor fuero

En otra orilla ideológica, menos liberal y más conservadora, el senador Juan Carlos Vélez Uribe (la U) también rechaza esta propuesta del vicepresidente Garzón y el senador Barreras. Pero con otro tipo de argumentos.

Para Vélez, ampliar los beneficios de justicia y paz, o algún mecanismo de justicia transicional a los militares, sería “equipararlos a los delincuentes”. Considera un irrespeto que se les apliquen los beneficios de leyes diseñadas para la desmovilización de grupos ilegales. “La fuerza pública es una institución democrática. No se les puede dar el mismo tratamiento que los terroristas”.

Vélez considera, en cambio, que así como “los autores de la toma del Palacio de Justicia (M-19)” se beneficiaron de leyes de perdón y olvido, los militares condenados por la retoma también deberían ser amnistiados.

Pero la fórmula que propone el senador Vélez, para responder al interrogante de qué hacer con los militares involucrados en delitos con ocasión del conflicto, no es otra distinta a fortalecer el fuero militar y ampliar sus alcances.

Por eso, como ponente de la reforma a la justicia, Vélez defendió la propuesta de que los delitos de militares o policías, en el marco del conflicto, tengan, en todos los casos, la presunción de que se trata de actos con ocasión del servicio.

Esto significa que sería la justicia penal militar, y no la justicia ordinaria (que contempla penas severas), la que tengan competencia sobre los actores legales del conflicto.

Vélez, defensor de la tesis de que en Colombia no hay conflicto armado sino “amenaza terrorista”, y que sólo se supera tras el debilitamiento militar de los ilegales, considera necesario que la Constitución sea clara en el fuero militar, precisamente para que la tropa no se desmoralice y pueda seguir actuando, en el marco del derecho internacional humanitario, contra “los terroristas”.

“Si no cambiamos el curso de las cosas para que sea la justicia penal militar la primera que intervenga en todos estos casos en los que se presentan combates, es muy difícil que los militares puedan seguir actuando y enfrentando a los grupos ilegales”, considera Vélez.

Aunque el debate cobró más vigencia que nunca, tiene una particularidad. En general,  los sectores políticos e ideológicos más contradictorios coinciden en oponerse a que la justicia transicional sea aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía.
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