La U apoya elevar a rango constitucional presupuesto de la rama Judicial

El presidente Juan Manuel Santos ha insistido en varios escenarios en que los problemas de la justicia no se reducen al presupuesto de la rama. Sin embargo, su partido, La U, sí considera que para garantizar la agilidad y el acceso a la justicia el tema pasa por la plata.
 
Eso se puede deducir de las conclusiones del encuentro que sostuvo la bancada de senadores de este partido con el presidente del Consejo de Estado, magistrado Mauricio Fajardo.
 
Al término de la reunión, los parlamentarios acordaron que en el proyecto de reforma a la justicia se eleve a rango constitucional el porcentaje anual que la rama judicial debe recibir en la distribución del presupuesto.
 
Incluso, el senador Armando Benedetti aseguró que esa propuesta “será bandera del Partido de La U”.
 
De ser aprobada, como lo pide el Consejo de Estado en su propio proyecto de reforma a la justicia, y si se eleva esa petición presupuestal a rango constitucional, significa que por orden de la carta magna se fijaría el mínimo del presupuesto que anualmente recibiría el poder judicial. Sería el primer poder público que vería garantizado un determinado monto de recursos para su funcionamiento por orden constitucional, independientemente de las circunstancias.
 
Sin embargo, los senadores de La U admitieron que no se fijó qué monto del presupuesto sería elevado a rango constitucional.
 
La propuesta del Consejo de Estado es que la Constitución le garantice a la rama judicial, anualmente, mínimo el 5 porciento del presupuesto de la Nación y que de ese porcentaje se excluya a la Fiscalía.
 
La pretensión de la rama judicial es que anualmente le sean asignados cerca de 8,8 billones de pesos anuales. El actual presupuesto destinado a la justicia (según cifras del Ministerio de Hacienda para el 2011) fue de 2,4 billones de pesos.
 
Benedetti, al término de la reunión, dijo que se llegaría a un punto de acuerdo sobre el porcentaje que queadaría establecido en la reunión, pero explicó que la importancia de elevar a rango constitucional el presupuesto del poder judicial es que “se le está otorgando autonomía total”.