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| 11/26/2012 12:00:00 AM

La de Corzo y otras controvertidas demandas

El senador le va ganando al Estado un pleito por el secuestro que sufrió a manos del ELN. ¿Qué otros dirigentes reclaman indemnizaciones?

Pese a que llevaba más de una década en el Capitolio, sólo hasta que fue ungido como presidente del Senado, el 20 de julio del 2011, Juan Manuel Corzo se hizo reconocido en la opinión nacional.

Más allá de su investidura, lo fue por haber defendido, contra viento y marea, varios de los derechos que él y sus colegas tenían adquiridos o reclamaban tener (pasaporte diplomático, inmunidad parlamentaria o la doble instancia de juzgamiento en procesos penales. Como lo tienen en otras democracias), figuraban en la lista.

Pero fue quizás la defensa que hizo al "derecho" a tener auxilio económico para tanquear los vehículos que el propio Estado les suministra a los congresistas -consagrado en un decreto-, el que lo hizo más célebre y le acarreó la avalancha de críticas que se haya conocido, contra un 'padre de la Patria', en la reciente década.

Corzo vuelve a ser noticia. Este lunes el diario El Tiempo reveló que el expresidente del Congreso le va ganando un pleito jurídico a la Nación, que si el Consejo de Estado lo ratifica, deberá indemnizar al parlamentario por una cifra que, según la información del diario bogotano, podría acercarse a la suma de 800 millones de pesos.

La pretensión no era nueva, pues Corzo decidió reclamar las responsabilidades que tuvo el Estado en el secuestro del que fue víctima y que se prolongó por 17 meses entre 1999 y el 2001.
Cuando recuperó su libertad, según los archivos periodísticos de la época, Corzo hizo un llamado público al gobierno de entonces, el de su copartidario Andrés Pastrana, para firmar la paz con las guerrillas al calificarla como "un imperativo".

Pero casi que de forma simultánea decidió responsabilizar al Estado por su secuestro y reclamar por prejuicios que esa situación le produjo a él y a su familia. En su secuestro, dice el senador, "hubo una gran falla del servicio del Estado, no funcionaron las máquinas del DAS, hubo fallas de la Aerocivil, de la propia aerolínea (Avianca), hubo muchas responsabilidades…", y como se causaron "perjuicios graves a mi familia", aclarar "he decidido demandar".

Hace cuatro meses el tribunal Administrativo de Santander le dio la razón a Corzo y a varios de sus compañeros de secuestro que también demandaron, y será el Consejo de Estado quien lo ratifique, pues la Nación decidió apelar el fallo.
 
No es la primera vez que un congresista o un dirigente político decide demandar al Estado por considerar que le ha vulnerado sus derechos, y tampoco es la primera ocasión en la que este tipo de demandas son impopulares.

Más allá de lo legítimo de las pretensiones respectivas, estos son otros dirigentes que recientemente han decidido llevar al Estado a los tribunales.

Las 'chuzadas' contra Yidis 

Yidis Medina fue congresista dos años y se dio a conocer por haber entregado su voto en favor de la reelección presidencial a cambio de dádivas. Así lo confesó y por eso está condenada. La excongresista anunció una demanda tras haber sido reconocida como víctima dentro del proceso que la Fiscalía adelanta por las 'chuzadas' del DAS. Aspira entre 5.000 y 8.000 millones de pesos si los tribunales condenan a agentes del Estado por esta conducta.

Los sueldos y las primas de Merlano

El país supo que Eduardo Merlano era senador y que obtuvo "50.000 votos" en julio pasado, cuando se resistió a someterse a una prueba de alcoholemia en un puesto de control de la policía en Sincelejo. Merlano llamó a un oficial de alto rango de la Policía para que los agentes lo dejaran ir. La Procuraduría lo sancionó por tráfico de influencias y lo inhabilitó a 10 años para ejercer cargos públicos.

Merlano radicó ante la Procuraduría una solicitud de conciliación, en la que no solo busca anular ese fallo, sino que pide el reintegro a su cargo como congresista y hasta el reconocimiento y pago de todos los sueldos, prestaciones sociales, gastos de representación y primas que haya dejado de percibir durante el tiempo que permanezca fuera del cargo. Si no prospera esa conciliación, los abogados de Merlano han anunciado acudir a la jurisdicción administrativa.

Carlos García y una acusación que fue revertida 

El expresidente del Congreso Carlos García Orjuela pretende que el Estado lo indemnice con una cifra que supera los tres millones de euros. García, senador del Tolima, estuvo más de un año en prisión por los supuestos vínculos con paramilitares. La Corte Suprema de Justicia, que adelantaba la investigación, decidió absolverlo de toda culpa. García salió de prisión, se radicó en Francia y se retiró de la política, y espera que un tribunal de París responsabilice al Estado colombiano por su detención.

Ingrid Betancourt y la demanda tras su rescate

La excongresista y excandidata presidencial Ingrid Betancourt fue secuestrada el 23 de febrero del 2002 por la guerrilla de las Farc, quien la tuvo en su poder hasta el 2 de julio del 2008, cuando el Ejército colombiano la rescató en la llamada 'Operación Jaque'. Casi tres año después, y tiempo después de haber sido nominada al Nobel de Paz, Ingrid estuvo en el ‘ojo del huracán’ cuando en junio del 2011 anunció una demanda contra el Estado y que reclamaba cerca de 15 mil millones de pesos.

En la pretensión, Ingrid reclamó que el Estado no garantizó su derecho a la libertad y generó perjuicios a ella y a su familia que debían de ser reparados. El ministerio de Defensa rechazó responsabilidades, mientras la opinión pública en general también cuestionaba la decisión de Betancourt. La demanda se quedó en el texto, y tras la controversia, nunca llegó a los tribunales.
Varios de los dirigentes políticos que compartieron cautiverio con Ingrid también plantearon demandas contra el Estado: Alan Jara, Consuelo González de Perdomo, Jorge Eduardo Géchem, Gloria Polanco y Luis Eladio Pérez.

En todo caso, las pretensiones de los dirigentes políticos, legítimas o no, no dejan de estar exentas de polémica.
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