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| 6/26/2012 12:00:00 AM

La estrategia del Gobierno para que haya quórum

Ante el temor y la incertidumbre de los congresistas, el Gobierno desplegó una táctica para que el Congreso no evada el hundimiento de la reforma, tal como lo pidió el presidente Santos al objetar el proyecto.

Quizá como nunca antes había sucedido en su gobierno, el presidente Juan Manuel Santos ha quedado en manos del Congreso. Es la única institución que puede, según la interpretación jurídica del Gobierno, hundir una reforma a la Justicia que fue declarada "inconveniente e inaceptable".
 
Así como varias semanas atrás el Gobierno necesitaba de sus congresistas para aprobar el proyecto bandera de la segunda legislatura, ahora requiere de su presencia para evitar que el proyecto entre en vigencia, con todas las consecuencias que supondría.
 
Pero los congresistas, que aún consideran que archivar una reforma constitucional en sesiones extraordinarias no está ajustado a la ley, temen que se les abran investigaciones disciplinarias. Por eso, para garantizar el hundimiento del proyecto, el Gobierno necesita asegurar la presencia de los parlamentarios en el Capitolio, sobre todo el próximo jueves. ¿Cómo lo hará?
 
La tarea empezó el sábado, 23 de junio. Ese fin de semana, dos días después de la alocución presidencial en la cual Juan Manuel Santos objetó la reforma a la Justicia y dejó al país en un limbo institucional, altos asesores de Palacio se pusieron en la tarea de buscar, por cielo, tierra e incluso debajo de las piedras, a los 268 congresistas para patrullar y entender cómo había quedado la relación entre el Gobierno y el Congreso.
 
No fue fácil. Hay pocas cosas que los congresistas consideran más sagradas que su descanso de mitad de año. Varios ya tenían pasajes comprados para París, Madrid y Estados Unidos. Otros, en especial los representantes, ya habían tomado vuelos de vuelta a sus regiones. El presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, volaba camino a China. Y la mayoría de conciliadores no querían dar la cara.
 
Los que sí estaban en el país no contestaban el celular o aprovechaban la oportunidad para reclamarle al Gobierno o quejarse por haber recibido el "agua sucia" del trámite de la reforma y decir que se "sentían solos".
 
Ese sábado, los asesores de la Casa de Nariño encontraron a 40 congresistas y recibieron 40 regaños. Se los tragaron, pues sabían que las relaciones Congreso-Gobierno no pasaban por su mejor momento. Era necesario tender puentes y no quemarlos. No en vano estaban casi seguros de que necesitarían pedirle al Congreso que arreglara el lío en el que estaban metidos. 
 
Ese apoyo se necesitó más temprano que tarde. El domingo, en una reunión a las 6 de la tarde, el equipo político de Palacio decidió que el presidente redactaría un "memorial de agravios" con las objeciones a la reforma constitucional y que citaría extras para el miércoles y jueves de la última semana de junio.
 
En ese momento, empezó la segunda fase de la operación. Ya habían patrullado el sentir parlamentario, que no era positivo. Ahora, su labor era convencerlos de venir a Bogotá y asistir a las sesiones extras del miércoles y jueves en el Capitolio.
 
Primero debían persuadirlos de que este procedimiento era legal, que no tenían razones para temerle al artículo 149 de la Constitución y que no estarían prevaricando si archivan una reforma constitucional fuera del período ordinario de sesiones. Además, había que convencer a los parlamentarios de que su asistencia era fundamental para la Unidad Nacional.
 
Los asesores de Palacio, personalmente, llamaron a todos los parlamentarios de la coalición. Transmitieron de primera mano la decisión del presidente de convocar a extras e indagaban si era “posible contar con su presencia”.
 
Las respuestas variaban entre un "sí incondicional", un "no asiste por incapacidad", un "no asiste por estar fuera del país" o un "nadie contesta." Todas las respuestas las anotaban en un cuadro para hacer seguimiento.
 
El lunes en la noche, tenían confirmados a 59 senadores (de 101) y 94 representantes (de 165).
 
El martes, tanto el equipo político de palacio como varios asesores del Ministerio del Interior redoblaron la ofensiva y, a punta de teléfono, trataron de confirmar la asistencia de los congresistas.
 
Otra parte de la estrategia fue mediática. Primero, Simón Gaviria, presidente de la Cámara, invitó a los representantes a asistir a las extras "para hundir la reforma". Los senadores del Partido Liberal expidieron un comunicado en el que afirmaban que asistirían, ejemplo que siguieron los verdes. Además, la indignación en la opinión pública frente a la reforma se convirtió casi que un clamor.
 
La estrategia tuvo otro capítulo con la sorpresiva rueda de prensa del fiscal, Eduardo Montealegre. Para calmar los ánimos; citó una rueda de prensa donde afirmó que ningún congresista que haya votado afirmativamente la reforma a la justicia puede ser investigado porque el "voto legislativo es inviolable". Incluso, en su propósito, afirmó que a la reforma a la justicia sólo le debían quitar los ‘micos’, algunos incluidos en la conciliación.

Pero los temores seguían la víspera del inicio de las sesiones extras. Por eso, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que intervenir, y en una declaración disfrazada de alocución asumió de nuevo la responsabilidad de la decisión de archivar la reforma: "Yo respondo, yo respondo. Asumo la responsabilidad política y jurídica".

Los resultados de la estrategia sólo se conocerán el miércoles en la mañana, cuando los congresistas deban asistir a la primera sesión de extras, en la cual solamente se anunciará la sesión del jueves (y para la cual el texto de los ponentes ya debe estar radicado). Para anunciar el proyecto basta con quórum deliberatorio, es decir, la cuarta parte del Senado y la Cámara.

La hora cero será el jueves, día de la votación. Para estas plenarias, es necesario contar con mayoría calificada, es decir, la mitad más uno del quórum de cada plenaria. ¿Qué pesará más? La seguridad que han brindado juristas como Rodrigo Uprimny, el exmagistrado Carlos Gaviria, el fiscal Montealegre y el propio Juan Manuel Santos. O el susto de los parlamentarios, que además una semana atrás le habían dado el respaldo a un proyecto que terminaron ajustando a su medida. En todo caso, el presidente está en manos del Congreso.

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