"La Cámara votará negativamente la reforma a la justicia": Germán Blanco

Semana.com: El Senado aprobó la eliminación de la Comisión de Acusaciones en la reforma a la justicia, ¿cómo recibió esa decisión?

Germán Blanco: Los miembros de la Comisión Primera del Senado y los ponentes del proyecto son autistas. No ven, no oyen, no entienden. No miran para los lados, porque la Comisión de Acusaciones radicó su propia autorreforma y ni siquiera nos llamaron para discutirla, no nos tuvieron en cuenta. Sólo acumularon nuestro proyecto. 
 
Semana.com: ¿Por qué cree que el Senado no los llamó a ustedes y decidió eliminar la Comisión de Acusaciones, que también investiga a los magistrados de la altas cortes?
 
G.B.: Porque hay un claro favorecimiento a los miembros de la función judicial de las altas cortes, según los términos en los que se aprobó la reforma a la justicia en el primer debate. Algunos senadores están investigados por las cortes, eso lo puede explicar. Se debieron declarar impedidos.
 
Semana.com: ¿Cómo así que hay favorecimiento del Senado a las altas cortes?
 
G.B.: Primero, decidieron ampliar el período de los magistrados. Ese hecho es inconcebible en un Estado de Derecho, porque perpetúa en las posiciones no sólo a los operadores judiciales, también perpetúa las posiciones filosóficas, políticas y judiciales. Y el derecho, como la política, es muy dinámico. 
 
Semana.com: Volviendo al tema de la Comisión de Acusaciones, el Senado decidió crear un nuevo tribunal. ¿Cómo ve esa propuesta?
 
G.B.: Un nuevo tribunal genera nuevos recursos económicos para el Estado porque se crean nueve magistrados adicionales con las calidades de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los que más prerrogativas tienen. Esa decisión significa, mínimo $30 millones entre salario y prestaciones mensuales por cada magistrado, es decir $270 millones mensuales para mantener sólo a los magistrados. Súmele las prerrogativas que los acompañan.
 
Semana.com: Al eliminar la Comisión de Acusaciones, las cortes terminan disciplinándose entre sí. ¿Cree que esa es la fórmula para la investigación de los aforados?
 
G.B.: Esa fórmula lo que hace es romper con el principio de pesos y contrapesos en todas las democracias del mundo. En cualquier lugar del planeta, las distintas ramas del poder público se controlan entre sí. ¿Cómo así que los magistrados terminan investigándose entre ellos mismos? Si eso se aprueba, serían obvias las sentencias. Se estarían investigando entre amigos. No hay una garantía en el tema. Debe haber independencia entre los poderes públicos. 
 
Semana.com: La Comisión de Acusaciones radicó su proyecto de autorreforma y fue descartado por varios senadores, incluso, presentaron una iniciativa eliminando las funciones judiciales del Congreso. ¿Hay un choque entre Senado y Cámara?
 
G.B.: Es muy extraño el interés de algunos senadores. No tienen formación jurídica ni conocen el funcionamiento ni los procedimientos para el juzgamiento de aforados. Mucho menos conocen en su interior a la Comisión de Acusaciones como para acordar su eliminación. Tampoco tuvieron la deferencia de reunirse con los miembros de la Comisión para ver qué opinamos.
 
Semana.com: Sin embargo, la Comisión de Acusaciones lleva años de inoperancia. ¿Cómo se puede entender que el proyecto de autorreforma sí sea la solución?
 
G.B.: Creemos que la Comisión de Acusaciones, tal como está actualmente, no debe funcionar. Se debe reformar sustancial, procedimental y formalmente. ¿Cómo? Con la creación de un estatuto único procedimental para aforados, que permita que los juzgamientos sean con normas unificadas. Proponemos elevar la Comisión de Acusaciones a la categoría de constitucional, es decir, que los miembros que la integran sólo pueden pertenecer a esa comisión. También proponemos que se le dote de mayores recursos y herramientas jurídicas para poder mostrar mayores resultados. 
 
Semana.com: Pero el acuerdo al que llegaron el Gobierno y las cortes es precisamente eliminar la Comisión de Acusaciones...
 
G.B.: La reforma a la justicia se presentó como un gran acuerdo entre las cortes y el Gobierno, pero eso no fue tal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, rechaza la supresión de la comisión. Así que no hay ningún acuerdo. 
 
Semana.com: Si no hay acuerdo, ¿es una reforma impuesta por el Gobierno?
 
