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| 8/20/2009 12:00:00 AM

La financiación de la política según la sociedad civil

Los proyectos de ley presentados por el gobierno y un grupo de congresistas, que buscan regular la financiación de los partidos políticos, son insuficientes, según organizaciones civiles. El debate está abierto.

Este año legislativo, que comenzó el 20 de julio, fueron radicados dos proyectos de Ley que buscan regular la financiación de las campañas políticas y los partidos. Las iniciativas fueron presentadas, una por el gobierno y la otra por un grupo de congresistas, con el fin de desarrollar el mandato de la Reforma Política aprobada en junio.

La Reforma Política dice que la Ley establecerá las sanciones para los partidos que infrinjan las normas sobre su financiación y los motivos por los cuáles merecen esas sanciones; los requisitos para que los partidos políticos accedan a dineros públicos para sus campañas, entre otros temas.

Esta ley estatutaria es de suma importancia para la democracia, pues de su contenido depende que la financiación de las campañas del 2010 sea transparente y se impida el ingreso de dineros non sanctos en la política.

Sin embargo, el Grupo de Interés de la Reforma Política (Girepo), una agrupación de organizaciones y representantes de la sociedad civil que ha seguido de cerca el debate sobre cuáles deben ser las normas que necesita el país para volver más transparente la política, criticó duramente los dos proyectos de ley.

En su criterio, si se aprueba uno de estos proyectos “seguirá la impunidad de quienes usan a actores armados al margen de la ley y del narcotráfico para hacer política en el país”, dice una comunicación emitida este jueves.

Una de las razones por las cuales el Girepo calificó de inocua la propuesta del gobierno es porque no incluye suficientes sanciones a los partidos que dejen filtrar dineros de grupos ilegales. “De los 31 artículos de la propuesta del Gobierno Nacional, solamente uno hace alusión a las sanciones de responsabilidad política por nexos con grupos armados al margen de la ley”, aseguró el Girepo.

En otro de los apartes del pronunciamiento, el Girepo destacó que ninguna de las propuestas incluye la rendición pública de cuentas de campaña antes de las elecciones. Este hecho en su criterio es negarle a “la ciudadanía el derecho de votar de manera informada” y hace aún más difícil el control por parte de las autoridades electorales a los ingresos y gastos de las campañas.

No obstante el grupo de la sociedad civil reconoció que era de suma importancia que el Estado sea el que financie las campañas electorales y los partidos con el objetivo de ejercer un mayor control en el ingreso de los recursos y evitar la infiltración de dineros calientes.

El Girepo, del cual hacen parte la Misión de Observación Electoral (MOE), Transparencia por Colombia, Congreso Visible, Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, Plural Centro de Estudios Constitucionales y DeJusticia, precisó cuáles son los mecanismos que debe incluir una Ley que ayude a separar la política de la ilegalidad: imponer sanciones efectivas, crear mecanismos para que las autoridades puedan actuar y establecer la obligación de la publicidad de las cuentas de campaña.

A través de un comunicado el Girepo propuso le pidió al Congreso que incluya los siguientes puntos:

1. La responsabilidad solidaria como principio. Se debe vincular la responsabilidad penal individual del candidato con la responsabilidad política de la organización que lo avaló en los casos relativos a condenas.

2. La Ley estatutaria debe complementar el régimen de sanciones contemplado en la Reforma Política (Acto legislativo 01 de 2009) introduciendo nuevas sanciones que se encuentren dentro del rango contemplado en la Constitución. Por ejemplo, la ley estatutaria debe prever que las organizaciones políticas que hayan avalado candidatos condenados no puedan presentar candidatos a elecciones subsiguientes.

3. Gradualidad de las sanciones. La ley estatutaria debe incluir criterios de gradación para que la autoridad competente imponga las sanciones.

4. Se debe desarrollar el procedimiento a seguir para la imposición de sanciones de responsabilidad política que respete el debido proceso, sin interferir con la celeridad del proceso.

5. Responsabilidad personal de los directivos de los partidos y movimientos políticos.

6. Introducir mecanismos que permitan a las autoridades competentes actuar con eficiencia y eficacia en la investigación y sanción de las conductas delictivas que puedan significar sanciones por responsabilidad política a los partidos y movimientos políticos.


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