G.B.: Más parece un salpicón de frutas donde han querido meter de todo, sin orden ni coherencia. Yo vaticino que se va a hundir. La reforma tiene voces en contra y no hay unidad de materia. Y esta reforma no es la necesidad que tiene la justicia. El punto central debe ser la resolución de los conflictos y cómo acabar con la congestión de los procesos. Pero es que hasta fuero militar han querido meterle al proyecto. 
 
Semana.com: Pero el Gobierno dice que lleva año y medio concertándola y que las diferencias las resolverá el Congreso...
 
G.B.: El proyecto, ni siquiera a la fecha, ha sido debidamente discutido por el Congreso. En la Cámara de Representantes, por donde deben pasar cuatro debates, no hay afinidad ni sentido de pertenencia con el proyecto. Nosotros, la Cámara de Representantes, no hicimos parte de la discusión y no estamos de acuerdo con el contenido del proyecto. 
 
Semana.com: ¿Está advirtiéndole al gobierno que en la Cámara de Representantes se hundirá el proyecto?

G.B.: Sólo puedo hablar por mi voto, entonces la reforma a la justicia ya tiene un voto negativo y espero que ese voto no le haga falta al Gobierno. Pero así como pienso yo, muchos otros representantes lo han expresado. Llegará el momento en que lo harán públicamente. 
 
Semana.com: Si usted advierte una derrota al proyecto, ¿qué le sugiere al Gobierno para reformar los problemas de la justicia?
 
G.B.: Va a suceder algo más fuerte que la reforma a la educación. El país entero va a tener que pronunciarse y va a tener que mostrar la inconformidad ante la creación de nuevas magistraturas, compromisos de nuevos presupuestos y la ampliación de periodos. Ese no es el verdadero problema de la justicia. 
 
 Semana.com: ¿Cree que la reforma a la justicia alterará la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial?
 
G.B.: El gobierno Santos ha querido quedar bien con todo el mundo, con todas las cortes, pues venía resquebrajada la relación desde el gobierno Uribe. Pero esta reforma le faltó ser concertada con muchos más actores, para no dejarla supeditada a una vergonzosa derrota.
 
Semana.com: Si fracasa la reforma a la justicia, como usted lo advierte, ¿cree que será un pretexto para quienes pretenden que en Colombia se convoque a una Asamblea Constituyente?

G.B.: La reforma a la justicia se tiene que evaluar desde la academia, que allí surja la propuesta y luego someterlos a una gran mesa de concertación nacional donde los congresistas sólo seamos una parte de la misma y en la que estén representados todos los sectores del país, pero sin necesidad de llegar a una constituyente. 

Semana.com: Pero la reforma también les dio contentillo a los congresistas al garantizar la doble instancia...

G.B.: Ningún contentillo, la doble instancia es un derecho de todos los ciudadanos y los congresistas carecemos de ella. Pero la propuesta del Gobierno, de que se divida la Corte Suprema de Justicia en dos secciones, no es la fórmula para garantizar ese derecho. La doble instancia no se garantiza nunca al interior de la misma Corte. 
 
Semana.com: Entonces, ¿cuál sería la fórmula para garantizar la doble instancia?
 
G.B.: Puede haber conjueces, o que la Fiscalía desarrolle la etapa instructiva y que la Corte Suprema de Justicia adelante el juicio. Y en materia disciplinaria, no creemos que la Procuraduría debería actuar contra congresistas, excepto que allí se haga una primera instancia y la segunda sea en el Consejo de Estado. 
 
Semana.com: Hoy la Comisión de Acusaciones estaría eliminada por la reforma a la justicia. ¿Cree que hay ambiente para revivirla en los siete debates que le hacen falta al proyecto?
 
G.B.: Tal vez en el Senado no haya ambiente, pero el primer debate en la Cámara de Representantes, perfectamente, se puede revivir, o votar por el archivo de la reforma a la justicia. Cinco miembros de la Comisión de Acusaciones pertenecen a la Comisión Primera de la Cámara, todos ellos piden mantener la Comisión, pero fortalecida. Entonces, quienes quieren eliminarla tendrán un gran escollo en estos debates. 
 
 Semana.com: ¿Qué otras cosas no le gustan de la reforma a la justicia?
 
G.B.: Decidieron generar inhabilidad al fiscal general y al procurador general para aspirar a cargos de elección popular por cinco años. Esa decisión rompe con el principio de igualdad.